Tribunales de Familia han ordenado el pago de más de $830 mil millones
Balance Positivo del Primer Año de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos.
En una conferencia realizada en el Segundo Juzgado de Familia de San Miguel, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, junto a la Ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, presentaron un balance del primer año de implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos.
Desde su implementación, los Tribunales de Familia han ordenado el pago de más de 830 mil millones de pesos a deudores de pensiones alimenticias, de los cuales ya se han cancelado más de 318 mil millones. Los montos restantes están en proceso de pago mediante dos sistemas de retención: el mecanismo especial, que revisa las cuentas y fondos mutuos de los deudores, y el mecanismo extraordinario, que permite retener fondos de las AFP en casos críticos.
Gracias a estos mecanismos, más de 112 mil familias han sido beneficiadas a través del mecanismo especial y más de 72 mil a través del mecanismo extraordinario. La Ministra Orellana destacó la importancia de la ley en mejorar la interoperabilidad entre distintas instituciones del Estado para asegurar el cumplimiento de estas pensiones.
La Ministra Chevesich remarcó la trascendencia de la corresponsabilidad parental para el desarrollo integral desde la infancia, mientras que el Ministro Cordero enfatizó la necesidad de conciencia sobre el cumplimiento de las obligaciones parentales, describiéndolo como fundamental en una sociedad democrática que prioriza la protección de niños, niñas y adolescentes.
Este marco legal también ha dado lugar a la creación del Registro Nacional de Deudores, que desde noviembre de 2022 impone sanciones por morosidad y coordina las retenciones de fondos. Además, desde el año pasado, el Registro Social de Hogares considera la deuda de pensión de alimentos como un factor de clasificación socioeconómica, lo cual facilita el acceso a beneficios estatales para los hogares afectados.
Fuente información: https://minmujeryeg.gob.cl/?p=53717
En una conferencia realizada en el Segundo Juzgado de Familia de San Miguel, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, junto a la Ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, presentaron un balance del primer año de implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos.
Desde su implementación, los Tribunales de Familia han ordenado el pago de más de 830 mil millones de pesos a deudores de pensiones alimenticias, de los cuales ya se han cancelado más de 318 mil millones. Los montos restantes están en proceso de pago mediante dos sistemas de retención: el mecanismo especial, que revisa las cuentas y fondos mutuos de los deudores, y el mecanismo extraordinario, que permite retener fondos de las AFP en casos críticos.
Gracias a estos mecanismos, más de 112 mil familias han sido beneficiadas a través del mecanismo especial y más de 72 mil a través del mecanismo extraordinario. La Ministra Orellana destacó la importancia de la ley en mejorar la interoperabilidad entre distintas instituciones del Estado para asegurar el cumplimiento de estas pensiones.
La Ministra Chevesich remarcó la trascendencia de la corresponsabilidad parental para el desarrollo integral desde la infancia, mientras que el Ministro Cordero enfatizó la necesidad de conciencia sobre el cumplimiento de las obligaciones parentales, describiéndolo como fundamental en una sociedad democrática que prioriza la protección de niños, niñas y adolescentes.
Este marco legal también ha dado lugar a la creación del Registro Nacional de Deudores, que desde noviembre de 2022 impone sanciones por morosidad y coordina las retenciones de fondos. Además, desde el año pasado, el Registro Social de Hogares considera la deuda de pensión de alimentos como un factor de clasificación socioeconómica, lo cual facilita el acceso a beneficios estatales para los hogares afectados.
Fuente información: https://minmujeryeg.gob.cl/?p=53717