El nuevo dolor de cabeza del intendente Jürgensen

Al clamor de los gremios agrícolas para que saque al seremi de Agricultura por sus nulos conocimientos sobre la materia, se suma ahora la reflotada denuncia por apropiación indebida contra su jefa de Gabinete.

A poco menos de un mes de haber asumido el cargo, el intendente Harry Jürgensen ha debido lidiar ya con dos crisis que han afectado a su entorno cercano: la primera, la molestia de los gremios agrícolas por el nombramiento de Juan Barrientos como seremi del área, el que carece de experiencia sobre la materia y tiene una polémica a cuestas por, aparentemente, ser un ex militante PPD. El segundo dolor de cabeza nació a raíz de una pequeña nota de la edición del domingo 8 de abril de El Llanquihue de Puerto Montt debido a una denuncia por apropiación indebida en contra de su jefa de Gabinete, Patricia Sanzana.

El hombre fuerte de la región de Los Lagos ya se bancó las presiones para sacar al cuestionado seremi de Agricultura y ahora se espera ver cómo abordará esta semana la denuncia en contra de su jefa de Gabinnte, quien fue denunciada por la apropiación indebida de un netbook tras desempeñarse como directora de la Superintendencia de Educación en el anterior Gobierno de Sebastián Piñera.

La denuncia en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt bajo el RIT: Ordinaria 8105-2016 establece que el netbook Lenovo ThinkpadX230 serie N°R9VXG8B-1ZPAM28W2FX asignado a la directora titular de esa repartición, desapareció tras la salida de Sanzana del cargo. Luego, con fecha 20 de mayo de 2016 se envió al Ministerio Público un informe del Técnico en Informática de la repartición que daba cuentas de conexiones del equipo computacional asignado a la ahora jefa de Gabinete de Harry Jürgensen Caesar, sin que exista hasta ahora una versión oficial del Gobierno Regional sobre el caso.

Educación, sector donde se desempeñó Sanzana desde la Superintendencia regional del ramo, fue un área que estuvo en la mira de los organismos fiscalizadores en la anterior administración de Sebastián Piñera, debido a una denuncia de los diputados Fidel Espinoza y Gabriel Ascencio contra el programa Los Lagos Educa, tras la cual la Contraloría Regional constató la existencia de informes incompletos, contrataciones cuestionadas y gastos millonarios que le pusieron la lápida a la asociación entre el Gobierno Regional y Educación 2020.

El proyecto pretendía implementarse en 30 comunas de la región durante el año 2011 y en su lanzamiento estuvo presente el coordinador de la Fundación que se adjudicó el proyecto, Educación 2020, Mario Waissbluth.

El costo del programa ascendía a la friolera de 4 mil millones de pesos, asignadas vía Trato Directo, algo absolutamente atípico para dichos montos, ya que otros oferentes no tuvieron la posibilidad de participar.

En el informe de Contraloría “Investigación Especial N° 14, de 2011”, emitido el 9 de noviembre de 2011, la seremi de Educación hace sus descargos invocando causales legales, agregando que la opción de convocar y contratar por trato directo a la Fundación Educación 2020 se fundó “en su naturaleza, cualidades, experiencia, conocimiento, pluralismo y contacto con la ciudadanía, características cuya concurrencia hacían de ésta la apropiada para el trabajo que se deseaba realizar en la región, permitiendo obtener como producto una propuesta de desarrollo estratégico denominada Los Lagos Educa, la que fue incorporada en el Plan Regional de Educación” formulado por la misma Secretaría Regional Ministerial del ramo y en las metas del Plan de Desarrollo Regional elaborado por la Intendencia regional.

Sin embargo, Contraloría determinó que pese al argumento legal y los otros elementos invocados para justificar el contrato mediante trato directo expuestos por la seremi de Educación, no son suficientes, señalando que “no impiden, por su naturaleza, llevar a efecto un proceso de compras ajustado a las reglas generales de la ley N° 19.886”, razón por la cual el organismo contralor dice que incluirá esta situación en un proceso disciplinario que se realizará, para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

El intendente de la época, Juan Sebastián Montes, explicó entonces que “en principio Educación 2020 nos dijo que no sabían hacerlo, y nosotros les dijimos que pongan gente acá que aprenda a hacer ese trabajo específico, y pusimos a un equipo del ministerio de educación a trabajar con ellos, para que aprendan a hacerlo”.

A raíz de esto, el diputado Fidel Espinoza señaló en esa oportunidad que “lo que hizo el intendente fue llevar a cabo un proceso direccionado hacia una entidad respecto de la cual tengo como antecedente que está dirigida por el señor Rodrigo Jordán, que subió con él el Everest, y por la señora Paula Goycoolea, que es su vecina en la ciudad de Puerto Varas, méritos que por supuesto no deben primar en esta materia”.

En este punto, Contraloría comprobó que los trabajos realizados por la fundación 2020, en las comunas de Puerto Montt, Los Muermos, Ancud y Puerto Octay, se habían iniciado en el mes de agosto de 2010, mientras que el convenio con la Seremi de Educación recién se había suscrito el 14 de octubre del mismo año. En resumen, la fundación comenzó su trabajo casi dos meses antes de concretar el convenio, lo cual permitió inferir que Educación 2020 ya sabía, previo al convenio, cuáles comunas había que intervenir y las labores que se debían realizar en cada una de ellas.

De acuerdo a los antecedentes recabados por Contraloría, la seremi de Educación se defendió aduciendo que efectivamente la Fundación 2020 comenzó a desarrollar actividades en la región vinculadas con municipios, aproximadamente a contar del mes de julio de 2010, las cuales ejecutó por cuenta propia, en el entendido que existía la intención regional de contratar sus asesorías, y con el objeto de recabar antecedentes que les pudiesen ser de utilidad en caso que, finalmente, se concretara el convenio con la mencionada secretaría.

El informe de Contraloría es lapidario en este aspecto. Señala que tanto el contacto previo con personal de la Fundación Educación 2020, como la prestación de determinados servicios antes de la existencia de algún vínculo entre un prestador y la administración, “no sólo resulta irregular desde el punto de vista procedimental, sino que también establece una relación o compromiso inadecuado que lesiona los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de los oferentes que eventualmente pudieron haber estado legítimamente interesados en participar de este proceso de contratación”, señala el documento.

El documento del órgano contralor señala también que está comprobado que el Gobierno Regional le pagó tres facturas a la Fundación Educación 2020, antes que la Seremi de Educación hiciese entrega del informe fundado sobre el cumplimiento en la entrega de los productos contratados. El primer pago fue de 8 millones de pesos, el segundo de 12 millones, y el tercero de 14 millones 920 mil pesos, con lo cual los tres informes elaborados por Educación 2020, le costaron al Gobierno Regional, 34 millones 920 mil pesos.


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Miguel Inostroza dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.