“Honrar la palabra” por Francisco Reyes Castro, Seremi de Gobierno
Por Francisco Reyes Castro, Seremi de Gobierno Región de Los Lagos
La desconfianza es un fenómeno transversal; se puede observar hacia el prójimo, como hacia el sector público y el sector privado. Cifras del Consejo para la Transparencia dan cuenta de una sistemática caída en todos los niveles y que el asumir la corresponsabilidad para recuperarla, es el gran desafío país.
Para hacer frente a esta baja en la confianza pública, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet puso en marcha la agenda para la Transparencia y la Probidad, la que a través de 18 medidas legales y 14 administrativas busca erradicar las malas prácticas en la política, en los negocios y en la relación entre ambos.
Se trata de medidas severas, entendiendo que el servicio público es para servir y no para obtener privilegios; y que los negocios son para crear desarrollo y no para abusar y engañar. Lo ha señalado la propia Presidenta: “estamos convencidos que no habrá desarrollo, democracia ni paz social si no reconstruimos la confianza en nuestra vida pública”. Y para ello, además de implementar medidas en lo electoral, en lo político, en la fiscalización y control desde y hacia los organismos del Estado, es trascendental cumplir los compromisos suscritos con la ciudadanía.
Honrar la palabra empeñada, cumplir, pese a la incredulidad inicial, resulta ser sinónimo de una buena política y una clara muestra de que se avanza en el programa, con convicción, con responsabilidad.
El Proyecto de Ley de Educación Superior presentado esta semana al Parlamento es una muestra de ello y se construye sobre lo que Chile ya ha construido y lo que todos los actores han demandado. Por cierto, la idea de legislar en educación superior refleja no sólo que el Gobierno está cumpliendo con lo prometido sino también que tenemos la convicción de que es necesaria una reforma estructural en educación superior.
Buscamos que la educación universitaria y técnico profesional sea más equitativa gracias a la gratuidad; que aumente, por sobre todo, la calidad de la oferta educacional; y que sirva a los anhelos de las personas y a las necesidades productivas, económicas y sociales de Chile.
A través del proyecto, se consagra y refuerza el carácter mixto de nuestra educación superior; se crea una nueva institucionalidad con una Subsecretaría y una Superintendencia y un Consejo de la Calidad, garantizándole la acreditación obligatoria; y se propone un marco claro de financiamiento público.
Hacer realidad esta propuesta será obra del diálogo y de poner por delante el bien común. Chile necesita que el debate político en el Congreso se centre en el cambio de paradigma que significa garantizar la calidad, avanzar en la gratuidad universal como derecho social y regular a las instituciones de educación superior para asegurar su correcto funcionamiento. Por ello, bienvenida la discusión y por supuesto las propuestas.
Ya son 137 mil familias del país, y más de 7 mil de la Región de Los Lagos, las que han dejado de endeudarse a partir del primer año de gratuidad en 2016. Y estamos convencidos que en ello no hay marcha atrás. En un solo año, el número de estudiantes del 50 por ciento con menores recursos matriculados en instituciones adscritas a la gratuidad creció en 35,2 por ciento. Se trata de un derecho adquirido e irreversible, cuyos efectos se ampliarán progresivamente. En 2017 llegaremos a los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica sin fines que cumplan con los nuevos requisitos.
El programa de Gobierno fue claro al asegurar su camino hacia la gratuidad universal; esa fue nuestra convicción y lo sigue siendo. El proyecto de ley determina cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que logremos alcanzar este propósito con calidad y equidad.
Honrar la palabra, cumplirla, es convicción de este Gobierno. Esta idea de legislar refleja que el Gobierno concretó su compromiso de proponer la primera reforma estructural al sistema de educación superior en los últimos 35 años para lograr un país más justo e inclusivo.
Fuente: seremigob10@gmail.com
La desconfianza es un fenómeno transversal; se puede observar hacia el prójimo, como hacia el sector público y el sector privado. Cifras del Consejo para la Transparencia dan cuenta de una sistemática caída en todos los niveles y que el asumir la corresponsabilidad para recuperarla, es el gran desafío país.
Para hacer frente a esta baja en la confianza pública, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet puso en marcha la agenda para la Transparencia y la Probidad, la que a través de 18 medidas legales y 14 administrativas busca erradicar las malas prácticas en la política, en los negocios y en la relación entre ambos.
Se trata de medidas severas, entendiendo que el servicio público es para servir y no para obtener privilegios; y que los negocios son para crear desarrollo y no para abusar y engañar. Lo ha señalado la propia Presidenta: “estamos convencidos que no habrá desarrollo, democracia ni paz social si no reconstruimos la confianza en nuestra vida pública”. Y para ello, además de implementar medidas en lo electoral, en lo político, en la fiscalización y control desde y hacia los organismos del Estado, es trascendental cumplir los compromisos suscritos con la ciudadanía.
Honrar la palabra empeñada, cumplir, pese a la incredulidad inicial, resulta ser sinónimo de una buena política y una clara muestra de que se avanza en el programa, con convicción, con responsabilidad.
El Proyecto de Ley de Educación Superior presentado esta semana al Parlamento es una muestra de ello y se construye sobre lo que Chile ya ha construido y lo que todos los actores han demandado. Por cierto, la idea de legislar en educación superior refleja no sólo que el Gobierno está cumpliendo con lo prometido sino también que tenemos la convicción de que es necesaria una reforma estructural en educación superior.
Buscamos que la educación universitaria y técnico profesional sea más equitativa gracias a la gratuidad; que aumente, por sobre todo, la calidad de la oferta educacional; y que sirva a los anhelos de las personas y a las necesidades productivas, económicas y sociales de Chile.
A través del proyecto, se consagra y refuerza el carácter mixto de nuestra educación superior; se crea una nueva institucionalidad con una Subsecretaría y una Superintendencia y un Consejo de la Calidad, garantizándole la acreditación obligatoria; y se propone un marco claro de financiamiento público.
Hacer realidad esta propuesta será obra del diálogo y de poner por delante el bien común. Chile necesita que el debate político en el Congreso se centre en el cambio de paradigma que significa garantizar la calidad, avanzar en la gratuidad universal como derecho social y regular a las instituciones de educación superior para asegurar su correcto funcionamiento. Por ello, bienvenida la discusión y por supuesto las propuestas.
Ya son 137 mil familias del país, y más de 7 mil de la Región de Los Lagos, las que han dejado de endeudarse a partir del primer año de gratuidad en 2016. Y estamos convencidos que en ello no hay marcha atrás. En un solo año, el número de estudiantes del 50 por ciento con menores recursos matriculados en instituciones adscritas a la gratuidad creció en 35,2 por ciento. Se trata de un derecho adquirido e irreversible, cuyos efectos se ampliarán progresivamente. En 2017 llegaremos a los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica sin fines que cumplan con los nuevos requisitos.
El programa de Gobierno fue claro al asegurar su camino hacia la gratuidad universal; esa fue nuestra convicción y lo sigue siendo. El proyecto de ley determina cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que logremos alcanzar este propósito con calidad y equidad.
Honrar la palabra, cumplirla, es convicción de este Gobierno. Esta idea de legislar refleja que el Gobierno concretó su compromiso de proponer la primera reforma estructural al sistema de educación superior en los últimos 35 años para lograr un país más justo e inclusivo.
Fuente: seremigob10@gmail.com
