Regulación v/s modernización del estado

Por Ramón Rubio Donoso, Director ejecutivo AIEP Osorno, Presidente Asociación Multigremial de Osorno.

La transformación tecnológica que vive el mundo será tan importante para los consumidores y usuarios, que no habrá forma en que el Estado, con sus regulaciones, impida la irrupción de nuevas tecnologías que traen más y mejores servicios. Alfie Ulloa, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad señaló en ICARE: “No va haber modernización del Estado si no hay modernización de la regulación”.

Para graficar, podemos analizar la regulación en Chile del parque de taxis, que con la exigencia de cilindrada, año de fabricación y otras características del vehículo, más la restricción de permisos y patentes, elevó los costos de operación y propició la irrupción de plataformas como Uber o Cabify, que además de dañar el sector, no tributan en Chile y de intentar regularlo, el costo de fiscalización podría ser mayor incluso que el beneficio tributario.

Cuando señalamos la necesidad de modernización del estado, inevitablemente debemos adentrarnos en las características de nuestro sistema regulador, el principal, las leyes y normas que determinan en Chile “qué es posible hacer y qué no”, tanto en materia laboral, tributaria, económica, de transporte, comercio, etc. Es así, que las declaraciones de impuestos se han complejizado, a pesar de la incorporación de tecnología y modernización de procesos al interior del SII, por las características de la denominada “reforma tributaria”, que complejizó el sistema de tributación por su diseño y regulación.

Un estado moderno, es un estado descentralizado, en el cual se propician innovaciones. Es un estado que comprende que la modernización va más allá de eliminar los papeles, es un estado que cuantifica el costo de la regulación, inclusive para sus propios procesos, generando agilidad, flexibilidad y eficiencia en el servicio a las personas, en el fomento de la competitividad y en el desarrollo sustentable.

El Estado no es sólo el poder ejecutivo, el desafío de modernización del Estado debe ser asumido por cada uno de los poderes, así como los órganos autónomos de fiscalización y control, comprendiendo que un estado basado en la desconfianza, lleno de regulaciones sólo fomentará la pérdida de competitividad y nos condiciona al subdesarrollo perpetuo.

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