Lo que los ministros pusieron y omitieron en sus declaraciones de patrimonio e intereses
Chiel. Fuente: Juan Pablo Figueroa Lasch, CIPER
El 11 de abril se cumplió el plazo para que las nuevas autoridades de Gobierno entregaran a la Contraloría sus declaraciones de patrimonio e intereses exigidas por ley. En los tres días siguientes todos los ministerios las hicieron públicas a través de sus sitios web. CIPER las revisó y las comparó con una investigación que inició apenas se designaron los integrantes del gabinete del Presidente Sebastián Piñera.
Ya se le había consultado a cada uno la situación de esos vínculos, pero debido al terremoto, sólo unos pocos alcanzaron a contestar. Ahora, con las respuestas de casi todos –el ministro de Salud no respondió a la carta con las consultas de CIPER–, queda claro que de las 107 sociedades que aparecen en registros oficiales ligadas directa o indirectamente a algún ministro, al menos 26 no figuran en sus declaraciones.
Además, muchos de estos documentos están incompletos, al punto que desde el oficialismo se pidió modificar la ley para evitar lo que sucedió: sólo cinco ministros incluyeron datos de carácter voluntario, lo que hace casi imposible conocer a cabalidad cuál es su patrimonio o dónde están sus intereses. La fiscalización puede ser letra muerta.
Para leer la investigación complea, pinche aquí.
El 11 de abril se cumplió el plazo para que las nuevas autoridades de Gobierno entregaran a la Contraloría sus declaraciones de patrimonio e intereses exigidas por ley. En los tres días siguientes todos los ministerios las hicieron públicas a través de sus sitios web. CIPER las revisó y las comparó con una investigación que inició apenas se designaron los integrantes del gabinete del Presidente Sebastián Piñera.
Ya se le había consultado a cada uno la situación de esos vínculos, pero debido al terremoto, sólo unos pocos alcanzaron a contestar. Ahora, con las respuestas de casi todos –el ministro de Salud no respondió a la carta con las consultas de CIPER–, queda claro que de las 107 sociedades que aparecen en registros oficiales ligadas directa o indirectamente a algún ministro, al menos 26 no figuran en sus declaraciones.
Además, muchos de estos documentos están incompletos, al punto que desde el oficialismo se pidió modificar la ley para evitar lo que sucedió: sólo cinco ministros incluyeron datos de carácter voluntario, lo que hace casi imposible conocer a cabalidad cuál es su patrimonio o dónde están sus intereses. La fiscalización puede ser letra muerta.
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