1 de mayo 2022, ¿El punto de no retorno?
Por Pablo Benavides.
Fotografías, videos y testimonios, nos indican la pasividad y complicidad de Carabineros con delincuentes en el atentado que sufrieron los trabajadores, trabajadoras y periodistas en la convocatoria a la marcha de la Central Clasista, una actividad que no es nueva, ya que hace varios años se viene desarrollando una alternativa a quienes no comparten, de manera legítima, la gestión política de la CUT.
La tesis del Gobierno sobre estos hechos, indicada en minutas dadas a conocer por operadores políticos, diputados - diputadas como Karol Cariola (PC) y hasta el propio presidente ha sido la "del enfrentamiento". Esta tesis fue desacreditada por las organizaciones sociales, medios de prensa independientes y las familias de las víctimas, entre ellos cuatro personas, de las cuales tres son periodistas. Este brutal atentado en contra de las justas reivindicaciones laborales, en un Chile que vive una profunda crisis económica, tiene en este momento a Francisca Sandoval en estado crítico, por un impacto de bala directo a su cabeza.
Hasta ahora, dos personas han sido detenidas, por estar presuntamente involucradas y que fueron puestas a disposición de los tribunales. Lo preocupante de este hecho, es que ni la fiscalía, ni la parte querellante, en este caso el Gobierno, han solicitado prisión preventiva. Hecho jurídico de gran relevancia, debido al alto grado de connotación pública del atentado. A estos dos sujetos se les otorgó la medida de prisión domiciliaria total por el Tercer Juzgado de Garantía. Un tercer sujeto fue detenido, según la información dada ésta mañana en conferencia de prensa, por una nerviosa Ministra del Interior Izkia Siches. Sin embargo, también durante la mañana y para la sopresa de todos, otro de los posibles involucrados, apuntado por los medios de prensa independiente, cómo percutor de armas de fuego en contra de los manifestantes, estaba dando declaraciones al programa matinal de Chilevisión.
El errático actuar del Ministerio del Interior en este caso y otros, en los casi dos meses de Gobierno, nos demuestran, no sólo las vicisitudes del control y ejercicio del poder, si no, una postura que preocupa al mundo social. Tanto por mantener en su cargo al Director General de Carabineros, posible involucrado en hechos de violaciones a los Derechos Humanos pos estallido social. Cómo también la presencia en la designación en el Gobierno, de los asesores y operadores políticos relacionados a la figura de Mahmud Aleuy(PS, ex Subsecretario del Interior Bachelet II), cómo son el caso del actual Subsecretario Mario Monsalve y la asesora en seguridad Lucia Dammert (ex asesora de Aleuy, actualmente se desempeña en el segundo piso de la Moneda), entre otros y otras, que estuvieron de manera directa e indirecta en la operación huracán y caso antorcha, estrategias que a juicio de los comuneros Mapuche, buscaba el criminalizar la causa. La mano de lo más recalcitrante del PS se siente en Interior, tanto por el diseño político, cómo por las respuestas comunicacionales.
¿Por qué estos hechos son de un punto de no retorno? Por una parte podríamos señalar la escalada de violencia, la cual ha tenido respuestas poco claras y medidas inefectivas por parte del Ejecutivo. Por otra parte, se suma la legítima desconfianza de las organizaciones sociales, en las formas y métodos políticos de reacción de los personeros de Gobierno y sus coaliciones. En especial al manejo político de lo que sucede en el Wallmapu y otras zonas al sur del país, dónde se pasó rápidamente de la estrategia del diálogo a aumentar dotaciones, infraestructura y equipamiento a la policía militarizada de carabineros, con el fin de dar solución al mal llamado “conflicto en la Araucanía”. Tal es así, que ha significado la renuncia del destacado académico Salvador Millaleo y de Rubén Sánchez Curihuentro, quienes ya no pertenecen a la Oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. Es en este sentido, que podríamos señalar "el paso del diálogo, al paso del palo". Uno de los ejemplossobre esto se produjo añhace unos días atrás dónde la Ministra Izkia Siches señaló “Hemos reforzado la presencia policial, hemos aumentado la cantidad de vehículos blindados, pasando de 4 a 19. Se aprobaron 34 nuevas camionetas blindadas para la seguridad de nuestros y nuestras carabineras. Mil millones de pesos para facilitar la acción policial. He instruido a los equipos del ministerio a comenzar a trabajar en un nuevo sistema de inteligencia del Estado. Hemos iniciado un trabajo coordinado con PDI, Carabineros y fiscalías de las regiones".
Otro ejemplo de una línea de actuación sobre estos temas, es lo que pasa con la protesta estudiantil, la cual mantiene al Liceo 7, el Internado Nacional Barros Arana (INBA), Liceo Lastarria y Liceo de Aplicaciones en paro. Mientras que el Instituto Nacional mantuvo una toma de un día para manifestarse antes de presentar su petitorio ante la Dirección de Educación Municipal (DEM) y la Municipalidad de Santiago. Son durante estas jornadas de protestas, según las imágenes y videos captados por una serie de medios independientes, dónde se ha visto el actuar represivo y violento por parte de Carabineros en contra de los estudiantes. Agregar a esta sopa las declaraciones de la Alcaldesa Irací Hassler (PC), dónde cuestiona la protesta estudiantil, al condenar las formas y supuesta violencia empleada por los infantes. Misma alcaldesa que anunció la inversión por más de $100 millones de pesos a Carabineros por parte del concejo municipal de Santiago y que según los dirigentes estudiantiles no ha sucedido lo mismo, para cualquier inversión en la mejora de los establecimientos educacionales, lo cual está dentro de su pliego de demandas.
El uso de la instituciones policiales con un largo historial de corrupción y violaciones a los derechos humanos para mantener el orden público, tiene consecuencias sociales importantes. No se ha intervenido de manera eficiente a las policías, dónde las responsabilidades políticas tampoco han sido asumidas. Desde algunos sectores pro Gobierno se busca instalar la tesis de que Carabineros “se manda solo” y que se necesita pronto la salida de la convención constitucional para poder generar un proyecto de ley para "reformar" a la institución, mientras otros sectores esperan y presionan para realizar una intervención civil. Sin embargo, los mismos sectores mencionaban en el Gobierno de Piñera, mientras se veían los hechos del estallido social en la violación de derechos humanos, que “los pacos no se mandan solos”. Los hechos de discrepancias y doble discurso en estos casi dos meses, es pan de cada día.
Quizás falta de autocrítica y/o soberbia, pueden ser la excusa en el mal manejo de la “agenda de seguridad'' impulsada por Izkia y su mesa redonda de médicos. Pero, no es excusable, el no conocer los temas o el designar un equipo de personas no ad hoc para estas vitales funciones. Si fuese así, lo podríamos catalogar al menos de negligencia política, lo cual trae de la mano una serie de costos, que pueden llevar de la mano más renuncias, cambios en los equipos y hasta un pronto cambio de gabinete en los meses venideros al no llevar control de la agenda.
Finalmente indicar que no ha sido la mejor instalación de Gobierno, ni tampoco la mejor gestión, aún hay tiempo para enmendar el rumbo. El problema es que la paciencia se acaba y la mecha al parecer ya está llegando a la bomba del descrédito e impopularidad irremontable. Falta trazar una línea coherente y consecuente con el programa, más convicción y menos cálculo político.
Fotografías, videos y testimonios, nos indican la pasividad y complicidad de Carabineros con delincuentes en el atentado que sufrieron los trabajadores, trabajadoras y periodistas en la convocatoria a la marcha de la Central Clasista, una actividad que no es nueva, ya que hace varios años se viene desarrollando una alternativa a quienes no comparten, de manera legítima, la gestión política de la CUT.
La tesis del Gobierno sobre estos hechos, indicada en minutas dadas a conocer por operadores políticos, diputados - diputadas como Karol Cariola (PC) y hasta el propio presidente ha sido la "del enfrentamiento". Esta tesis fue desacreditada por las organizaciones sociales, medios de prensa independientes y las familias de las víctimas, entre ellos cuatro personas, de las cuales tres son periodistas. Este brutal atentado en contra de las justas reivindicaciones laborales, en un Chile que vive una profunda crisis económica, tiene en este momento a Francisca Sandoval en estado crítico, por un impacto de bala directo a su cabeza.
Hasta ahora, dos personas han sido detenidas, por estar presuntamente involucradas y que fueron puestas a disposición de los tribunales. Lo preocupante de este hecho, es que ni la fiscalía, ni la parte querellante, en este caso el Gobierno, han solicitado prisión preventiva. Hecho jurídico de gran relevancia, debido al alto grado de connotación pública del atentado. A estos dos sujetos se les otorgó la medida de prisión domiciliaria total por el Tercer Juzgado de Garantía. Un tercer sujeto fue detenido, según la información dada ésta mañana en conferencia de prensa, por una nerviosa Ministra del Interior Izkia Siches. Sin embargo, también durante la mañana y para la sopresa de todos, otro de los posibles involucrados, apuntado por los medios de prensa independiente, cómo percutor de armas de fuego en contra de los manifestantes, estaba dando declaraciones al programa matinal de Chilevisión.
El errático actuar del Ministerio del Interior en este caso y otros, en los casi dos meses de Gobierno, nos demuestran, no sólo las vicisitudes del control y ejercicio del poder, si no, una postura que preocupa al mundo social. Tanto por mantener en su cargo al Director General de Carabineros, posible involucrado en hechos de violaciones a los Derechos Humanos pos estallido social. Cómo también la presencia en la designación en el Gobierno, de los asesores y operadores políticos relacionados a la figura de Mahmud Aleuy(PS, ex Subsecretario del Interior Bachelet II), cómo son el caso del actual Subsecretario Mario Monsalve y la asesora en seguridad Lucia Dammert (ex asesora de Aleuy, actualmente se desempeña en el segundo piso de la Moneda), entre otros y otras, que estuvieron de manera directa e indirecta en la operación huracán y caso antorcha, estrategias que a juicio de los comuneros Mapuche, buscaba el criminalizar la causa. La mano de lo más recalcitrante del PS se siente en Interior, tanto por el diseño político, cómo por las respuestas comunicacionales.
¿Por qué estos hechos son de un punto de no retorno? Por una parte podríamos señalar la escalada de violencia, la cual ha tenido respuestas poco claras y medidas inefectivas por parte del Ejecutivo. Por otra parte, se suma la legítima desconfianza de las organizaciones sociales, en las formas y métodos políticos de reacción de los personeros de Gobierno y sus coaliciones. En especial al manejo político de lo que sucede en el Wallmapu y otras zonas al sur del país, dónde se pasó rápidamente de la estrategia del diálogo a aumentar dotaciones, infraestructura y equipamiento a la policía militarizada de carabineros, con el fin de dar solución al mal llamado “conflicto en la Araucanía”. Tal es así, que ha significado la renuncia del destacado académico Salvador Millaleo y de Rubén Sánchez Curihuentro, quienes ya no pertenecen a la Oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. Es en este sentido, que podríamos señalar "el paso del diálogo, al paso del palo". Uno de los ejemplossobre esto se produjo añhace unos días atrás dónde la Ministra Izkia Siches señaló “Hemos reforzado la presencia policial, hemos aumentado la cantidad de vehículos blindados, pasando de 4 a 19. Se aprobaron 34 nuevas camionetas blindadas para la seguridad de nuestros y nuestras carabineras. Mil millones de pesos para facilitar la acción policial. He instruido a los equipos del ministerio a comenzar a trabajar en un nuevo sistema de inteligencia del Estado. Hemos iniciado un trabajo coordinado con PDI, Carabineros y fiscalías de las regiones".
Otro ejemplo de una línea de actuación sobre estos temas, es lo que pasa con la protesta estudiantil, la cual mantiene al Liceo 7, el Internado Nacional Barros Arana (INBA), Liceo Lastarria y Liceo de Aplicaciones en paro. Mientras que el Instituto Nacional mantuvo una toma de un día para manifestarse antes de presentar su petitorio ante la Dirección de Educación Municipal (DEM) y la Municipalidad de Santiago. Son durante estas jornadas de protestas, según las imágenes y videos captados por una serie de medios independientes, dónde se ha visto el actuar represivo y violento por parte de Carabineros en contra de los estudiantes. Agregar a esta sopa las declaraciones de la Alcaldesa Irací Hassler (PC), dónde cuestiona la protesta estudiantil, al condenar las formas y supuesta violencia empleada por los infantes. Misma alcaldesa que anunció la inversión por más de $100 millones de pesos a Carabineros por parte del concejo municipal de Santiago y que según los dirigentes estudiantiles no ha sucedido lo mismo, para cualquier inversión en la mejora de los establecimientos educacionales, lo cual está dentro de su pliego de demandas.
El uso de la instituciones policiales con un largo historial de corrupción y violaciones a los derechos humanos para mantener el orden público, tiene consecuencias sociales importantes. No se ha intervenido de manera eficiente a las policías, dónde las responsabilidades políticas tampoco han sido asumidas. Desde algunos sectores pro Gobierno se busca instalar la tesis de que Carabineros “se manda solo” y que se necesita pronto la salida de la convención constitucional para poder generar un proyecto de ley para "reformar" a la institución, mientras otros sectores esperan y presionan para realizar una intervención civil. Sin embargo, los mismos sectores mencionaban en el Gobierno de Piñera, mientras se veían los hechos del estallido social en la violación de derechos humanos, que “los pacos no se mandan solos”. Los hechos de discrepancias y doble discurso en estos casi dos meses, es pan de cada día.
Quizás falta de autocrítica y/o soberbia, pueden ser la excusa en el mal manejo de la “agenda de seguridad'' impulsada por Izkia y su mesa redonda de médicos. Pero, no es excusable, el no conocer los temas o el designar un equipo de personas no ad hoc para estas vitales funciones. Si fuese así, lo podríamos catalogar al menos de negligencia política, lo cual trae de la mano una serie de costos, que pueden llevar de la mano más renuncias, cambios en los equipos y hasta un pronto cambio de gabinete en los meses venideros al no llevar control de la agenda.
Finalmente indicar que no ha sido la mejor instalación de Gobierno, ni tampoco la mejor gestión, aún hay tiempo para enmendar el rumbo. El problema es que la paciencia se acaba y la mecha al parecer ya está llegando a la bomba del descrédito e impopularidad irremontable. Falta trazar una línea coherente y consecuente con el programa, más convicción y menos cálculo político.
