Contraloría autoriza que municipios puedan izar la bandera Mapuche
Por Pedro Cayuqueo - Temuco, País Mapuche. Fuente: La nalhue noticias.
Un fallo catalogado como histórico por líderes mapuches emitió el pasado 28 de abril la Contraloría General de la República, al facultar que las municipalidades puedan izar la bandera mapuche en sus reparticiones. De esta forma el organismo fiscalizador zanjó la polémica generada en 2009, cuando el alcalde de la comuna de Villarrica, Pablo Astete, rechazó la solicitud del Consejo Mapuche Mallolafquén para izar la bandera mapuche junto con el emblema chileno, el día en que comenzó a regir el Convenio 169 de la OIT.
El documento explica que “la municipalidad de Villarrica está facultada para autorizar el izamiento de la bandera o escudo del pueblo mapuche, junto a la bandera nacional, en las reparticiones municipales de su dependencia” y precisa que es “en el entendido que cumpla la exigencia de satisfacer una expresión cultural, educativa o artística”. La resolución tiene jurisprudencia nacional y puede ser solicitada por los nueve pueblos originarios reconocidos en la Ley Indígena, según explicó el contralor de La Araucanía, Hernán Hernández.
La Contraloría fundó su resolución en la autonomía municipal para establecer ordenanzas de participación de la comunidad local, en la Ley Indígena que promueve el fomento y desarrollo de los indígenas y en el Convenio 169, que protege a los pueblos originarios. “En ese contexto, el artículo 5, letra a), del mismo instrumento, precisa que al aplicar las disposiciones de ese convenio deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente”, subraya el dictamen.
El edil Astete, quien solicitó el pronunciamiento, anticipó su voluntad de izar el pabellón mapuche en el frontis municipal. “El problema ahora es saber cuál es la bandera mapuche más representativa”, señaló Astete, interrogante que zanjó de inmediato el dirigente mapuche Marcial Colín, quien realizó la petición al municipio el año 2009. Colín, además de calificar de “espectacular” el dictamen, precisó que la bandera mapuche es aquella diseñada el año 1991 por el Consejo de Todas las Tierras y que han asumido gran parte de las organizaciones y comunidades, ello tanto en Chile como en la República Argentina.
Precisamente esta última organización, tras conocer el fallo, anunció la reactivación de una demanda presentada hace más de una década en contra del Estado Chileno, ello tras ser el año 1992 encarcelados 144 de sus miembros por su participación en movilizaciones. La justicia de la época los condenó por usurpación de tierras, “y por izar una bandera que no era la chilena”, recordó Aucan Huilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras y por entonces el principal promotor de dicho emblema. La reactivación de la acción legal se ampararía en el reconocimiento otorgado por Contraloría de la existencia de la bandera mapuche y la facultad de los municipios de izarla en sus dependencias.
Un fallo catalogado como histórico por líderes mapuches emitió el pasado 28 de abril la Contraloría General de la República, al facultar que las municipalidades puedan izar la bandera mapuche en sus reparticiones. De esta forma el organismo fiscalizador zanjó la polémica generada en 2009, cuando el alcalde de la comuna de Villarrica, Pablo Astete, rechazó la solicitud del Consejo Mapuche Mallolafquén para izar la bandera mapuche junto con el emblema chileno, el día en que comenzó a regir el Convenio 169 de la OIT.
El documento explica que “la municipalidad de Villarrica está facultada para autorizar el izamiento de la bandera o escudo del pueblo mapuche, junto a la bandera nacional, en las reparticiones municipales de su dependencia” y precisa que es “en el entendido que cumpla la exigencia de satisfacer una expresión cultural, educativa o artística”. La resolución tiene jurisprudencia nacional y puede ser solicitada por los nueve pueblos originarios reconocidos en la Ley Indígena, según explicó el contralor de La Araucanía, Hernán Hernández.
La Contraloría fundó su resolución en la autonomía municipal para establecer ordenanzas de participación de la comunidad local, en la Ley Indígena que promueve el fomento y desarrollo de los indígenas y en el Convenio 169, que protege a los pueblos originarios. “En ese contexto, el artículo 5, letra a), del mismo instrumento, precisa que al aplicar las disposiciones de ese convenio deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente”, subraya el dictamen.
El edil Astete, quien solicitó el pronunciamiento, anticipó su voluntad de izar el pabellón mapuche en el frontis municipal. “El problema ahora es saber cuál es la bandera mapuche más representativa”, señaló Astete, interrogante que zanjó de inmediato el dirigente mapuche Marcial Colín, quien realizó la petición al municipio el año 2009. Colín, además de calificar de “espectacular” el dictamen, precisó que la bandera mapuche es aquella diseñada el año 1991 por el Consejo de Todas las Tierras y que han asumido gran parte de las organizaciones y comunidades, ello tanto en Chile como en la República Argentina.
Precisamente esta última organización, tras conocer el fallo, anunció la reactivación de una demanda presentada hace más de una década en contra del Estado Chileno, ello tras ser el año 1992 encarcelados 144 de sus miembros por su participación en movilizaciones. La justicia de la época los condenó por usurpación de tierras, “y por izar una bandera que no era la chilena”, recordó Aucan Huilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras y por entonces el principal promotor de dicho emblema. La reactivación de la acción legal se ampararía en el reconocimiento otorgado por Contraloría de la existencia de la bandera mapuche y la facultad de los municipios de izarla en sus dependencias.
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