Conflictos de Interés y Problemas Contractuales en la Subsecretaría de Prevención del Delito Revelados por CIPER
El pasado viernes 17 de mayo, Priscila Márquez fue desvinculada de su cargo como jefa jurídica de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) tras revelarse que su esposo, Guillermo de la Jara, es socio del bufete que asesora a Ingesmart S.A., una empresa con contratos millonarios con la SPD. La empresa, que se adjudicó la licitación para la instalación y monitoreo de cámaras de seguridad en 66 comunas durante el gobierno anterior, ha sido objeto de críticas por incumplir con los servicios acordados.
Ingesmart se acogió a un proceso de reorganización en agosto del año pasado para evitar una posible quiebra, situación que le permitió una protección legal que impide el cobro de deudas durante el reordenamiento de sus pagos. A pesar de las solicitudes de la División de Gestión Territorial de la SPD para cancelar el contrato en febrero de este año, Márquez decidió no proceder con las sanciones, argumentando que la protección legal lo impedía.
El caso se complica aún más con las conexiones políticas de Guillermo de la Jara, asociado a la Democracia Cristiana y con vínculos cercanos al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Estos elementos han suscitado dudas sobre posibles influencias indebidas en las decisiones dentro de la SPD.
La subsecretaría habría intentado sin éxito cobrar multas a Ingesmart, que ascienden a casi $4 mil millones por el incumplimiento en la calidad del servicio ofrecido. Los problemas incluyen demoras significativas en la instalación y mantenimiento de las cámaras de seguridad, lo que ha afectado la efectividad de este proyecto estratégico para la seguridad pública del país.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, habría tomado la decisión de desvincular a Márquez después de informarse sobre la complejidad y las implicancias del caso, enfatizando la necesidad de una gestión transparente y libre de conflictos de interés en las dependencias gubernamentales.
Este incidente pone de relieve los desafíos en la gestión de contratos gubernamentales y la importancia de mantener una vigilancia rigurosa para evitar la influencia indebida y asegurar la correcta ejecución de proyectos críticos para la seguridad pública.
Fuente información: https://www.ciperchile.cl/2024/05/25/empresa-acumula-multas-por-39-mil-millones-gobierno-renuncia-a-poner-fin-a-contrato-por-fallas-en-red-de-camaras-de-televigilancia/
Ingesmart se acogió a un proceso de reorganización en agosto del año pasado para evitar una posible quiebra, situación que le permitió una protección legal que impide el cobro de deudas durante el reordenamiento de sus pagos. A pesar de las solicitudes de la División de Gestión Territorial de la SPD para cancelar el contrato en febrero de este año, Márquez decidió no proceder con las sanciones, argumentando que la protección legal lo impedía.
El caso se complica aún más con las conexiones políticas de Guillermo de la Jara, asociado a la Democracia Cristiana y con vínculos cercanos al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Estos elementos han suscitado dudas sobre posibles influencias indebidas en las decisiones dentro de la SPD.
La subsecretaría habría intentado sin éxito cobrar multas a Ingesmart, que ascienden a casi $4 mil millones por el incumplimiento en la calidad del servicio ofrecido. Los problemas incluyen demoras significativas en la instalación y mantenimiento de las cámaras de seguridad, lo que ha afectado la efectividad de este proyecto estratégico para la seguridad pública del país.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, habría tomado la decisión de desvincular a Márquez después de informarse sobre la complejidad y las implicancias del caso, enfatizando la necesidad de una gestión transparente y libre de conflictos de interés en las dependencias gubernamentales.
Este incidente pone de relieve los desafíos en la gestión de contratos gubernamentales y la importancia de mantener una vigilancia rigurosa para evitar la influencia indebida y asegurar la correcta ejecución de proyectos críticos para la seguridad pública.
Fuente información: https://www.ciperchile.cl/2024/05/25/empresa-acumula-multas-por-39-mil-millones-gobierno-renuncia-a-poner-fin-a-contrato-por-fallas-en-red-de-camaras-de-televigilancia/
