Absuelven a 8 huilliches acusados de usurpar fundo
San Juan de la Costa. Fuente: Alexis Andrés Matamala.
Ocho miembros de la comunidad indígena Los Canelos de Rucapihuel fueron absueltos del delito de usurpación violenta del fundo Lompué, ubicado en San Juan de la Costa, luego que el Tribunal de Garantía de Osorno acogiera los descargos de los abogados de la Defensoría Penal Pública que los representaron, Cristian Rozas y Germán Echeverría. Los profesionales argumentaron durante el juicio que en situaciones análogas el Estado de Chile ha reconocido como territorio indígena la zona habitada por los comuneros huilliches, quienes demandan a través de la Conadi la reivindicación de las tierras que -según alegan- les pertenecen.
La audiencia de lectura de sentencia, en la que se dieron a conocer los argumentos que echaron por tierra la acusación del fiscal, Francisco Soto, y del abogado querellante de los hermanos Marianne, Karin y Ernesto Zarges Kirch, Fernando Palma, se realizó hoy a las 11.30 horas en el Tribunal de Garantía de Osorno. En ella se dieron a conocer los motivos por los que se rechazó condenar a Rubén Placencia, Viviana Rantul, Jorge Rantul, José Luis Vidal, Eliana Sánchez, Daniela Vidal, José Humberto Vidal y Leonel Espina, en un hecho que según la Fiscalía se habría gestado en noviembre del año 2009.
En su acusación el órgano persecutor había acusado a los imputados, quienes pertenecen a la comunidad indígena Los Canelos de Rucapihuel, de tomar violentamente parte del Fundo Lompué, supuestamente amenazando a uno de sus dueños, hecho que no fue acreditado.
El Ministerio Público argumentó que los imputados construyeron casas y llevaron a cabo labores indígenas en un terreno inscrito a nombre de la familia Zarges, pero, en su defensa, los imputados invocaron un mejor título, llamado de Comisario, sobre el referido predio que según reconoce la ley indígena, los habilita para demandar del Estado de Chile su reivindicación, incluso en contra de particulares que los hayan inscrito a su nombre en el respectivo registro conservatorio de bienes raíces. A pesar de que este conflicto con la familia Zarges carece de relevancia criminal, uno de los miembros de esta familia denunció los hechos a la justicia penal y el fiscal jefe de Osorno, abogado Francisco Soto, impulsó la persecución por usurpación de los miembros de esta comunidad indígena que ha sido reconocida por la Conadi.
Una vez conocida la denuncia la Fiscalía propuso resolver la causa a través de un juicio simplificado en el que solicitó se condene a los imputados a pagar una multa de 20 UTM por cada imputado o sea cerca de 6 millones de pesos en total. Durante el proceso, que duró 4 días y finalizó el sábado 29 de enero, los abogados de la Defensoría Penal Pública, argumentaron básicamente primero, que no había existido violencia, y que tampoco había usurpación del predio, ya que los imputados poseían un título de dominio anterior y habían iniciado el procedimiento de reivindicación de tierras ante la Conadi.
Consultado el abogado de la Defensoría Regional de Los Lagos, Germán Echeverría, dijo que “si bien la causa no ha concluido y puede ser recurrida, confío en que al termino del caso se reconocerá la inocencia de los miembros de esta comunidad y su derecho a seguir poseyendo estas tierras reconocidamente indígenas”.
Ocho miembros de la comunidad indígena Los Canelos de Rucapihuel fueron absueltos del delito de usurpación violenta del fundo Lompué, ubicado en San Juan de la Costa, luego que el Tribunal de Garantía de Osorno acogiera los descargos de los abogados de la Defensoría Penal Pública que los representaron, Cristian Rozas y Germán Echeverría. Los profesionales argumentaron durante el juicio que en situaciones análogas el Estado de Chile ha reconocido como territorio indígena la zona habitada por los comuneros huilliches, quienes demandan a través de la Conadi la reivindicación de las tierras que -según alegan- les pertenecen.
La audiencia de lectura de sentencia, en la que se dieron a conocer los argumentos que echaron por tierra la acusación del fiscal, Francisco Soto, y del abogado querellante de los hermanos Marianne, Karin y Ernesto Zarges Kirch, Fernando Palma, se realizó hoy a las 11.30 horas en el Tribunal de Garantía de Osorno. En ella se dieron a conocer los motivos por los que se rechazó condenar a Rubén Placencia, Viviana Rantul, Jorge Rantul, José Luis Vidal, Eliana Sánchez, Daniela Vidal, José Humberto Vidal y Leonel Espina, en un hecho que según la Fiscalía se habría gestado en noviembre del año 2009.
En su acusación el órgano persecutor había acusado a los imputados, quienes pertenecen a la comunidad indígena Los Canelos de Rucapihuel, de tomar violentamente parte del Fundo Lompué, supuestamente amenazando a uno de sus dueños, hecho que no fue acreditado.
El Ministerio Público argumentó que los imputados construyeron casas y llevaron a cabo labores indígenas en un terreno inscrito a nombre de la familia Zarges, pero, en su defensa, los imputados invocaron un mejor título, llamado de Comisario, sobre el referido predio que según reconoce la ley indígena, los habilita para demandar del Estado de Chile su reivindicación, incluso en contra de particulares que los hayan inscrito a su nombre en el respectivo registro conservatorio de bienes raíces. A pesar de que este conflicto con la familia Zarges carece de relevancia criminal, uno de los miembros de esta familia denunció los hechos a la justicia penal y el fiscal jefe de Osorno, abogado Francisco Soto, impulsó la persecución por usurpación de los miembros de esta comunidad indígena que ha sido reconocida por la Conadi.
Una vez conocida la denuncia la Fiscalía propuso resolver la causa a través de un juicio simplificado en el que solicitó se condene a los imputados a pagar una multa de 20 UTM por cada imputado o sea cerca de 6 millones de pesos en total. Durante el proceso, que duró 4 días y finalizó el sábado 29 de enero, los abogados de la Defensoría Penal Pública, argumentaron básicamente primero, que no había existido violencia, y que tampoco había usurpación del predio, ya que los imputados poseían un título de dominio anterior y habían iniciado el procedimiento de reivindicación de tierras ante la Conadi.
Consultado el abogado de la Defensoría Regional de Los Lagos, Germán Echeverría, dijo que “si bien la causa no ha concluido y puede ser recurrida, confío en que al termino del caso se reconocerá la inocencia de los miembros de esta comunidad y su derecho a seguir poseyendo estas tierras reconocidamente indígenas”.
