Diputado Hernández ingresa proyecto para sancionar a inmobiliarias que retrasen entrega de nuevas viviendas

Iniciativa busca modificar la actual Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, estableciendo una obligación para estas empresas a costear los gastos en que incurra el comprador por el retraso en la entrega de la propiedad.

Un proyecto de ley que establece sanciones a las empresas inmobiliarias o constructoras que en el caso de excederse en el plazo previsto para la entrega del bien deberán una suma equivalente al arriendo de una propiedad de iguales características a la que es objeto del contrato, por cada mes de atraso, presentó ante la Cámara Baja, el Diputado Javier Hernández.

En esa línea, el parlamentario argumentó que la iniciativa legal responde “al problema asociado al incumplimiento de las inmobiliarias, frente a las cuales son los compradores quienes deben soportar los costos de la demora”.

“Quienes compran una vivienda nueva buscan organizar el cambio del antiguo domicilio al nuevo, con el objetivo de hacer calzar las fechas en que se produce uno y otro. Sin embargo, la demora en la entrega obliga a los compradores a soportar los costos asociados, bien sea porque deben optar por un arriendo temporal por los meses de retardo que experimenta la obra, o bien porque se ven obligados a arrendar bodegas para el depósito de los bienes muebles que guarnecen el hogar”, lamentó el legislador.

Por esta razón, el proyecto de ley en cuestión busca “anticiparse al escenario del incumplimiento y resguardar los derechos e intereses de los consumidores, estableciendo la obligación legal de estipular fecha de entrega en los contratos, con el objeto de otorgar certeza jurídica y determinar con exactitud el momento del incumplimiento, como también los perjuicios que deben ser cubiertos por la inmobiliaria o constructora, a fin de que dicha norma, sea una suerte de avaluación anticipada de perjuicios”.

Finalmente, Javier Hernández puntualizó que este proyecto “fortalecerá los derechos de los consumidores y avanza en su protección, de manera tal de terminar con contratos y cláusulas abusivas por parte de las empresas inmobiliarias”.

Fuente: Of. Parlamentaria

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