Cumplimiento tributario se reforzará con nueva ley
Reducir el porcentaje de no cumplimiento tributario e incrementar por esa vía la recaudación fiscal. Este es el objetivo esencial del proyecto aprobado hoy por la Sala de la Cámara y despachado al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.
Con los nuevos recursos se espera financiar, principalmente, dos materias:
- Alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, con un incremento de la cobertura de 166 mil personas hacia el año 2030.
- Gasto destinado a fortalecer la seguridad pública (aumento de la inversión en un 40% respecto de 2022). En este marco se espera invertir en prevención del delito, el combate al crimen organizado y el funcionamiento eficaz de la administración de justicia.
La propuesta, revisada en tercer trámite, se enmarca en el Plan de Pacto Fiscal. Sus ejes se pueden resumir en modernización de la administración tributaria; control de la informalidad; delitos tributarios; planificación tributaria agresiva; y nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente. También se contemplan la regularización de obligaciones tributarias y el fortalecimiento de organismos fiscalizadores y resguardo de la probidad.
Ahondando en lo anterior, se puede resaltar que la modernización afectará directamente al SII, la Tesorería y a Aduanas. También a los tribunales tributarios y aduaneros y a la Defensoría del Contribuyente. En este plano, por ejemplo, se promueve el mejor uso de las tecnologías disponibles y nuevas herramientas en materia de fiscalización. Igualmente, se verifica un aumento en la dotación de personal de dichas entidades.
Paralelamente, se realiza una actualización de los delitos en este ámbito y se elevan algunas de las sanciones. Entre estas últimas están las correspondientes a la utilización o facilitación de un documento tributario falso. Se suma a lo anterior la introducción de la figura de colaboración sustancial, para incentivar la autodenuncia; y del denunciante anónimo. Asimismo, se introducen medidas prejudiciales y la ampliación de cautelares que podrá solicitar el SII.
Otros avances se dirigen a la fiscalización de grupos empresariales; creación de la sostenibilidad tributaria; posibilidad de establecer trazabilidad en el comercio de bienes; nueva política de determinación de intereses; regímenes tributarios preferenciales (paraíso tributario); IVA en compras a través de plataformas digitales a contribuyentes no domiciliados en Chile; y repatriación de capitales, entre otros.
Un amplio grupo de normas se mantuvo sin modificaciones respecto del primer trámite. Ahora, entre las materias enmendadas se consideran ajustes a la norma general antielusión (NGA). Aquí se mejoró el procedimiento en su etapa administrativa y judicial y se eliminó el consejo externo que opinaba sobre ella. De igual modo, se perfeccionaron normas en materia de prescripción, plazos, término probatorio, carga de la prueba compartida y recursos. Otra disposición modificada fue la relativa a secreto bancario. Si bien se mantuvo el procedimiento simplificado, sí se cambió el judicial general (referente a plazos y prescripción). La idea fue hacer más armónico esta herramienta con los procedimientos de fiscalización.
En cuanto al denunciante anónimo, se mantuvo la recompensa, pero se puso un límite inferior para su aplicación (barrera de entrada). Esto, cuando el impuesto defraudado sea superior a 80 millones.
En el Servicio de Impuestos Internos (SII), se creó el Consejo Tributario. Su función será emitir opinión sobre las circulares del Servicio que deban ser sometidas al procedimiento de consulta pública. También sobre las estrategias de fiscalización del Servicio, así como evaluar la implementación de estas últimas.
Adicionalmente, se incorporó el Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos. De igual modo, se reguló el post empleo para el director y subdirectores del SII y se sujetó a los subdirectores al segundo nivel jerárquico de la Alta Dirección Pública.
Otras enmiendas apuntaron a lo relativo a tasación y reorganizaciones, así como a lo referente a información sobre transferencias, inicio de actividades, bienes usados y operaciones en efectivo. Además, se garantizó una proporcionalidad de las penas en los delitos tributarios y se realizaron ajustes en el IVA. Junto a esto, se perfeccionaron las normas sobre multas aplicables por Aduanas e impuesto al lujo. Y, finalmente, entre otros cambios, se rechazó lo referente a los impuestos a la Herencia y Donaciones.
Fuente información: https://www.camara.cl/cms/cumplimiento-tributario-se-reforzara-con-nueva-legislacion-aprobada-por-la-camara/
Con los nuevos recursos se espera financiar, principalmente, dos materias:
- Alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, con un incremento de la cobertura de 166 mil personas hacia el año 2030.
- Gasto destinado a fortalecer la seguridad pública (aumento de la inversión en un 40% respecto de 2022). En este marco se espera invertir en prevención del delito, el combate al crimen organizado y el funcionamiento eficaz de la administración de justicia.
La propuesta, revisada en tercer trámite, se enmarca en el Plan de Pacto Fiscal. Sus ejes se pueden resumir en modernización de la administración tributaria; control de la informalidad; delitos tributarios; planificación tributaria agresiva; y nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente. También se contemplan la regularización de obligaciones tributarias y el fortalecimiento de organismos fiscalizadores y resguardo de la probidad.
Ahondando en lo anterior, se puede resaltar que la modernización afectará directamente al SII, la Tesorería y a Aduanas. También a los tribunales tributarios y aduaneros y a la Defensoría del Contribuyente. En este plano, por ejemplo, se promueve el mejor uso de las tecnologías disponibles y nuevas herramientas en materia de fiscalización. Igualmente, se verifica un aumento en la dotación de personal de dichas entidades.
Paralelamente, se realiza una actualización de los delitos en este ámbito y se elevan algunas de las sanciones. Entre estas últimas están las correspondientes a la utilización o facilitación de un documento tributario falso. Se suma a lo anterior la introducción de la figura de colaboración sustancial, para incentivar la autodenuncia; y del denunciante anónimo. Asimismo, se introducen medidas prejudiciales y la ampliación de cautelares que podrá solicitar el SII.
Otros avances se dirigen a la fiscalización de grupos empresariales; creación de la sostenibilidad tributaria; posibilidad de establecer trazabilidad en el comercio de bienes; nueva política de determinación de intereses; regímenes tributarios preferenciales (paraíso tributario); IVA en compras a través de plataformas digitales a contribuyentes no domiciliados en Chile; y repatriación de capitales, entre otros.
Un amplio grupo de normas se mantuvo sin modificaciones respecto del primer trámite. Ahora, entre las materias enmendadas se consideran ajustes a la norma general antielusión (NGA). Aquí se mejoró el procedimiento en su etapa administrativa y judicial y se eliminó el consejo externo que opinaba sobre ella. De igual modo, se perfeccionaron normas en materia de prescripción, plazos, término probatorio, carga de la prueba compartida y recursos. Otra disposición modificada fue la relativa a secreto bancario. Si bien se mantuvo el procedimiento simplificado, sí se cambió el judicial general (referente a plazos y prescripción). La idea fue hacer más armónico esta herramienta con los procedimientos de fiscalización.
En cuanto al denunciante anónimo, se mantuvo la recompensa, pero se puso un límite inferior para su aplicación (barrera de entrada). Esto, cuando el impuesto defraudado sea superior a 80 millones.
En el Servicio de Impuestos Internos (SII), se creó el Consejo Tributario. Su función será emitir opinión sobre las circulares del Servicio que deban ser sometidas al procedimiento de consulta pública. También sobre las estrategias de fiscalización del Servicio, así como evaluar la implementación de estas últimas.
Adicionalmente, se incorporó el Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos. De igual modo, se reguló el post empleo para el director y subdirectores del SII y se sujetó a los subdirectores al segundo nivel jerárquico de la Alta Dirección Pública.
Otras enmiendas apuntaron a lo relativo a tasación y reorganizaciones, así como a lo referente a información sobre transferencias, inicio de actividades, bienes usados y operaciones en efectivo. Además, se garantizó una proporcionalidad de las penas en los delitos tributarios y se realizaron ajustes en el IVA. Junto a esto, se perfeccionaron las normas sobre multas aplicables por Aduanas e impuesto al lujo. Y, finalmente, entre otros cambios, se rechazó lo referente a los impuestos a la Herencia y Donaciones.
Fuente información: https://www.camara.cl/cms/cumplimiento-tributario-se-reforzara-con-nueva-legislacion-aprobada-por-la-camara/
