Millonarias pérdidas genera cambio de criterios de la Inspección del Trabajo a fruticultores

Multas de más de 30 millones de pesos ha cursado en las últimas semanas la Inspección del Trabajo a diversos productores frutícolas de la provincia de Osorno que en plena cosecha han enfrentado las visitas de inspectores, luego de los cambios en los criterios de fiscalización que, en la práctica, pusieron término a los plazos de solución a las observaciones.

Los socios de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO AG, que se han visto afectados por estos cambios en los criterios de la Inspección del Trabajo, se reunieron hoy lunes desde las 15 horas en el recinto SAGO, oportunidad en la cual, unánimemente, opinaron que los fiscalizadores que realizan su trabajo durante un periodo de hasta ocho horas por predio, han desarrollado su tarea con una actitud de evidente confrontación y desconfianza.

“Históricamente, la Inspección del Trabajo realizaba visitas preventivas, conocida como fiscalización asistida, donde otorgaba un plazo para solucionar las observaciones: esta fue la manera como año a año fue creciendo el sector y mejorando las condiciones de sus trabajadores y donde el discurso de cooperación público privada para hacer avanzar a Chile, se hacía realidad. La circular del 16 de diciembre de 2016, sin embargo, lo que hace es pasar de una fiscalización preventiva a una completamente confrontacional frente a un sector que sólo en la provincia de Osorno, es responsable de más de 15.000 empleos directos e indirectos”, explicó el presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO AG, Christian Arntz.

La reforma causó sorpresa entre los productores, lo que dio origen a inicios de enero a una reunión con el director regional de la Inspección del Trabajo, Guillermo Oliveros, y el jefe de fiscalización de Osorno, Juan Sánchez, los que explicaron los alances de este cambio.

El gremio considera grave, que la Circular 113 del 16 de diciembre de 2016, señale que la eliminación de la fiscalización asistida, se basa en el aumento de las infracciones de 0,15%. “No puede colocarse metas de alza en multas, porque lo que se supone es que tanto a Gobierno como productores nos interesa que las cosas se hagan bien en materia laboral. Estos incentivos perversos son los que generan estas situaciones extremas como las que está enfrentando la fruticultura”, concluyó Arntz.

SAGO AG apoyará las apelaciones que realizarán los productores frente a estas multas y, al mismo tiempo, continuará adelante con las gestiones tendientes a sensibilizar a los ministerios del Trabajo y Agricultura frente a los efectos de los cambios de criterios de fiscalización, no descartando ningún otro tipo de acción legal.



Constanza Vásquez - constanza@socialcomunicaciones.cl
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