Evalúan 234 solicitudes de Libertad Condicional de Osorno y Valdivia
La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción Valdivia ha iniciado su primera sesión anual este lunes 8 de abril, con el propósito de revisar 234 solicitudes de internos provenientes de distintos recintos penitenciarios de la provincia de Osorno y la región de Los Ríos. Durante cinco días, hasta el viernes 12 de abril, la comisión, presidida por el ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Rodrigo Carvajal Schnettler, evaluará cada caso individualmente.
Este año, la distribución de las solicitudes incluye 44 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, 37 del Centro de Estudio y Trabajo de Osorno, 133 del Complejo Penitenciario de Valdivia, y 20 del Centro de Estudio y Trabajo de Valdivia. Las evaluaciones se basarán en el cumplimiento de los requisitos legales y los informes técnicos elaborados por la Gendarmería de Chile.
La ley N° 21.124, vigente desde el 18 de enero de 2019, introdujo la obligación de elaborar un informe psicosocial del condenado, facilitando a la comisión la valoración de los factores de riesgo de reincidencia y las posibilidades de reinserción social. Posteriormente, el decreto 338, publicado el 17 de septiembre de 2020, detalló la organización del sistema de libertad condicional, incluyendo programas y planes de intervención individual.
La reciente ley N° 21.627, promulgada el 9 de noviembre del año pasado, incorpora mayores exigencias para la concesión de la libertad condicional, destacando la notificación a las víctimas sobre las postulaciones y la posibilidad de que estas presenten alegaciones escritas o sean escuchadas por la comisión.
Entre las modificaciones más significativas, se establece que los condenados a presidio perpetuo rechazados en su solicitud no podrán postular nuevamente hasta el siguiente ciclo de evaluación. Además, se exige a los beneficiarios de libertad condicional firmar un compromiso de no hostigamiento hacia las víctimas, quienes a su vez, tendrán derecho a estar informadas sobre cualquier beneficio carcelario otorgado.
Estas sesiones representan un esfuerzo por parte del sistema judicial y penitenciario para equilibrar la reinserción social de los internos con la seguridad y justicia para las víctimas y la sociedad en general. La atención a las alegaciones de las víctimas y la rigurosidad en el proceso de selección subrayan el procedimiento.
Fuente información: https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/107193
Este año, la distribución de las solicitudes incluye 44 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, 37 del Centro de Estudio y Trabajo de Osorno, 133 del Complejo Penitenciario de Valdivia, y 20 del Centro de Estudio y Trabajo de Valdivia. Las evaluaciones se basarán en el cumplimiento de los requisitos legales y los informes técnicos elaborados por la Gendarmería de Chile.
La ley N° 21.124, vigente desde el 18 de enero de 2019, introdujo la obligación de elaborar un informe psicosocial del condenado, facilitando a la comisión la valoración de los factores de riesgo de reincidencia y las posibilidades de reinserción social. Posteriormente, el decreto 338, publicado el 17 de septiembre de 2020, detalló la organización del sistema de libertad condicional, incluyendo programas y planes de intervención individual.
La reciente ley N° 21.627, promulgada el 9 de noviembre del año pasado, incorpora mayores exigencias para la concesión de la libertad condicional, destacando la notificación a las víctimas sobre las postulaciones y la posibilidad de que estas presenten alegaciones escritas o sean escuchadas por la comisión.
Entre las modificaciones más significativas, se establece que los condenados a presidio perpetuo rechazados en su solicitud no podrán postular nuevamente hasta el siguiente ciclo de evaluación. Además, se exige a los beneficiarios de libertad condicional firmar un compromiso de no hostigamiento hacia las víctimas, quienes a su vez, tendrán derecho a estar informadas sobre cualquier beneficio carcelario otorgado.
Estas sesiones representan un esfuerzo por parte del sistema judicial y penitenciario para equilibrar la reinserción social de los internos con la seguridad y justicia para las víctimas y la sociedad en general. La atención a las alegaciones de las víctimas y la rigurosidad en el proceso de selección subrayan el procedimiento.
Fuente información: https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/107193
