Tatiana Esquivel asumió investigación por desvío de recursos del MINSAL
Mayor velocidad y una mano especializada a cargo son las fortalezas que, a juicio del diputado Bernardo Berger (RN), traerá el traslado a Valdivia de la causa por desvío de recursos del Ministerio de Salud hasta los tribunales locales, y cuya investigación desde ahora está a cargo de la fiscal Tatiana Esquivel.
Lo anterior en el marco de la investigación penal solicitada por el parlamentario y la querella interpuesta en diciembre en Santiago por el desvío de los recursos públicos -70 millones de pesos- desde el Ministerio de Salud para financiar una actividad gremial en Los Ríos.
El parlamentario destacó que tras reunirse con el fiscal regional Juan Agustín Meléndez Duplaquet, éste confirmó la estrategia de investigación, para lo cual se comisionó a Esquivel, quien es especialista en delitos económicos y además fiscal jefa del servicio.
“Este es un cambio que nos trae tranquilidad en que podremos contar con un profesional experto en este tipo de delitos para conducir la investigación. Por mi parte he puesto a disposición de la Fiscalía nuevos antecedentes para la carpeta investigativa, así como también he solicitado una serie de diligencias”, aseguró.
Los nuevos antecedentes vienen a sumarse a la carpeta investigativa de la querella que se ventila desde diciembre de 2015 en tribunales, para perseguir a quienes resulten responsables ante los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, según lo contempla el artículo 236 del Código Penal.
Los hechos bajo investigación se refieren a la existencia de una eventual triangulación de acciones que dieron pie al desvío de 70 millones de pesos del programa de Apoyo a la Gestión Local en Atención Primaria Municipal.
Los dineros habían sido aprobados para la Municipalidad de Valdivia, pero sin explicación aparente terminaron en las arcas municipales de Paillaco para que ésta a su vez pagara vía trato directo facturas del XI Congreso Gremial de la Confusam cuyo objetivo era la discusión de las plataformas de lucha del gremio, y que se realizó en Valdivia entre el 6 y el 8 de octubre pasado en el Casino Dreams.
Por los mismos hechos, la Contraloría Regional también conduce una investigación propia para abordar las aristas administrativas del caso.
Tanto la legislación chilena como el estatuto administrativo son categóricos en prohibir el uso de dineros fiscales para actividades privadas, sindicales o gremiales. Por su parte, la Ley de Compras públicas también sanciona las operaciones que no se sujeten a derecho, como los tratos directos a los que la ley obliga a licitar.
Fuente: prensa@bernardoberger.cl
El parlamentario destacó que tras reunirse con el fiscal regional Juan Agustín Meléndez Duplaquet, éste confirmó la estrategia de investigación, para lo cual se comisionó a Esquivel, quien es especialista en delitos económicos y además fiscal jefa del servicio.
“Este es un cambio que nos trae tranquilidad en que podremos contar con un profesional experto en este tipo de delitos para conducir la investigación. Por mi parte he puesto a disposición de la Fiscalía nuevos antecedentes para la carpeta investigativa, así como también he solicitado una serie de diligencias”, aseguró.
Los nuevos antecedentes vienen a sumarse a la carpeta investigativa de la querella que se ventila desde diciembre de 2015 en tribunales, para perseguir a quienes resulten responsables ante los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, según lo contempla el artículo 236 del Código Penal.
Los hechos bajo investigación se refieren a la existencia de una eventual triangulación de acciones que dieron pie al desvío de 70 millones de pesos del programa de Apoyo a la Gestión Local en Atención Primaria Municipal.
Los dineros habían sido aprobados para la Municipalidad de Valdivia, pero sin explicación aparente terminaron en las arcas municipales de Paillaco para que ésta a su vez pagara vía trato directo facturas del XI Congreso Gremial de la Confusam cuyo objetivo era la discusión de las plataformas de lucha del gremio, y que se realizó en Valdivia entre el 6 y el 8 de octubre pasado en el Casino Dreams.
Por los mismos hechos, la Contraloría Regional también conduce una investigación propia para abordar las aristas administrativas del caso.
Tanto la legislación chilena como el estatuto administrativo son categóricos en prohibir el uso de dineros fiscales para actividades privadas, sindicales o gremiales. Por su parte, la Ley de Compras públicas también sanciona las operaciones que no se sujeten a derecho, como los tratos directos a los que la ley obliga a licitar.
Fuente: prensa@bernardoberger.cl
