Revelaciones en la trama de filtraciones y contratos en el Gobierno de Piñera: El papel de Luis Hermosilla
En un giro sorprendente que arroja luz sobre las complejas relaciones y actividades en los altos círculos del poder en Chile, se han revelado detalles que implican al ex Director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, y al abogado Luis Hermosilla en una red de filtraciones y contratos durante el gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, señala un artículo de Ciper.
Luis Hermosilla, quien tiene una larga historia de colaboración con figuras clave del "piñerismo", incluido el ex Ministro Andrés Chadwick, está en el centro de un escándalo que involucra la filtración de información reservada a funcionarios y contratos lucrativos con el Estado. Este caso destaca no solo por las implicaciones legales sino también por los profundos lazos de confianza y las redes políticas que lo sustentan.
El origen de estas controversias se remonta a cuando CIPER expuso un audio en noviembre pasado, revelando una conversación entre Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, discutiendo el pago de coimas a funcionarios públicos. La investigación que siguió destapó una serie de conversaciones entre Muñoz y Hermosilla, evidenciando una preocupante filtración de información confidencial.
Este escándalo se agrava al revelarse que Hermosilla, actuando en su capacidad de asesor legal y abogado de figuras prominentes del gobierno de Piñera, recibió pagos sustanciales del Estado, superando los $239 millones en asesorías directas sin proceso de licitación. Estos fondos provienen de contratos otorgados por varias dependencias del Estado, incluidas la Subsecretaría del Interior y el Ministerio de Transportes, bajo la administración de Piñera.
La relación entre Hermosilla y Chadwick, quien enfrentó acusaciones por su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos durante el estallido social de 2019, es especialmente notable. Hermosilla, quien defendió a Chadwick durante el proceso, ha sido un aliado de larga data, con vínculos que se remontan a sus días universitarios.
Este caso no solo plantea serias preguntas sobre la integridad de la administración pública y la influencia indebida en los procesos gubernamentales y judiciales, sino que también arroja una luz desfavorable sobre las prácticas de contratación y la gestión de información confidencial en los niveles más altos del gobierno chileno.
Mientras la Fiscalía continúa desenredando esta compleja red de relaciones y contratos, el pueblo chileno espera respuestas claras y acciones concretas para restaurar la confianza en sus instituciones. Este escándalo subraya la necesidad urgente de mayor transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles del gobierno, recordándonos la importancia de vigilar de cerca a aquellos en posiciones de poder.
Este desarrollo es un recordatorio crucial de los desafíos que enfrenta Chile en su lucha contra la corrupción y el abuso de poder, enfatizando la importancia de la integridad, la transparencia y la responsabilidad en la gobernanza pública. A medida que avanza la investigación, la sociedad chilena espera justicia y reformas significativas para prevenir futuros abusos y asegurar que el servicio público se mantenga fiel a sus principios de equidad y justicia para todos.
Fuente:https://www.ciperchile.cl/2024/03/19/los-239-millones-que-los-gobiernos-de-pinera-le-pagaron-a-hermosilla-y-a-su-estudio-juridico-a-traves-de-boletas-y-convenios/
Luis Hermosilla, quien tiene una larga historia de colaboración con figuras clave del "piñerismo", incluido el ex Ministro Andrés Chadwick, está en el centro de un escándalo que involucra la filtración de información reservada a funcionarios y contratos lucrativos con el Estado. Este caso destaca no solo por las implicaciones legales sino también por los profundos lazos de confianza y las redes políticas que lo sustentan.
El origen de estas controversias se remonta a cuando CIPER expuso un audio en noviembre pasado, revelando una conversación entre Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, discutiendo el pago de coimas a funcionarios públicos. La investigación que siguió destapó una serie de conversaciones entre Muñoz y Hermosilla, evidenciando una preocupante filtración de información confidencial.
Este escándalo se agrava al revelarse que Hermosilla, actuando en su capacidad de asesor legal y abogado de figuras prominentes del gobierno de Piñera, recibió pagos sustanciales del Estado, superando los $239 millones en asesorías directas sin proceso de licitación. Estos fondos provienen de contratos otorgados por varias dependencias del Estado, incluidas la Subsecretaría del Interior y el Ministerio de Transportes, bajo la administración de Piñera.
La relación entre Hermosilla y Chadwick, quien enfrentó acusaciones por su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos durante el estallido social de 2019, es especialmente notable. Hermosilla, quien defendió a Chadwick durante el proceso, ha sido un aliado de larga data, con vínculos que se remontan a sus días universitarios.
Este caso no solo plantea serias preguntas sobre la integridad de la administración pública y la influencia indebida en los procesos gubernamentales y judiciales, sino que también arroja una luz desfavorable sobre las prácticas de contratación y la gestión de información confidencial en los niveles más altos del gobierno chileno.
Mientras la Fiscalía continúa desenredando esta compleja red de relaciones y contratos, el pueblo chileno espera respuestas claras y acciones concretas para restaurar la confianza en sus instituciones. Este escándalo subraya la necesidad urgente de mayor transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles del gobierno, recordándonos la importancia de vigilar de cerca a aquellos en posiciones de poder.
Este desarrollo es un recordatorio crucial de los desafíos que enfrenta Chile en su lucha contra la corrupción y el abuso de poder, enfatizando la importancia de la integridad, la transparencia y la responsabilidad en la gobernanza pública. A medida que avanza la investigación, la sociedad chilena espera justicia y reformas significativas para prevenir futuros abusos y asegurar que el servicio público se mantenga fiel a sus principios de equidad y justicia para todos.
Fuente:https://www.ciperchile.cl/2024/03/19/los-239-millones-que-los-gobiernos-de-pinera-le-pagaron-a-hermosilla-y-a-su-estudio-juridico-a-traves-de-boletas-y-convenios/
