Abogada acusa a fiscal de mentir para obtener orden de incautación
En una reciente audiencia, la abogada Orietta Llauca, quien también es querellante en contra del fiscal Sergio Fuentes, denunció que este último habría mentido para obtener una orden de incautación, ante el Juzgado de Letras de La Unión, que resultó en la confiscación de sus herramientas de trabajo. El incidente, que comenzó en la comuna de Llanquihue, está relacionado con una orden judicial que permitió el ingreso a la oficina de Llauca y la incautación de su celular y notebook, ambos utilizados en la defensa de comunidades mapuches y causas de derechos humanos,
Según la abogada, la base de la orden se sustentó en información falsa proporcionada por el fiscal Fuentes a una jueza, quien fue engañada para emitir la orden de incautación. Llauca destacó que la investigación posterior, originada por un recurso de amparo, corroboró que el fiscal presentó hechos inexistentes, como supuestas comunicaciones y coordinaciones con la Policía de Investigaciones (PDI), que nunca ocurrieron.
La situación ha generado críticas hacia el Ministerio Público, con Llauca cuestionando la integridad del sistema penal si sus fiscales pueden mentir para conseguir órdenes judiciales. La abogada, quien representa diversas causas ambientales y de comunidades mapuches, sugirió que el trasfondo del caso podría ser un intento deliberado de acceder a información confidencial relacionada con sus defendidos.
Durante la audiencia, la defensa de Llauca logró que se reabriera la investigación en contra del fiscal Fuentes por 90 días más, tiempo en el que se continuará recopilando pruebas. Según Llauca y su abogado, la decisión inicial del Ministerio Público de no perseverar en la acusación contra Fuentes muestra una tendencia a proteger a sus propios miembros, lo que pone en riesgo la confianza en el sistema judicial.
La abogada también subrayó la gravedad del caso, indicando que más allá de afectar sus derechos, esta situación vulnera los derechos de sus clientes, especialmente de las comunidades mapuches a las que defiende. Llauca hizo un llamado a reflexionar sobre cuántos inocentes podrían estar presos debido a mentiras de fiscales, cuestionando la credibilidad del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los derechos humanos.
El caso ha adquirido una dimensión social y política significativa, ya que implica no solo la protección de los derechos individuales de Llauca, sino también los derechos colectivos de las comunidades que ella representa.
Fuente información: Christian Peschke
Según la abogada, la base de la orden se sustentó en información falsa proporcionada por el fiscal Fuentes a una jueza, quien fue engañada para emitir la orden de incautación. Llauca destacó que la investigación posterior, originada por un recurso de amparo, corroboró que el fiscal presentó hechos inexistentes, como supuestas comunicaciones y coordinaciones con la Policía de Investigaciones (PDI), que nunca ocurrieron.
La situación ha generado críticas hacia el Ministerio Público, con Llauca cuestionando la integridad del sistema penal si sus fiscales pueden mentir para conseguir órdenes judiciales. La abogada, quien representa diversas causas ambientales y de comunidades mapuches, sugirió que el trasfondo del caso podría ser un intento deliberado de acceder a información confidencial relacionada con sus defendidos.
Durante la audiencia, la defensa de Llauca logró que se reabriera la investigación en contra del fiscal Fuentes por 90 días más, tiempo en el que se continuará recopilando pruebas. Según Llauca y su abogado, la decisión inicial del Ministerio Público de no perseverar en la acusación contra Fuentes muestra una tendencia a proteger a sus propios miembros, lo que pone en riesgo la confianza en el sistema judicial.
La abogada también subrayó la gravedad del caso, indicando que más allá de afectar sus derechos, esta situación vulnera los derechos de sus clientes, especialmente de las comunidades mapuches a las que defiende. Llauca hizo un llamado a reflexionar sobre cuántos inocentes podrían estar presos debido a mentiras de fiscales, cuestionando la credibilidad del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los derechos humanos.
El caso ha adquirido una dimensión social y política significativa, ya que implica no solo la protección de los derechos individuales de Llauca, sino también los derechos colectivos de las comunidades que ella representa.
Fuente información: Christian Peschke
