Diputado Espinoza denuncia que continúan maltratos psicológicos y hostigamientos hacia alumnos y apoderados de colegio de Puerto Octay
El diputado PS por el Distrito 25, Fidel Espinoza Sandoval, reveló que continúan los maltratos psicológicos y hostigamientos hacia alumnos y apoderados en el colegio San Vicente de Paul de Puerto Octay, esto a pesar de realizar una denuncia al respecto a fines de agosto.
Para el parlamentario, quien detalló que a la fecha existen cerca de 15 casos derivados a los Tribunales de Familia de Osorno, este es un asunto único en el país y un abuso inaceptable. “¿Ustedes se imaginan que todos los establecimientos en Chile enviaran a sus estudiantes a los Tribunales de Familia por problemas de conducta? Paradojalmente, son todas madres vulnerables de la población Playa Raquel de Puerto Octay”, aseguró.
Sobre la situación que han vivido las familias afectadas, Espinoza dijo que “nadie puede compensar el daño provocado a las madres, quienes han tenido que vivir meses de suplicio producto de esta decisión de la directora del establecimiento, amparada en los informes de una psicóloga, una asistente social y una inspectora”.
El legislador, además, denunció que profesionales del colegio San Vicente de Paul trataron de inducir a una alumna para declarar en contra de sus propios padres. “Esto es grave. Lo voy a denunciar para que sea investigado, porque amerita un sumario de carácter administrativo”, indicó.
Agregó que “Francisca Almonacid, apoderada del establecimiento educacional, se vio violentada como madre porque a su hija más pequeña, de un mes de vida, la involucraron en esta compleja situación. Incluso, pudo haber perdido la tuición de la niña por una decisión arbitraria y, desde mi punto de vista, ilegal”.
Francisca Almonacid explicó que su hijo era atendido por una psicóloga en el hospital de la comuna y el establecimiento mintió respecto de ello, acusándola de no llevar al menor a sus controles. “La situación comenzó el año pasado, por eso decidí retirar a mi hijo del colegio, ya que lloraba todos los días. Además, sentí que era discriminado porque decían que era un niño pobre”, aseguró.
Otra apoderada afectada, Ángela Alarcón, comentó su situación. “A mí me enviaron al Tribunal de Familia porque llevaron a mi hija al hospital producto de una crisis. Me dijeron que se le estaban vulnerando los derechos. Yo estaba trabajando en Hornopirén y le di autorización para que visitara a una tía. Siento que por darle permiso cuando estaba con tratamiento psicológico nos trataron así”, señaló.
Fuente: Dpto. de Prensa Oficina Parlamentaria
Para el parlamentario, quien detalló que a la fecha existen cerca de 15 casos derivados a los Tribunales de Familia de Osorno, este es un asunto único en el país y un abuso inaceptable. “¿Ustedes se imaginan que todos los establecimientos en Chile enviaran a sus estudiantes a los Tribunales de Familia por problemas de conducta? Paradojalmente, son todas madres vulnerables de la población Playa Raquel de Puerto Octay”, aseguró.
Sobre la situación que han vivido las familias afectadas, Espinoza dijo que “nadie puede compensar el daño provocado a las madres, quienes han tenido que vivir meses de suplicio producto de esta decisión de la directora del establecimiento, amparada en los informes de una psicóloga, una asistente social y una inspectora”.
El legislador, además, denunció que profesionales del colegio San Vicente de Paul trataron de inducir a una alumna para declarar en contra de sus propios padres. “Esto es grave. Lo voy a denunciar para que sea investigado, porque amerita un sumario de carácter administrativo”, indicó.
Agregó que “Francisca Almonacid, apoderada del establecimiento educacional, se vio violentada como madre porque a su hija más pequeña, de un mes de vida, la involucraron en esta compleja situación. Incluso, pudo haber perdido la tuición de la niña por una decisión arbitraria y, desde mi punto de vista, ilegal”.
Francisca Almonacid explicó que su hijo era atendido por una psicóloga en el hospital de la comuna y el establecimiento mintió respecto de ello, acusándola de no llevar al menor a sus controles. “La situación comenzó el año pasado, por eso decidí retirar a mi hijo del colegio, ya que lloraba todos los días. Además, sentí que era discriminado porque decían que era un niño pobre”, aseguró.
Otra apoderada afectada, Ángela Alarcón, comentó su situación. “A mí me enviaron al Tribunal de Familia porque llevaron a mi hija al hospital producto de una crisis. Me dijeron que se le estaban vulnerando los derechos. Yo estaba trabajando en Hornopirén y le di autorización para que visitara a una tía. Siento que por darle permiso cuando estaba con tratamiento psicológico nos trataron así”, señaló.
Fuente: Dpto. de Prensa Oficina Parlamentaria
