No es acusación constitucional, es política

11 ago, 2021

Por Carlos Oyarzún Concha, abogado.

Las críticas al Gobierno, o a un Ministro en particular pueden ser muy variadas y pueden ser muy legítimas, sin embargo, eso no puede dar pie para que la oposición crea que el fin justifica los medios.

Desde sectores del Frente Amplio se venía impulsando la idea de acusar constitucionalmente al Ministro de Educación desde hace al menos un año. El problema es que la acusación constitucional no es una herramienta política, es jurídica, y a la postre, abusar de las instituciones de esta manera, termina por debilitar todo el sistema político, y por ende, la democracia.

Vamos a los hechos concretos. Los Diputados acusadores plantean que el Ministro de Educación ha vulnerado la Constitución por su campaña comunicacional de retorno a clases presenciales. Se ha planteado tanto en la prensa como en el propio escrito de la acusación. Alegan que dicha conducta ha significado una vulneración de la integridad síquica de alumnos, apoderados, y por cierto de profesores y los profesionales de la educación.

No resulta suficiente que los profesores y asistentes de la educación chilenos, hayan sido uno de los primeros en el mundo en vacunarse, precisamente por la priorización que el propio Ministerio de Educación defendió. No basta toda la evidencia científica que avala la necesidad de retomar la presencialidad por parte de los alumnos.

Tampoco es suficiente la brecha educacional que todos han dicho que existirá producto de esta pandemia y del cierre de escuelas. Tampoco bastan ni los protocolos sanitarios que se les ha exigido a los establecimientos ni las medidas de seguridad para profesores y alumnos.

Pero lo más paradojal e inentendible de todo, es que no es suficiente para los Diputados que impulsan esta acusación constitucional que ¡a ningún estudiante de Chile se le ha obligado a la asistencia presencial desde marzo del año pasado!.

La verdad es que los argumentos de la oposición caen por si solos y la única opción que se puede interpretar radica en las intenciones políticas, y la verdad es que contra esa voluntad, no hay argumento razonable que pueda ser oído.

Es precisamente esto último lo que nos tiene políticamente tan polarizados como sociedad. Cuando no existe espacio para el debate franco y leal, se renuncia finalmente a la esencia de la democracia que es contraponer puntos de vista con honestidad intelectual. Lamentablemente vemos constantemente como dicha actitud no se representa en el congreso y ante intereses políticos partidistas, no hay razón que valga.