Deber y derecho de memoria

Por Francisco Reyes Castro, Seremi de Gobierno Región de Los Lagos

La memoria histórica permite, entre otras cosas, conocer y reflexionar sobre antiguos procesos sociales injustos, violentos y a veces hasta brutales, en lo que algo o mucho, desde la decisión y la fuerza, fue dejado atrás. También, para recordar y dimensionar qué efectos generó en el ayer y en el hoy ese paso transformador; siempre con la claridad moral de una sociedad dispuesta a sanar heridas y mirar hacia adelante sin caer en el amenazante olvido o la pérdida del sentido de avance colectivo.

Tenemos el deber de guardar memoria respetuosa de quienes sufrieron el sistema dejado atrás y el rompimiento de paradigma con sus respectivas cicatrices. Y también tenemos el derecho a requerir que esa memoria no sea tergiversada desde la táctica sin contrastes; desde la intención de acelerar ficticiamente el proceso histórico que aún no cierra sus páginas.

Sería una victoria en falso pensar que superamos los resabios de un sistema de relaciones sociales injusto y arcaico como el inquilinaje, sin permitirnos ejercer el deber y el derecho de memoria.

A 50 años, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet reconoce en la Reforma Agraria un paso contundente de reconocimiento, de justicia y equidad con el mundo rural. Terminó con un sistema que condenaba a casi 500 mil personas a vivir en la dependencia y sin derechos ciudadanos básicos y dio paso a un proceso de desarrollo económico, social y de promoción humana experimentado en Chile y en muchos otros países de América Latina. A diferencia de lo sostenido por algunos, más que una fecha, conmemoramos el inicio de la transformación social más importante vivido por el país durante el siglo XX.

Porque no puede quedar bajo la alfombra o en la desmemoria sistémica que cerca de 1,8 millones de “inquilinos”, pequeños productores agropecuarios y asalariados agrícolas vivían en muy malas condiciones, ahondándose las diferencias socioeconómicas e incrementándose los niveles de pobreza rural.

En contraste, diagnósticos internacionales de finales de los 50 y comienzos de los 60 indicaban que existía una gran concentración de la tierra, un mínimo nivel de sindicalización y el sector agrícola se encontraba estancado, creciendo un 1,5 por ciento anual, lo que generaba un incremento en las importaciones de alimentos.

A 50 años tampoco puede ser cuestionado la acción de preguntarse por qué hubo que hacer una reforma de este tipo; menos, recordar que la población rural vivía muchas veces sometida a los designios de los dueños de la tierra. Tal como lo señalaba en Osorno Rafael Moreno, quien fuera presidente de la Cora durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, “las propiedades se compraban y se vendían con las mismas familias que allí habitaban, con ellos incluidos en el negocio”.

Democratizar la propiedad de las tierras fue una necesidad exigida con fuerza por la sociedad chilena en la década de 1960. Fue el gobierno de Jorge Alessandri quien promulgó la primera ley de reforma agraria en 1962; fue vigorizada por Frei Montalva con un nuevo cuerpo legal en 1967 y profundizada con Salvador Allende. Su esencia trascendió “derechas e izquierdas” y a partir del decidido accionar de un Estado movido por 3 gobiernos, rompe con un orden que había prevalecido por más de 400 años.

Apelando a la justa memoria, en la dignidad de recordarlo todo, sin miradas en blanco y negro, claro que se asumen etapas que nos deben llevar a la reflexión en un contexto social y económico distinto al actual. Y así como hay brechas que hoy siguen existiendo, la Reforma Agraria significó un paso desde la total vulnerabilidad de los campesinos en materia laboral y vital, llegando incluso a una ley de sindicalización.

Hoy el esfuerzo de pequeños y pequeñas productoras junto al apoyo del Estado permite que florezcan miles de proyectos en las regiones como la nuestra. Los mercados internos e internacionales se han abierto a la comercialización de productos campesinos y se desarrollan nuevos programas cuyo norte y sur es el mejoramiento de la calidad de vida de la gente del campo.

Que desde el deber y derecho de memoria, desde esta historia, los desafíos en materia de brechas y oportunidades y de desarrollo social y humano sea el motivo para celebrar el Día del Campesino y la Campesina.


Fuente:
Rodrigo Norambuena Fuenzalida
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