La millonaria pugna por la construcción de la fibra óptica austral
🔵Empresa CTR busca dejar sin efecto contrato suscrito con Inversiones Río Hurtado, la que le otorga a esta última derechos por el 30% de la iniciativa que cuenta con una facturación anual de más de $8.000 millones y que, según expertos, está avaluada hoy en más de $120 mil millones. La iniciativa fue levantada a través de un cuantioso subsidio del Estado de más de más de $64 mil millones y pretende conectar digitalmente a 435 mil personas y 19 mil empresas en 16 comunas rurales desde la región de Los Lagos a Magallanes.
Caminaron juntos hasta que la meta común comenzó a acercarse. Así podría resumirse la historia de las empresas CTR -hasta 2017 controlada en un 62% por Sebastián Piñera y José Cox, aunque desde 2018 sólo por este último- y Río Hurtado, las que se unieron hace seis años para adjudicarse el proyecto Fibra Óptica Austral (FOA), que contempla cuatro troncales, una troncal submarina Austral (TSA) y tres troncales terrestres, con el objetivo de unir digitalmente a las regiones de Magallanes (Punta Arenas y Puerto Williams) con el resto de las regiones del país, a través de Puerto Montt, conectando de paso a la región de Aysén, a través de Tortel.
El proyecto consideró un cable submarino de aproximadamente 3.000 kilómetros, unos 30 repetidores submarinos y dos unidades derivadoras (para conectar Tortel y Puerto Williams) y para materializarlo, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones destinó más de $64 mil millones: $53 mil millones de ellos para financiar el diseño, construcción y capital de trabajo, mientras la infraestructura conectaba a los clientes, lo que finalmente se produjo hace dos años.
El concurso público otorgó una concesión de servicio intermedio para proveer infraestructura óptica y facilidades asociadas, con un subsidio de hasta $53 mil millones y exigió una obligación de servicio de 20 años. También reservó el 15% de los canales ópticos para el uso del Estado.
El subsidio se pagó contra avance de obras, con la posibilidad de acceder a un anticipo contra boletas de garantías. La sociedad, sin embargo, comenzó a tensionarse a poco andar y en octubre de 2021, la Compañía Telefónica Rural, CTR, interpuso una demanda arbitral contra su socio comercial, Inversiones Río Hurtado, frente al Centro de Arbitraje y Mediación, CAM.
Según CTR, la promesa que los unió hace seis años y le otorgó a Río Hurtado el 30% del negocio es ineficaz, porque no contendría un plazo o condición que fije la celebración del contrato.
JUNTOS HABÍAN DERROTADO A LOS GRANDES
En 2017, Inversiones Río Hurtado y CTR habían formado su alianza para participar en el concurso del hasta ese momento subsidio más alto que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) había otorgado y derrotaron a Movistar y Wom, al presentar la oferta más baja: US$ 80 millones. Hoy, el proyecto está avaluado en casi el doble, unos US$140 millones, es decir, unos $120 mil millones.
La promesa establecía que se iban a dividir la participación de los derechos de la iniciativa a razón de 70% para CTR y 30% Río Hurtado por los 20 años que dura la concesión e incluidas la extensión de tiempo que se pudiera originar. Pero el acuerdo no se firmó después de ganar la licitación.
Río Hurtado exige hoy el acceso al 30% de la participación pactada y el caso lleva ya más de un año de tramitación. Se estima que en mayo el CAM podría dar su veredicto.
ASEGURANDO RENTABILIDAD
El cable submarino, clave en el proyecto, fue construido por Huawei, contratada para el efecto por la sociedad que CTR formó junto a su matriz PSINet, bajo el nombre FOA S.A. El proyecto contemplaba tener al menos un cliente funcionando en las redes, pero luego de su estreno, ninguna empresa se sumó, lo que encendió las alarmas del Gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera, ya que según los contratos suscritos durante el Gobierno de Michelle Bachelet, el Estado tenía como obligación asegurar la rentabilidad financiera de la iniciativa, por lo cual, durante 2020 la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, dio vida a una mesa técnica para convencer a Entel, WOM, GTD, Movistar Chile, Claro Chile para que se incorporaran como suscriptores, lo que finalmente ocurrió.
Entre los seis, el proyecto recibe recaudaciones de más de US$10 millones anuales, con costos de operación que se calculan en un 15% de esa cifra, por lo cual se estima que el valor de la iniciativa alcanza hoy más de US$140 millones.
El FOA pretende conectar 435 mil personas y 19 mil empresas en 16 comunas rurales desde la región de Los Lagos a Magallanes.
Fuente: Redacción Agenca Mala Idea
Caminaron juntos hasta que la meta común comenzó a acercarse. Así podría resumirse la historia de las empresas CTR -hasta 2017 controlada en un 62% por Sebastián Piñera y José Cox, aunque desde 2018 sólo por este último- y Río Hurtado, las que se unieron hace seis años para adjudicarse el proyecto Fibra Óptica Austral (FOA), que contempla cuatro troncales, una troncal submarina Austral (TSA) y tres troncales terrestres, con el objetivo de unir digitalmente a las regiones de Magallanes (Punta Arenas y Puerto Williams) con el resto de las regiones del país, a través de Puerto Montt, conectando de paso a la región de Aysén, a través de Tortel.
El proyecto consideró un cable submarino de aproximadamente 3.000 kilómetros, unos 30 repetidores submarinos y dos unidades derivadoras (para conectar Tortel y Puerto Williams) y para materializarlo, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones destinó más de $64 mil millones: $53 mil millones de ellos para financiar el diseño, construcción y capital de trabajo, mientras la infraestructura conectaba a los clientes, lo que finalmente se produjo hace dos años.
El concurso público otorgó una concesión de servicio intermedio para proveer infraestructura óptica y facilidades asociadas, con un subsidio de hasta $53 mil millones y exigió una obligación de servicio de 20 años. También reservó el 15% de los canales ópticos para el uso del Estado.
El subsidio se pagó contra avance de obras, con la posibilidad de acceder a un anticipo contra boletas de garantías. La sociedad, sin embargo, comenzó a tensionarse a poco andar y en octubre de 2021, la Compañía Telefónica Rural, CTR, interpuso una demanda arbitral contra su socio comercial, Inversiones Río Hurtado, frente al Centro de Arbitraje y Mediación, CAM.
Según CTR, la promesa que los unió hace seis años y le otorgó a Río Hurtado el 30% del negocio es ineficaz, porque no contendría un plazo o condición que fije la celebración del contrato.
JUNTOS HABÍAN DERROTADO A LOS GRANDES
En 2017, Inversiones Río Hurtado y CTR habían formado su alianza para participar en el concurso del hasta ese momento subsidio más alto que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) había otorgado y derrotaron a Movistar y Wom, al presentar la oferta más baja: US$ 80 millones. Hoy, el proyecto está avaluado en casi el doble, unos US$140 millones, es decir, unos $120 mil millones.
La promesa establecía que se iban a dividir la participación de los derechos de la iniciativa a razón de 70% para CTR y 30% Río Hurtado por los 20 años que dura la concesión e incluidas la extensión de tiempo que se pudiera originar. Pero el acuerdo no se firmó después de ganar la licitación.
Río Hurtado exige hoy el acceso al 30% de la participación pactada y el caso lleva ya más de un año de tramitación. Se estima que en mayo el CAM podría dar su veredicto.
ASEGURANDO RENTABILIDAD
El cable submarino, clave en el proyecto, fue construido por Huawei, contratada para el efecto por la sociedad que CTR formó junto a su matriz PSINet, bajo el nombre FOA S.A. El proyecto contemplaba tener al menos un cliente funcionando en las redes, pero luego de su estreno, ninguna empresa se sumó, lo que encendió las alarmas del Gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera, ya que según los contratos suscritos durante el Gobierno de Michelle Bachelet, el Estado tenía como obligación asegurar la rentabilidad financiera de la iniciativa, por lo cual, durante 2020 la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, dio vida a una mesa técnica para convencer a Entel, WOM, GTD, Movistar Chile, Claro Chile para que se incorporaran como suscriptores, lo que finalmente ocurrió.
Entre los seis, el proyecto recibe recaudaciones de más de US$10 millones anuales, con costos de operación que se calculan en un 15% de esa cifra, por lo cual se estima que el valor de la iniciativa alcanza hoy más de US$140 millones.
El FOA pretende conectar 435 mil personas y 19 mil empresas en 16 comunas rurales desde la región de Los Lagos a Magallanes.
Fuente: Redacción Agenca Mala Idea
