Firma electrónica: la burocracia de la antiburocracia
Por Ángel Sierra, Director Ejecutivo de FinteChile.
Suscripción de contratos de trabajo, presentación de documentos a Isapres, solicitudes de créditos, constitución de empresas, modificación de estatutos societarios, certificación de títulos profesionales, autorización de recetas médicas e incluso la aprobación de las actas de directorio de sociedades anónimas fiscalizadas por la CMF, son algunos de los trámites que hoy se pueden realizar a través de una firma electrónica.
Sin embargo, frente a esta amplitud de posibilidades y aunque la Ley sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación fue promulgada hace más de 18 años, hoy evidenciamos cómo en esta situación de pandemia son miles los chilenos que han enfrentado un sinnúmero de problemas para acceder a este instrumento habilitador. Basta pensar en las largas filas de personas intentando cobrar sus seguros de cesantía en las sucursales de la AFC, que vieron triplicada la demanda de atención, para entender la diferencia que puede marcar en la vida diaria de los ciudadanos una firma verdaderamente electrónica.
En primer lugar, resulta irónico que la Firma Electrónica Avanzada (FEA) - aquella que es certificada y da seguridad sobre la persona que aparece firmando y sobre la integridad y contenido del documento firmado- requiera de un acto presencial para obtenerla, justamente cuando el mensaje de la autoridad es evitar traslados que no sean imprescindibles. Ello porque las opciones de validación requieren que el usuario verifique su identidad de manera física, ya sea firmando un formulario ante notario o bien asistiendo a la empresa certificadora.
El segundo problema es el uso de un “token” físico para poder firmar, haciendo su utilización poco práctica e incompatible con la tecnología móvil existente. Y a lo anterior, se agrega que aún existen limitaciones de finalidad, ya que diversos trámites “ante notario” no se reemplazan ni siquiera con la firma electrónica avanzada, en particular, aquellos que involucran la necesidad de otorgar una escritura pública o la certificación de un ministro de fe.
Ante esta situación, pareciera que la firma electrónica sigue anclada a papeleos que atentan contra su masificación y dispositivos físicos que desincentivan su uso. Entonces la pregunta es ¿qué se necesita para destrabar esta herramienta, cuya utilización en la realidad pareciera haber nacido muerta?
La respuesta es simple: más tecnología y la voluntad de avanzar hacia una sociedad realmente digitalizada. Para comenzar, se debe simplificar el sistema de obtención y certificación de la firma electrónica y la posibilidad de acceso de manera totalmente remota. Asimismo, es necesario aumentar la competencia de parte de las oficinas certificadoras, de manera de obtener menores precios. Esto es perfectamente posible dado el desarrollo de numerosas empresas tecnológicas que tienen el conocimiento y los sistemas necesarios para ser certificadoras y emisoras de firma electrónica avanzada.
Desde el punto de vista de su uso, en la actualidad la tecnología permite sin problemas aplicaciones con sistemas de verificación mixto, donde se pueden mezclar soluciones biométricas con la clave única - o clave de Servicio de Impuestos Internos para personas jurídicas-, eliminando definitivamente el “token” e incluso, permitiendo la compatibilidad con diferentes apps y dispositivos móviles.
Si se masifica y simplifica su uso la firma electrónica avanzada puede ser un instrumento de gran utilidad para emprendedores y empresas. Ello porque sus principales beneficios tienen que ver con ser un instrumento rápido y seguro, que elimina muchos procesos anticuados, que permite la recepción de documentos electrónicos certificados y, gracias a ello, facilita una comunicación más veloz entre las compañías, sus clientes y proveedores. El desafío es construir un marco regulatorio que amplíe el uso de la firma electrónica, otorgándole el mismo valor que aquellos documentos suscritos ante notario y que elimine los problemas de acceso, sin los procesos burocráticos que justamente pretendía eliminar cuando nació.
Fuente de la información: Joaquín Guzmán Meneses - e-press
Suscripción de contratos de trabajo, presentación de documentos a Isapres, solicitudes de créditos, constitución de empresas, modificación de estatutos societarios, certificación de títulos profesionales, autorización de recetas médicas e incluso la aprobación de las actas de directorio de sociedades anónimas fiscalizadas por la CMF, son algunos de los trámites que hoy se pueden realizar a través de una firma electrónica.
Sin embargo, frente a esta amplitud de posibilidades y aunque la Ley sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación fue promulgada hace más de 18 años, hoy evidenciamos cómo en esta situación de pandemia son miles los chilenos que han enfrentado un sinnúmero de problemas para acceder a este instrumento habilitador. Basta pensar en las largas filas de personas intentando cobrar sus seguros de cesantía en las sucursales de la AFC, que vieron triplicada la demanda de atención, para entender la diferencia que puede marcar en la vida diaria de los ciudadanos una firma verdaderamente electrónica.
En primer lugar, resulta irónico que la Firma Electrónica Avanzada (FEA) - aquella que es certificada y da seguridad sobre la persona que aparece firmando y sobre la integridad y contenido del documento firmado- requiera de un acto presencial para obtenerla, justamente cuando el mensaje de la autoridad es evitar traslados que no sean imprescindibles. Ello porque las opciones de validación requieren que el usuario verifique su identidad de manera física, ya sea firmando un formulario ante notario o bien asistiendo a la empresa certificadora.
El segundo problema es el uso de un “token” físico para poder firmar, haciendo su utilización poco práctica e incompatible con la tecnología móvil existente. Y a lo anterior, se agrega que aún existen limitaciones de finalidad, ya que diversos trámites “ante notario” no se reemplazan ni siquiera con la firma electrónica avanzada, en particular, aquellos que involucran la necesidad de otorgar una escritura pública o la certificación de un ministro de fe.
Ante esta situación, pareciera que la firma electrónica sigue anclada a papeleos que atentan contra su masificación y dispositivos físicos que desincentivan su uso. Entonces la pregunta es ¿qué se necesita para destrabar esta herramienta, cuya utilización en la realidad pareciera haber nacido muerta?
La respuesta es simple: más tecnología y la voluntad de avanzar hacia una sociedad realmente digitalizada. Para comenzar, se debe simplificar el sistema de obtención y certificación de la firma electrónica y la posibilidad de acceso de manera totalmente remota. Asimismo, es necesario aumentar la competencia de parte de las oficinas certificadoras, de manera de obtener menores precios. Esto es perfectamente posible dado el desarrollo de numerosas empresas tecnológicas que tienen el conocimiento y los sistemas necesarios para ser certificadoras y emisoras de firma electrónica avanzada.
Desde el punto de vista de su uso, en la actualidad la tecnología permite sin problemas aplicaciones con sistemas de verificación mixto, donde se pueden mezclar soluciones biométricas con la clave única - o clave de Servicio de Impuestos Internos para personas jurídicas-, eliminando definitivamente el “token” e incluso, permitiendo la compatibilidad con diferentes apps y dispositivos móviles.
Si se masifica y simplifica su uso la firma electrónica avanzada puede ser un instrumento de gran utilidad para emprendedores y empresas. Ello porque sus principales beneficios tienen que ver con ser un instrumento rápido y seguro, que elimina muchos procesos anticuados, que permite la recepción de documentos electrónicos certificados y, gracias a ello, facilita una comunicación más veloz entre las compañías, sus clientes y proveedores. El desafío es construir un marco regulatorio que amplíe el uso de la firma electrónica, otorgándole el mismo valor que aquellos documentos suscritos ante notario y que elimine los problemas de acceso, sin los procesos burocráticos que justamente pretendía eliminar cuando nació.
Fuente de la información: Joaquín Guzmán Meneses - e-press
