Desarrollo Económico local y Comercio justo

Por Guido Asencio Gallardo, Académico, Doctorando en Administración de Empresas.

El Comercio Justo (CJ) corresponde a la modalidad de un sistema alternativo de comercio, que tiene por finalidad dar mayores garantías en el proceso de generar transacciones entre productores y consumidores de cualquier lugar.

Una de las características del CJ, está dada por la búsqueda de equidad al momento de realizar cualquier tipo de negociación, colocando como prioridad, establecer un sistema solidario que satisfaga necesidades, utilizando reglas claras y justas que ayuden a combatir los índices de pobreza y desigualdad social.

Dentro de las preocupaciones que aborda el CJ, se encuentra el análisis de todo tipo de relaciones que se generan en una transacción comercial, incluyendo particularidades como: trato a los trabajadores (condiciones laborales, capacidad de sindicación, higiene y seguridad, entre otras), resguardo del cumplimiento de normativas empresariales, que tengan como premisa un criterio de sustentabilidad, para resguardar su entorno. En esta instancia se quiere plantear la importancia del CJ y su influencia en el Desarrollo Económico Local (DEL), buscando parámetros que tiendan a dar equidad a las relaciones comerciales, mediante la práctica de acciones virtuosas, que beneficien, no tan sólo a un mercado en particular, sino que involucre en toda su dimensión, al territorio local donde se desenvuelve, incluyendo prácticas del comercio urbano, así como también el rural de las ciudades.

Sin lugar a dudas, la regulación de los mercados locales, requiere de una institucionalidad fuerte, que garantice el cumplimiento de ciertas premisas que, en general resguardan la generación de desviaciones que desvirtúan el camino de una sana convivencia mercantil, evitando la concentración, la proliferación de monopolios, monopsonios, oligopolios, oligopsonios, etc.

En definitiva, un sin número de prácticas que hacen que los consumidores tengan razones suficientes para cimentar un ambiente de desconfianza de manera generalizada, fundado principalmente en la actual cultura de competencia, donde gana el más fuerte –en tanto- el más poderoso económicamente o dicho de otro modo, el pez más grande se come al más pequeño, lo que se traduce en que las empresas de menor tamaño quedan desplazadas en cuanto a la obtención de beneficios, que ayuden a mejorar sus condiciones en el actual sistema económico.

Por tal motivo, es importante pensar en regulaciones más eficientes que incorporen prácticas proactivas, asumiendo que el mercado abierto y sin reglas que establecieron y profundizaron los economistas neoliberales del siglo XX y que persiste hasta nuestros días, no ha favorecido nunca a las personas ni empresas más vulnerables, porque la llamada “mano invisible” del filósofo Adam Smith, solamente ha permitido la concentración de capitales, desechando la gran promesa que contenían estas políticas económicas de generar un derrame hacia quienes más lo necesitan. En este contexto, resulta legitimo analizar otras formas de enfrentar los mercados, creando nuevos paradigmas, que se cimenten en un ambiente de colaboración más que competencia.

En el ámbito local, quienes deben tomar las riendas en materia de regulación, naturalmente son los municipios por medio de sus gobiernos locales, los cuales están llamados a hacerse cargo de las diferentes modalidades que se pueden manifestar en el desarrollo de negocios que comprenden su territorio, donde se es posible dilucidar que poseen tres finalidades, las cuales se pueden potenciar su existencia. En primer término, asegurar la estabilidad de los negocios, para garantizar ingresos permanentes en arcas fiscales mediante la generación de impuestos directos, como son las patentes comerciales. En segundo orden, se encuentra materializar el rol fiscalizador que le corresponde, que tiene por finalidad regularizar las relaciones comerciales existentes. En tercer lugar tiene el deber de fomentar el establecimiento del comercio local, a lo cual, si se le agrega el concepto de CJ, se deben adosar criterios de inclusividad, asociatividad, cooperativismo, transparencia, entre otros que favorezcan prácticas de bien común.

En efecto, si se analizan los aspectos regulatorios, descritos anteriormente, existe una carencia de proyección real hacia el fomento productivo local, puesto que las preocupaciones están centradas en aspectos normativos, que son necesarios, pero que no buscan incentivar de manera explícita el consumo interno, que en términos relativos, constituye una forma manifiesta de entregar beneficios directos a la economía local, considerando que las gran mayoría de empresas locales se encuentra estratificada entre los segmentos de micro, pequeña y medianas empresas, que en estudios a nivel nacional, sabemos que constituyen un motor de crecimiento para los países en vías de desarrollo.

En el apelativo de crecimiento, es donde me quiero detener, puesto que la concepción de CJ, viene a entregar argumentos que validan un crecimiento con desarrollo justo y equitativo, por lo tanto, las condicionantes que se agregan para mantener y proyectar a los negocios locales, quieren mostrar un afán de colaboración más que la clásica competencia, que caracteriza en general el estudio de los mercados, buscando entregar respuestas a preguntas tan cotidianas como, ¿cuál es el origen de lo que consumimos?, ¿en qué condiciones se fabrican?, ¿por qué tienen un determinado precio?, ¿cuánto le pagan a los trabajadores que producen lo que consumimos?, ¿cuánto contaminan los bienes que consumimos? Como se puede apreciar son muchas las preguntas las que se pueden realizar a la hora de decidir comprar un producto o servicio, lo importante es tomar conciencia de que lo que consumimos tiene un origen legítimo que cumple con normativas legales y éticas que busquen satisfacer nuestras necesidades sin el sacrificio desmedido de otros, como ocurre con la maquila que encargan los países desarrollados, utilizando mano de obra barata para sus grandes producciones, con el objetivo de disminuir considerablemente sus costos.

Los beneficios colectivos son más trascendente si se miran desde cerca, pues las postulados del CJ, buscan garantizar que las condiciones laborales de las personas y los salarios sirvan para vivir con la dignidad que se merecen, eliminar todo práctica de explotación infantil, paridad de género en las empresas e instituciones, respeto al medioambiente, creación de oportunidades para productores más vulnerables, resguardar que los contratos en las prácticas comerciales se cumplan, transparencia en las relaciones comerciales, fortalecimiento de las organizaciones tanto sindicales como gremiales, entre muchas otras, que buscan equilibrar la forma en que se mueven las economías locales y se fortalecen, para alcanzar su desarrollo acompañado de una mayor justicia social.

Se debe destacar que el CJ, no es una modalidad que se ha inventado recientemente, pues presenta precedentes a nivel internacional desde los años 60’, basado en principios éticos que justifican su proliferación en todo el mundo. En consecuencia, todas estas propuestas tienen como foco fundamental incentivar la práctica de acciones concretas para motivar el establecimiento de mercados más justos, considerando que es fundamental apreciar la preferencia de productos y/o servicios locales, para aportar a una economía desarrollada desde adentro, como lo recomiendan las teorías de desarrollo local en diferentes países que se encuentran en vías de desarrollo.
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