“El desorden institucional explica parte de la impunidad y falta de justicia ante la escalada de violencia rural”
Christian Arntz ante los coletazos de “Operación Huracán”: “El desorden institucional explica parte de la impunidad y falta de justicia ante la escalada de violencia rural”
En su más reciente columna de opinión para El Austral de Osorno, Christian Arntz aseveró que durante ya más de dos décadas en La Araucanía y desde alrededor de un lustro en Los Ríos y Los Lagos, los gremios productivos del sur del país han pedido respuestas a la Justicia, por la escalada de delitos en zonas rurales que van desde usurpaciones hasta los más graves, que contemplan destrucción de propiedad privada y uso de armas de fuego de alto calibre, con el objetivo de infundir terror.
El director de la Multigremial del Sur y presidente de SAGO A.G. expresó que “la impunidad acumulada en estas décadas es un problema permanente y este 2018 comenzó aún más sombrío, con ataques en Los Lagos y Los Ríos que han generado miles de millones de pesos en pérdidas a Pymes contratistas forestales y, lo más importante, ha sumido en la incertidumbre laboral a cientos de familias que obtienen su sustento en estas pequeñas y medianas empresas”.
Agregando, al respecto, que “es en este contexto que el escándalo de acusaciones cruzadas entre Carabineros y Fiscalía de Araucanía por filtraciones y manipulación de pruebas que han salpicado también a la investigación por el ataque a 29 camiones en la provincia de Valdivia registrado el año pasado, nos causa estupor y también indignación”.
Arntz es crudo en su análisis: “Es este nivel de desorden institucional el que podría explicar –al menos en parte- la falta de justicia en temas de gravedad que han contribuido al florecimiento de los grupos violentistas que se adjudican los ataques”. A su juicio, el fracaso del Estado para detener la escalada de violencia en el sur no puede dar paso a estos lamentables espectáculos donde todos los organismos auxiliares de la Justicia buscan descargar en el otro las responsabilidades de sus ineficiencias.
El líder gremial enfatiza que “Chile necesita una respuesta rápida y ella sólo se logrará con la colaboración de los organismos que más que sólo apuntar al otro, deben también mirarse de manera crítica hacia adentro, conscientes de que cada día que pasa, la incertidumbre y las dudas sólo causan más daño a la credibilidad de la Justicia y a la imagen internacional del país”.
Se hace imprescindible –según Christian Arntz- que exista un golpe de timón que comience en este Gobierno que termina y se profundice en el que está por asumir, ya que de lo contrario, el futuro es impredecible en materia de seguridad en la zona sur del país.
“Se debe retomar el camino que quedó trunco en 2010, cuando no hubo acuerdo político para introducir mejoras en un área sensible de la reforma a la Ley N°18.314, como lo es el capítulo referido a técnicas especiales de investigación, uso de agentes encubiertos, entregas vigiladas, etc. carencia que genera dificultad para perseguir este tipo de delitos. A lo anterior se suma la necesidad de adecuar la ley para llegar a un sistema integrado y funcional de inteligencia al servicio de la seguridad pública. Pero para poder avanzar en todo esto, es imprescindible que todas las dudas generadas en estas semanas se disipen a la brevedad”, concluye.
En su más reciente columna de opinión para El Austral de Osorno, Christian Arntz aseveró que durante ya más de dos décadas en La Araucanía y desde alrededor de un lustro en Los Ríos y Los Lagos, los gremios productivos del sur del país han pedido respuestas a la Justicia, por la escalada de delitos en zonas rurales que van desde usurpaciones hasta los más graves, que contemplan destrucción de propiedad privada y uso de armas de fuego de alto calibre, con el objetivo de infundir terror.
El director de la Multigremial del Sur y presidente de SAGO A.G. expresó que “la impunidad acumulada en estas décadas es un problema permanente y este 2018 comenzó aún más sombrío, con ataques en Los Lagos y Los Ríos que han generado miles de millones de pesos en pérdidas a Pymes contratistas forestales y, lo más importante, ha sumido en la incertidumbre laboral a cientos de familias que obtienen su sustento en estas pequeñas y medianas empresas”.
Agregando, al respecto, que “es en este contexto que el escándalo de acusaciones cruzadas entre Carabineros y Fiscalía de Araucanía por filtraciones y manipulación de pruebas que han salpicado también a la investigación por el ataque a 29 camiones en la provincia de Valdivia registrado el año pasado, nos causa estupor y también indignación”.
Arntz es crudo en su análisis: “Es este nivel de desorden institucional el que podría explicar –al menos en parte- la falta de justicia en temas de gravedad que han contribuido al florecimiento de los grupos violentistas que se adjudican los ataques”. A su juicio, el fracaso del Estado para detener la escalada de violencia en el sur no puede dar paso a estos lamentables espectáculos donde todos los organismos auxiliares de la Justicia buscan descargar en el otro las responsabilidades de sus ineficiencias.
El líder gremial enfatiza que “Chile necesita una respuesta rápida y ella sólo se logrará con la colaboración de los organismos que más que sólo apuntar al otro, deben también mirarse de manera crítica hacia adentro, conscientes de que cada día que pasa, la incertidumbre y las dudas sólo causan más daño a la credibilidad de la Justicia y a la imagen internacional del país”.
Se hace imprescindible –según Christian Arntz- que exista un golpe de timón que comience en este Gobierno que termina y se profundice en el que está por asumir, ya que de lo contrario, el futuro es impredecible en materia de seguridad en la zona sur del país.
“Se debe retomar el camino que quedó trunco en 2010, cuando no hubo acuerdo político para introducir mejoras en un área sensible de la reforma a la Ley N°18.314, como lo es el capítulo referido a técnicas especiales de investigación, uso de agentes encubiertos, entregas vigiladas, etc. carencia que genera dificultad para perseguir este tipo de delitos. A lo anterior se suma la necesidad de adecuar la ley para llegar a un sistema integrado y funcional de inteligencia al servicio de la seguridad pública. Pero para poder avanzar en todo esto, es imprescindible que todas las dudas generadas en estas semanas se disipen a la brevedad”, concluye.
