Proponen apoyar a los pequeños viticultores del país
🔵La resolución aprobada pide resguardar la libre competencia en el mercado del vino, protegiendo a los pequeños agricultores, respecto al precio que reciben por el kilo de uva.
Apoyar a los pequeños viticultores del país, potenciando su desarrollo y el resguardo de la libre competencia en el mercado vitivinícola. Ese es el objetivo de la resolución 696, aprobada por la Cámara con 134 votos a favor.
La propuesta, en particular, insta al Presidente a instruir a sus ministro de Agricultura y de Economía, Fomento y Turismo a adoptar las medidas necesarias para dicho fin.
Entre los antecedentes, se señala que, según el catastro vitivinícola del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en las regiones del centro sur es donde se concentra la mayor superficie de hectáreas de viñas plantadas. Al respecto, el Maule concentra el 40%.
Por otro lado, se informa que los precios por kilo de uva según detalle por cepa (datos Odepa y el SAG), en 2022, tienen un precio notablemente bajo. Ello, para las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Bío Bío (120 a 563 pesos). Esto, en comparación a los precios de venta observados en las regiones de Valparaíso y Metropolitana (220 a 1142 pesos).
Agrega que existe mayor número de productores de uvas que de agroindustriales. Asimismo, se plantea que estos últimos reducen la interrelación competitiva respecto al precio final. Por ello, no resulta equitativo el poder de negociación entre medianos y pequeños productores y es preciso apoyar a los pequeños viticultores del país.
El resultado de la investigación determinó que los cuatro agroindustriales más grandes suman más del 40% de la demanda total de uva vinífera. Por lo que se propone una normativa respecto a la forma de determinar la calidad de las uvas, que considere parámetros claros y objetivos. Así, la idea es que la tarea la asuma el SAG o un agente económico no relacionado a las partes de la transacción.
Respecto de los precios de referencia, se sugiere la revisión de la regulación vigente sobre la transferencia de uvas viníferas. Junto a ello, derogar toda normativa contraria.
Además, se pide un mecanismo que permita la supervisión del SAG de los precios reales utilizados en la comercialización de la uva vinífera. También, que agroindustriales e intermediarios cumplan con la publicación de precios de referencia y que se fiscalice la fecha de los contratos en relación al período de vendimia.
Fuente: Karin Schlegel - Comunicaciones Cámara de Diputados
Apoyar a los pequeños viticultores del país, potenciando su desarrollo y el resguardo de la libre competencia en el mercado vitivinícola. Ese es el objetivo de la resolución 696, aprobada por la Cámara con 134 votos a favor.
La propuesta, en particular, insta al Presidente a instruir a sus ministro de Agricultura y de Economía, Fomento y Turismo a adoptar las medidas necesarias para dicho fin.
Entre los antecedentes, se señala que, según el catastro vitivinícola del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en las regiones del centro sur es donde se concentra la mayor superficie de hectáreas de viñas plantadas. Al respecto, el Maule concentra el 40%.
Por otro lado, se informa que los precios por kilo de uva según detalle por cepa (datos Odepa y el SAG), en 2022, tienen un precio notablemente bajo. Ello, para las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Bío Bío (120 a 563 pesos). Esto, en comparación a los precios de venta observados en las regiones de Valparaíso y Metropolitana (220 a 1142 pesos).
Agrega que existe mayor número de productores de uvas que de agroindustriales. Asimismo, se plantea que estos últimos reducen la interrelación competitiva respecto al precio final. Por ello, no resulta equitativo el poder de negociación entre medianos y pequeños productores y es preciso apoyar a los pequeños viticultores del país.
Fiscalía Nacional Económica
Según se relata en la resolución, el hecho fue denunciado ante la Fiscalía Nacional Económica por organizaciones gremiales de viñateros del centro sur contra las principales productoras de vino.El resultado de la investigación determinó que los cuatro agroindustriales más grandes suman más del 40% de la demanda total de uva vinífera. Por lo que se propone una normativa respecto a la forma de determinar la calidad de las uvas, que considere parámetros claros y objetivos. Así, la idea es que la tarea la asuma el SAG o un agente económico no relacionado a las partes de la transacción.
Respecto de los precios de referencia, se sugiere la revisión de la regulación vigente sobre la transferencia de uvas viníferas. Junto a ello, derogar toda normativa contraria.
Además, se pide un mecanismo que permita la supervisión del SAG de los precios reales utilizados en la comercialización de la uva vinífera. También, que agroindustriales e intermediarios cumplan con la publicación de precios de referencia y que se fiscalice la fecha de los contratos en relación al período de vendimia.
Fuente: Karin Schlegel - Comunicaciones Cámara de Diputados