El cuestionado e investigado negocio de los tragamonedas
Estas monedas tienen más de dos caras y muchos protagonistas, que se hicieron visibles tras la aprobación en el Senado (el 20 de agosto 2018), de regular el millonario y perverso negocio de los tragamonedas
Lo que escucharas o leerás esta basado en una investigación de CIPER Chile.
Esta historia, que tiene muchos capítulos y que aún se desconoce cuándo y cómo terminará, comenzó con el lobby pergeñado, desde 2013, por el grupo de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos Recreativos de Premio Programado (FIDEN), con un final feliz. No estaban solos. Tuvieron una “pequeña ayudita de un amigo”: Francisco Javier Leiva, ex Superintendente de Casinos e ideólogo de la estrategia gremial para legalizar una actividad con ganancias sobre los casinos autorizados. En pleno festejo, el 22 de agosto, la PDI allanó sus instalaciones por presunto lavado de activos. CIPER indagó sobre este negocio que explotó vacíos legales y creció con la complicidad de municipios que vieron incrementar sus arcas, con este ingreso extra.
Protagonistas
Francisco Javier Leiva, reconocido como uno de los que más sabe en la industria del juego, las apuestas y casinos en Chile, fue designado en 2005, titular de la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ), donde se mantuvo por 7 años. Su tarea principal fue diseñar la institucionalidad que permitiría construir y abrir 17 nuevos casinos, en 11 regiones del país. Luego se encargó de tejer redes de contactos nacionales y sudamericanos, logrando manejar al dedillo la normativa sobre el juego en Chile y en varios países de la Región. Supo de vacíos y de todo lo que estaba permitido y lo prohibido por la legislación. Su poder creció tanto como su ambición. Dejó el cargo en el 2012. Diez meses después viró el timón de su gran barco para convertirse en el asesor “estrella” de uno de los dolores de cabeza más agudos de la SCJ: la Asociación Gremial de Operadores de Máquinas Tragamonedas de Barrio, la FIDEN. Este gremio maneja un negocio sideral, que se expandió sin control con miles de locales de máquinas de “destreza y habilidad” en más de 80 comunas, en medio de vacíos legales y al margen de toda regulación.
Leiva elaboró una propuesta normativa para “convencer” a autoridades de gobierno, parlamentarios y alcaldes, para su legalización. La industria de los tragamonedas se multiplicó durante el mandato de Leiva como Superintendente de Casinos y las cifras que se manejan alcanzaría los 630 millones de dólares anuales., según datos entregados por la propia FIDEN.
CIPER sigue la huella de este negocio y la de sus protagonistas, en donde las municipalidades deciden autorizar o denegar patentes comerciales, para el funcionamiento de estas tragamonedas. La obligación de los municipios, para permitir su explotación, es la de “formarse la convicción” de que no sean máquinas de azar, sino de destreza y/o habilidad, como lo indica un dictamen de la Contraloría de 2014.
Toda letra tiene su libre interpretación y, para que esa “convicción” no fuera arbitraria, la SCJ instruyó a los municipios, para que esas patentes de tragamonedas, debían ser avaladas por peritos o laboratorios validados por la propia Superintendencia. Al momento de subir esta investigación nadie la ha hecho cumplir por un vacío legal, que la convirtió en “letra muerta”.
La explicación la dio la propia Superintendenta Vivien Villagrán Acuña a CIPER: la ley no faculta a la SCJ para fiscalizar los locales de tragamonedas, por lo que su radio de acción sólo se circunscribe a los casinos legales. Y aun, si tuvieran ese mandato, sería imposible hacerlo porque sólo tienen 13 fiscalizadores a nivel nacional.
Cifras muy diversas
Las cifras que dio a conocer la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCI) asciende a 330 mil tragamonedas, operando al margen de la ley en el país. Por su parte la FIDEN, asegura que están funcionando más de 700 mil máquinas. Según expertos entrevistados por CIPER, indican que los números que menciona el gremio, como máquinas, ingresos y puestos de trabajo, fueron “inflados” para convencer a las autoridades de la necesidad urgente de legislar sobre esta actividad.
Al margen de los números expuestos, cualquiera de las dos opciones que se tomen en cuenta, superan con creces los 180 mil tragamonedas existentes en los casinos de la ciudad de Las Vegas (Estados Unidos), capital mundial de las apuestas, por la que pasan 47 millones de personas al año. Antes del dictamen de la Contraloría, de 2016, la nómina de peritos no reconocidos por la SCJ, que firmaron los informes con los que distintas municipalidades validaron la explotación de tragamonedas en sus comunas, es muy amplia. Y muchos nombres se repiten.
Durante esta amplia investigación de Ciper, se detectó permisos de patente para la explotación de tragamonedas, entre las que figura la desaparecida Universidad del Mar, como autora de peritajes que permitieron la instalación de decenas de locales de juego.
Así llegamos al 20 de agosto de 2018, cuando la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, aprueba la idea de regular el funcionamiento de las máquinas de juego, que los de la FIDEN festejan como triunfo parcial. Este logro tiene el sello de la estrategia armada por Francisco Javier Leiva. Luego subieron a escena otros protagonistas, tal como lo reveló el diario La Tercera. Al equipo de lobistas se sumó el abogado, ex embajador y asesor parlamentario, Carlos Tudela Aroca (DC), quien ha estado bajo la lupa del Ministerio Público, en la investigación por el financiamiento ilegal de la política y por contratos irregulares en millonarios contratos de la JUNAEB.
El poderoso lobby de los casinos logró dar vuelta, en sólo 36 días, la decisión adoptada por una comisión del Senado, de legislar para regular los tragamonedas.
El punto de inflexión quedará en la historia, se produjo sólo 2 días después que la Comisión del Senado aprobara legislar esa regulación: el 22 de agosto, la Fiscalía ordenó allanar una de las dependencias de la FIDEN en busca de pruebas del presupuesto lavado de dinero derivado de un negocio informal que mueve los mencionados 630 millones de dólares por año.
La pelea entre los dos gigantes del negocio del juego, es letal. Por el momento, los dueños de casinos sonríen y festejan. Aunque esto recién comienza. Es la primera parte.
Seguiremos informando al respecto, incluyendo una investigación de lo que sucede en el negocio de los tragamoneda aquí en Osorno. Un tema que no es pequeño y que abordaremos en una segunda parte. Póngale una ficha a nuestra destreza y habilidad.
Fuente | Enlace
Editor: Hugo Medrano /voz: Christian Lobo
Lo que escucharas o leerás esta basado en una investigación de CIPER Chile.
Esta historia, que tiene muchos capítulos y que aún se desconoce cuándo y cómo terminará, comenzó con el lobby pergeñado, desde 2013, por el grupo de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos Recreativos de Premio Programado (FIDEN), con un final feliz. No estaban solos. Tuvieron una “pequeña ayudita de un amigo”: Francisco Javier Leiva, ex Superintendente de Casinos e ideólogo de la estrategia gremial para legalizar una actividad con ganancias sobre los casinos autorizados. En pleno festejo, el 22 de agosto, la PDI allanó sus instalaciones por presunto lavado de activos. CIPER indagó sobre este negocio que explotó vacíos legales y creció con la complicidad de municipios que vieron incrementar sus arcas, con este ingreso extra.
Protagonistas
Francisco Javier Leiva, reconocido como uno de los que más sabe en la industria del juego, las apuestas y casinos en Chile, fue designado en 2005, titular de la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ), donde se mantuvo por 7 años. Su tarea principal fue diseñar la institucionalidad que permitiría construir y abrir 17 nuevos casinos, en 11 regiones del país. Luego se encargó de tejer redes de contactos nacionales y sudamericanos, logrando manejar al dedillo la normativa sobre el juego en Chile y en varios países de la Región. Supo de vacíos y de todo lo que estaba permitido y lo prohibido por la legislación. Su poder creció tanto como su ambición. Dejó el cargo en el 2012. Diez meses después viró el timón de su gran barco para convertirse en el asesor “estrella” de uno de los dolores de cabeza más agudos de la SCJ: la Asociación Gremial de Operadores de Máquinas Tragamonedas de Barrio, la FIDEN. Este gremio maneja un negocio sideral, que se expandió sin control con miles de locales de máquinas de “destreza y habilidad” en más de 80 comunas, en medio de vacíos legales y al margen de toda regulación.
Leiva elaboró una propuesta normativa para “convencer” a autoridades de gobierno, parlamentarios y alcaldes, para su legalización. La industria de los tragamonedas se multiplicó durante el mandato de Leiva como Superintendente de Casinos y las cifras que se manejan alcanzaría los 630 millones de dólares anuales., según datos entregados por la propia FIDEN.
CIPER sigue la huella de este negocio y la de sus protagonistas, en donde las municipalidades deciden autorizar o denegar patentes comerciales, para el funcionamiento de estas tragamonedas. La obligación de los municipios, para permitir su explotación, es la de “formarse la convicción” de que no sean máquinas de azar, sino de destreza y/o habilidad, como lo indica un dictamen de la Contraloría de 2014.
Toda letra tiene su libre interpretación y, para que esa “convicción” no fuera arbitraria, la SCJ instruyó a los municipios, para que esas patentes de tragamonedas, debían ser avaladas por peritos o laboratorios validados por la propia Superintendencia. Al momento de subir esta investigación nadie la ha hecho cumplir por un vacío legal, que la convirtió en “letra muerta”.
La explicación la dio la propia Superintendenta Vivien Villagrán Acuña a CIPER: la ley no faculta a la SCJ para fiscalizar los locales de tragamonedas, por lo que su radio de acción sólo se circunscribe a los casinos legales. Y aun, si tuvieran ese mandato, sería imposible hacerlo porque sólo tienen 13 fiscalizadores a nivel nacional.
Cifras muy diversas
Las cifras que dio a conocer la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCI) asciende a 330 mil tragamonedas, operando al margen de la ley en el país. Por su parte la FIDEN, asegura que están funcionando más de 700 mil máquinas. Según expertos entrevistados por CIPER, indican que los números que menciona el gremio, como máquinas, ingresos y puestos de trabajo, fueron “inflados” para convencer a las autoridades de la necesidad urgente de legislar sobre esta actividad.
Al margen de los números expuestos, cualquiera de las dos opciones que se tomen en cuenta, superan con creces los 180 mil tragamonedas existentes en los casinos de la ciudad de Las Vegas (Estados Unidos), capital mundial de las apuestas, por la que pasan 47 millones de personas al año. Antes del dictamen de la Contraloría, de 2016, la nómina de peritos no reconocidos por la SCJ, que firmaron los informes con los que distintas municipalidades validaron la explotación de tragamonedas en sus comunas, es muy amplia. Y muchos nombres se repiten.
Durante esta amplia investigación de Ciper, se detectó permisos de patente para la explotación de tragamonedas, entre las que figura la desaparecida Universidad del Mar, como autora de peritajes que permitieron la instalación de decenas de locales de juego.
Así llegamos al 20 de agosto de 2018, cuando la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, aprueba la idea de regular el funcionamiento de las máquinas de juego, que los de la FIDEN festejan como triunfo parcial. Este logro tiene el sello de la estrategia armada por Francisco Javier Leiva. Luego subieron a escena otros protagonistas, tal como lo reveló el diario La Tercera. Al equipo de lobistas se sumó el abogado, ex embajador y asesor parlamentario, Carlos Tudela Aroca (DC), quien ha estado bajo la lupa del Ministerio Público, en la investigación por el financiamiento ilegal de la política y por contratos irregulares en millonarios contratos de la JUNAEB.
El poderoso lobby de los casinos logró dar vuelta, en sólo 36 días, la decisión adoptada por una comisión del Senado, de legislar para regular los tragamonedas.
El punto de inflexión quedará en la historia, se produjo sólo 2 días después que la Comisión del Senado aprobara legislar esa regulación: el 22 de agosto, la Fiscalía ordenó allanar una de las dependencias de la FIDEN en busca de pruebas del presupuesto lavado de dinero derivado de un negocio informal que mueve los mencionados 630 millones de dólares por año.
La pelea entre los dos gigantes del negocio del juego, es letal. Por el momento, los dueños de casinos sonríen y festejan. Aunque esto recién comienza. Es la primera parte.
Seguiremos informando al respecto, incluyendo una investigación de lo que sucede en el negocio de los tragamoneda aquí en Osorno. Un tema que no es pequeño y que abordaremos en una segunda parte. Póngale una ficha a nuestra destreza y habilidad.
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Editor: Hugo Medrano /voz: Christian Lobo
