Gobierno acelera plan para expulsar a 2.600 migrantes tras ataque con granada
El ataque con granada contra una carabinera cometido por dos migrantes venezolanos en situación irregular obligó al gobierno a acelerar un plan para expulsar al menos a 2.600 extranjeros en los próximos 14 meses.
Si bien descartó la meta de RN de deportar a 12 mil antes de fin de año, el Ejecutivo busca concretar 1.000 expulsiones en 2023 y otras 1.600 durante el próximo año, con presupuesto de $7.200 millones, señala un artículo de Catalina Batarce publicado por La Tercera PM.
El Subsecretario Monsalve sostuvo reuniones para diseñar el plan, que considera un "perfil de riesgo" priorizando antecedentes penales y no participar en empadronamiento biométrico. También se coordinará con Venezuela para que acepte vuelos de la FACh.
El gobierno busca equilibrar la expulsión de delincuentes con no criminalizar a todos los migrantes. Hasta ahora van 738 deportaciones administrativas y 499 judiciales en 2023. La meta es ambiciosa pero aterrizada, señalan autoridades.
Expertos creen que se debe reforzar la policía de fronteras y agilizar las expulsiones dentro del marco legal. El desafío es implementar una política migratoria integral, que equilibre control con integración social.
Si bien descartó la meta de RN de deportar a 12 mil antes de fin de año, el Ejecutivo busca concretar 1.000 expulsiones en 2023 y otras 1.600 durante el próximo año, con presupuesto de $7.200 millones, señala un artículo de Catalina Batarce publicado por La Tercera PM.
El Subsecretario Monsalve sostuvo reuniones para diseñar el plan, que considera un "perfil de riesgo" priorizando antecedentes penales y no participar en empadronamiento biométrico. También se coordinará con Venezuela para que acepte vuelos de la FACh.
El gobierno busca equilibrar la expulsión de delincuentes con no criminalizar a todos los migrantes. Hasta ahora van 738 deportaciones administrativas y 499 judiciales en 2023. La meta es ambiciosa pero aterrizada, señalan autoridades.
Expertos creen que se debe reforzar la policía de fronteras y agilizar las expulsiones dentro del marco legal. El desafío es implementar una política migratoria integral, que equilibre control con integración social.
