Concejales de Río Bueno objetan legalidad de millonaria licitación municipal
🔵Los concejales de la Municipalidad de Río Bueno -Javier Rosas, Juan Unión, Vance Montecinos y Daniel Quezada-, manifestaron este jueves sus reparos a la legalidad del proceso de licitación pública ID 3833-17-LR23, que adjudicó por $420 millones la construcción de un centro cívico a la empresa Ingeniería Verde SpA.
Según expresaron los ediles, el procedimiento no se habría ajustado a derecho al infringir los principios de libre concurrencia y sujeción a las bases. Esto impidió una correcta evaluación de las ofertas y determinación de la mejor propuesta técnica y económica.
Uno de los cuestionamientos apunta a que Ingeniería Verde SpA fue favorecida con el máximo puntaje en experiencia, pese a no contar con obras previas a su haber. La única que presentó fue realizada por otra empresa, en la que su representante se desempeñó como residente.
Ante esto, el Concejo emplazó al alcalde a estudiar la invalidación administrativa del acto de adjudicación. Además, ofició a la Contraloría Regional para que investigue posibles faltas al principio de probidad en el proceso.
El municipio por su parte defendió la legalidad de la licitación y descartó irregularidades. Aseguró que el dictamen se ajustó estrictamente a las bases y que responderán los reparos en las instancias que corresponda.
Puedes revisar el documento de Controlaría haciendo clic aquí
Fuente: Christian Peschke
Según expresaron los ediles, el procedimiento no se habría ajustado a derecho al infringir los principios de libre concurrencia y sujeción a las bases. Esto impidió una correcta evaluación de las ofertas y determinación de la mejor propuesta técnica y económica.
Uno de los cuestionamientos apunta a que Ingeniería Verde SpA fue favorecida con el máximo puntaje en experiencia, pese a no contar con obras previas a su haber. La única que presentó fue realizada por otra empresa, en la que su representante se desempeñó como residente.
Ante esto, el Concejo emplazó al alcalde a estudiar la invalidación administrativa del acto de adjudicación. Además, ofició a la Contraloría Regional para que investigue posibles faltas al principio de probidad en el proceso.
El municipio por su parte defendió la legalidad de la licitación y descartó irregularidades. Aseguró que el dictamen se ajustó estrictamente a las bases y que responderán los reparos en las instancias que corresponda.
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Fuente: Christian Peschke
