Denuncias de irregularidades en la distribución de agua potable
En Puerto Montt, una serie de irregularidades en la distribución de agua potable han llevado a una investigación por parte del Ministerio Público que se inició hace casi siete meses. Eunice Carola Jara, la Jefa Administrativa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), ha interpuesto una autodenuncia en el Juzgado de Garantía por delitos de falsificación de instrumento público, fraude al fisco y apropiación indebida, revelando un presunto "mecanismo defraudatorio" dentro del municipio, señala un artículo del periodista Carlos Ilabaca publicado por "El Llanquihue" este lunes 17 de junio.
La investigación revela que existían contratos ficticios y menos camiones aljibe en operación de los que se contrataron oficialmente. Algunos de estos vehículos operaban con la revisión técnica vencida. Además, se denunciaron entregas de agua no autorizadas a funcionarios municipales, y presentación de antecedentes falsos de beneficiarios. Esta situación ha sido agravada por la falta de agua desde noviembre del año pasado, cuando 10 mil personas en 44 localidades rurales se quedaron abruptamente sin servicio, señala el Diario.
El conflicto se remonta al 23 de agosto de 2021, cuando la municipalidad publicó una licitación para el suministro y arriendo de camiones aljibe, adjudicada a la empresa Transportes Alexander SpA por $662.400.000 durante un período de dos años. Sin embargo, una inspección habría revelado que solo cuatro de los ocho camiones estaban operativos y uno de ellos tenía la revisión técnica vencida. Además, se habría descubierto que la documentación sobre las remuneraciones de los conductores estaba borrosa, señala el diario puertomontino.
Esta situación ha llevado a múltiples reacciones, incluyendo la denuncia pública por parte del senador Fidel Espinoza (PS) y la apertura de una investigación sumaria en el municipio. El abogado de Eunice Jara, Óscar Montecinos, ha destacado la gravedad de los hechos, señalando el aprovechamiento de cargos para obtener beneficios indebidos y el pago por servicios no prestados.
Entre las medidas propuestas para abordar esta crisis se incluye una revisión exhaustiva de todos los contratos y la fiscalización de los servicios contratados. Además, se ha solicitado la implementación de un registro actualizado de beneficiarios para asegurar que el recurso se distribuya equitativamente entre aquellos que realmente lo necesitan.
Fuente información: https://www.ellanquihue.cl/impresa/2024/06/17/papel/
La investigación revela que existían contratos ficticios y menos camiones aljibe en operación de los que se contrataron oficialmente. Algunos de estos vehículos operaban con la revisión técnica vencida. Además, se denunciaron entregas de agua no autorizadas a funcionarios municipales, y presentación de antecedentes falsos de beneficiarios. Esta situación ha sido agravada por la falta de agua desde noviembre del año pasado, cuando 10 mil personas en 44 localidades rurales se quedaron abruptamente sin servicio, señala el Diario.
El conflicto se remonta al 23 de agosto de 2021, cuando la municipalidad publicó una licitación para el suministro y arriendo de camiones aljibe, adjudicada a la empresa Transportes Alexander SpA por $662.400.000 durante un período de dos años. Sin embargo, una inspección habría revelado que solo cuatro de los ocho camiones estaban operativos y uno de ellos tenía la revisión técnica vencida. Además, se habría descubierto que la documentación sobre las remuneraciones de los conductores estaba borrosa, señala el diario puertomontino.
Esta situación ha llevado a múltiples reacciones, incluyendo la denuncia pública por parte del senador Fidel Espinoza (PS) y la apertura de una investigación sumaria en el municipio. El abogado de Eunice Jara, Óscar Montecinos, ha destacado la gravedad de los hechos, señalando el aprovechamiento de cargos para obtener beneficios indebidos y el pago por servicios no prestados.
Entre las medidas propuestas para abordar esta crisis se incluye una revisión exhaustiva de todos los contratos y la fiscalización de los servicios contratados. Además, se ha solicitado la implementación de un registro actualizado de beneficiarios para asegurar que el recurso se distribuya equitativamente entre aquellos que realmente lo necesitan.
Fuente información: https://www.ellanquihue.cl/impresa/2024/06/17/papel/
