Ana María Gazmuri responde a columna de Eduardo Engel

Reconociendo el derecho del Sr. Eduardo Engel, Presidente de Espacio Público, a manifestar su opinión sobre Políticas de Drogas, me siento obligada a arrojar luz sobre los puntos que toca de manera confusa y poco rigurosa.

Reconozco que cuando se trata de temas relacionados a la probidad, transparencia y políticas de anticorrupción, Eduardo Engel es una voz al que hay que escuchar para conocer una mirada que, muchas veces, disiente de las voces oficiales, lo que permite, a quien no está informado, tener una perspectiva más amplia de este tema. Eché de menos que, para escribir su columna sobre “Marihuana”, él no hiciera lo mismo con quienes trabajamos hace años en política de drogas, en general, y en el ámbito del cannabis, en particular, e incurriera en el error de aceptar, a ojos cerrados, una visión sesgada, que adolece una grave falta de rigor científico. Cuesta responder a sus dichos, que recuerdan a discusiones pretéritas, pero es necesario despejar los errores e imprecisiones que contienen.

El Sr. Engel dice haber cambiado su mirada despúes de haberse informado sobre el tema de drogas en Chile, tras la salida del Director del Senda, Mariano Montenegro, hace una semana. Vamos por parte, es necesario precisar que el proyecto que dice haber seguido tan de cerca no busca legalizar la venta de marihuana, como él lo indica, sino regular el autocultivo para uso personal, derecho ya consagrado en la actual legislación, como lo reconoce claramente el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública y la Fiscalía Nacional. La actual legislación busca perseguir acciones vinculadas al tráfico.

El primer punto que toca es la alta concentración que tienen las plantas de cannabis hoy, respecto de lo que consumía en sus años de universidad en los años 70. Tal como ocurrió en la epoca de la ley seca en Estados Unidos, la prohibición empujó a los productores clandestinos a producir solo destilados para lograr el efecto embriagador con el menor volumen posible de las bebidas. Demás está decir que la calidad de las mismas provocaron consecuencias devastadoras en la salud de la población, ya que su producción y distribución estaban en manos del inescrupuloso mercado negro, sin regulación alguna.

Algo parecido pasa con el cannabis. Si bien estamos hablando de una planta y no de un proceso de destilación, se realizaron cruzas que generaron que cada planta tuviera mayor concentración de THC, permitiendo consumir menos y obtener el efecto buscado por los usuarios. Cabe destacar que, para fines medicinales, esas concentraciónes logradas son una ventaja para la producción de fitofármacos en base a cannabis para ciertas patologías que así lo requieren. Respecto al consumo personal, también se ha transformado la manera de hacerlo, es decir, mientras en la década de los 70, una persona se fumaba un cigarrillo entero, hoy solamente son un par de caladas, al igual que hoy nadie consume whisky llenando un vaso de cerveza. La educación pasa por conocer los límites y los potenciales daños al momento de consumir cualquier sustancia. La sustancia en sí no es, necesariamente, el problema.

Respecto a la afirmación del señor Engel sobre estas concentraciones, afirma: “Tal vez por eso es tres veces más probable que un consumidor de marihuana termine con problemas serios de adicción que uno de alcohol”. Es necesario informar que el consumo problemático (el concepto adicción está obsoleto) del cannabis, según la propia NIDA (Instituto Nacional de Abuso de Drogas de EEUU), es del 9% y en el caso del alcohol llega al 15%, lo cual echa por la borda esa primera afirmación. La inmensa mayoría de los usuarios ejerce un consumo responsable, dato obviado permanentemente desde la vereda prohibicionista. Por otro lado, quienes abogamos por una nueva mirada en política de drogas que no infantilice con alarmismos, ni menos criminalice a la población, no lo hacemos por la “buena experiencia que tuvieron consumiendo cannabis” como se refiere en su texto, sino por la profunda convicción del daño que ha provocado la mirada prohibicionista, que ha impulsado la trágica “Guerra a las Drogas” y su reconocido fracaso mundial. La urgencia por cambiar hacia una política de Drogas respetuosa de los DDHH y de la libertad y soberanía personal, con énfasis en la gestión de riesgos y reducción de daños, es compartida por más de la mitad de la población, sean estos consumidores o no.

Tanto la forma como el fondo de las afirmaciones del señor Engel no son nuevas para quienes buscamos transformar radicalmente la realidad en este tema. Son las mismas que se repiten como mantra sagrado por quienes, asustados, ven disminuir su ámbito de poder. Pero causan daño y menosprecian el trabajo serio que se viene realizando.

Vuelve a incurrir en la misma práctica cuando se refiere a los parlamentarios que al “facilitar el consumo de marihuana ilustran el peligro de legislar en base a experiencias propias más que la evidencia disponible”. Evidencia hay y mucha, y resulta ir en la dirección contraria: una regulación responsable es la manera correcta de velar por la salud pública, bien jurídico a proteger por las políticas de drogas. En este tema, así como en otros vinculados al ámbito de los derechos, como el matrimonio igualitario y el aborto, no es necesario estar personalmente implicado para tener una postura, no se trata aquí de experiencias propias necesariamente, sino, justamente, de utilizar la evidencia disponible.

Respecto a lo que quieren “los más vulnerables y los ciudadanos de a pie”, se ve reflejado en encuestas donde más del 50% de la ciudadanía considera que regular el cannabis para todo uso es lo deseado y el 86% apoya el uso del cannabis medicinal.

Respecto a la experiencia de Colorado, que no consideramos sea el mejor ejemplo de regulación, dice que “el consumo ilegal aumentó bajo la legalización”, sin citar fuente alguna. Ese dato es del todo falso. Se refiere al aumento del “consumo ilegal” en ese estado, dato difícil de encontrar, ya que no menciona la fuente. Lo único que se encontró fueron dichos de un policía, de un estado vecino, que no reguló el cannabis, donde habían aumentado los arrestos por porte de esta sustancia.

Por el contario, vemos que a medida que la regulación avanza en Estados Unidos, baja en 10% el consumo en adolescentes y su vinculación a actividades delictuales, http://undrugcontrol.info/en/newsroom/latest-news/item/6946-marijuana-use-and-abuse-rates-decline-among-us-teens, pese al sigificativo descenso de la percepción de riesgo. Prevenir el consumo juvenil es un objetivo compartido tanto por quienes promovemos la regulación responsable, educando y previniendo de manera veraz y objetiva, como por quienes creen que el control y la disuación atemorizante es el camino para lograrlo. Aumentar artificialemnte la percepción de riesgo como medida disuasiva de posibles consumos nos parece un acto inaceptable que infantiliza a los ciudadanos: te miento por tu propio bien. Ya no están los tiempos para eso.

Por otro lado, al afirmar que “el consumo legal, que no fue el esperado, no recaudó los suficientes impuestos para hacerse cargo de los consumidores problemáticos”, nuevamente refleja el desconocimiento del señor Engel. La legalización en Colorado no fue motivada por la recaudación de impuestos, sino por la convicción de que un escenario regulado es más seguro que aquel que no lo está. Aún así, y reiterando que no es el modelo que queremos para Chile, según el último informe sobre la distribución de la recaudación por impuestos del Consejo Legislativo de Colorado, se aplica un impuesto del 15% para productores de cannabis (Cultivadores). Los primeros USD 40 Millones recaudados anualmente por este concepto, se destinan al programa BEST de construcción de colegios de excelencia. También se aplica el impuesto existente al consumidor final del 2,9% y adicionalmente un impuesto del 10% a la venta de productos derivados del cannabis. Los últimos dos impuestos, así como el excedente del primero, por sobre los USD 40 MM, se destinan al fondo de impuestos de la marihuana (MTCF) para financiar programas de educación, prevención, rehabilitación, investigación entre otros programas sociales. En el último período 2015-2016, Colorado recaudó para ambos fondos USD 115 MM, equivalente al presupuesto total del SENDA en Chile, sin pretender, en ningún caso, cubrir todas las necesidades que un Estado tiene en dichos ámbitos.

Volviendo a la realidad en Chile, Engel vuelve a caer en el error de una supuesta futura venta de marihuana, que no es lo que se discute en el congreso, y afirma que esta posiblidad afectaría mayoritariamente a los sectores vulnerables, porque en aquellos sectores existe hoy más consumo, la que obtienen del narcotráfico.

Sí, efectivamente, hoy los sectores más vulnerables están expuestos a bandas de narcotraficantes, que controlan precio y calidad de las drogas (los sectores vulnerables consumen hoy sustancias de calidad muy inferior a las que consumen los sectores acomodados, la inequidad estructural que tenemos como sociedad se replica también en este ámbito), afectando no solo a los consumidores, sino a la vida entera de los habitantes de esos sectores.

Ese es el real problema. Ante la afirmación “el porcentaje de estos casos que terminan con problemas serios producto del consumo -dejan el colegio, se meten en peleas, son víctimas o victimarios de bullying, etc.- es mucho mayor en escuelas municipales que en las pagadas (casi el triple).” No hay fuente alguna que sustente esa cifra. Sin embargo, efectivamente existe un mayor porcentaje de consumidores con riesgo alto en establecimientos municipales, 17% frente a 14,6% en subvensionados y 7,3% en colegios privados, lo que es coherente con la toxicidad y peligrosidad de la marihuana prensada a la que acceden, proveniente del narcotráfico ( 33,9% de los usuarios de establecimientos municipales consumen marihuna prensada, frente a un 32,0% en colegios suvencionados y 13,6% que lo hace en colegios privados) http://www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf. Ese no es el escenario posible frente a una eventual legalización, sino lo que ocurre el día de hoy. A eso hay que agregarle la criminalización de los sectores juveniles vulnerables, lo que profundiza el daño y la desigualdad.

Lógicamente que una sustancia en el mercado negro (como ocurre en cualquier mercado) tiene costos porcentuales mucho mayores para aquellos con ingresos más bajos, al igual que el gasto en transporte público de personas de menores ingresos respecto de los de mayores ingresos. No se entiende el dato que expone en este sentido.

Son muchos los puntos que ha tocado el Sr. Engel, pese a lo corto de su publicación. Solo deja para el lector una lista de afirmaciones y juicios con poco sustento y sin fuentes que permitan investigar su contenido.

Por nuestra parte, dejamos cordialmente invitado a Eduardo Engel a acercarse a Fundación Daya, para que conozca la realidad de los miles de chilenos que hoy, ejerciendo su derecho al autocultivo con responsabilidad y orgullo, han logrado aliviar su sufrimiento y mejorar sustancialmente su calidad de vida.


Fuente: ricardo.cirio@fundaciondaya.org
Compartir en Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comentarios:

Publicar un comentario