¿Inmobiliarias de parcelas en Osorno enfrentan riesgo de quiebra ante nuevas exigencias del SAG?
En una reciente entrevista con Paislobo Prensa, Gerardo Fest, gerente de una inmobiliaria de inversión en parcelas agrícolas, compartió la difícil situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas locales de Osorno, afectadas por las nuevas normativas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y otros organismos estatales. Según Fest, estas nuevas exigencias han paralizado proyectos de parcelación desde marzo de 2022, lo que ha llevado a varias empresas a una profunda crisis financiera.
Gerardo Fest explicó que su empresa, que comenzó en 1995 y llegó a tener 51 empleados, ha visto reducida su fuerza laboral a solo ocho o nueve personas. La causa principal ha sido la paralización de siete proyectos inmobiliarios, que desde marzo de 2022 no han logrado obtener la aprobación del SAG, lo que ha afectado directamente la entrega de parcelas a más de 500 clientes.
El modelo de negocio de estas inmobiliarias se basa en la compra de terrenos que posteriormente se subdividen en parcelas para su venta. Sin embargo, las nuevas normativas del SAG han retrasado considerablemente este proceso, generando un limbo administrativo. Fest indicó que, mientras antes las aprobaciones tardaban unos 20 días hábiles, ahora los proyectos pueden quedar estancados indefinidamente, debido a las consultas a otros organismos como el Ministerio de Vivienda, CONAF y Medio Ambiente.
Fest señaló que los problemas comenzaron con la implementación de la circular 475 en abril de 2022, bajo el actual gobierno, que modificó las condiciones de aprobación de los proyectos inmobiliarios. Aunque Fest está de acuerdo en que es necesario regular mejor el mercado, critica que estas nuevas normativas se apliquen de manera retroactiva, afectando proyectos que ya estaban en marcha bajo las antiguas reglas. “Nos cambiaron las condiciones en el camino y, como resultado, hemos tenido que despedir gente y devolver dinero a nuestros clientes”, explicó.
La paralización de los proyectos ha generado pérdidas millonarias para la empresa de Fest. Además de no poder entregar las parcelas prometidas, la empresa ha tenido que devolver los pagos a los clientes que decidieron rescindir sus contratos, lo que ha implicado la devolución de grandes sumas de dinero más intereses. Fest también mencionó que la empresa enfrenta un juicio contra el SAG debido a la falta de respuestas y la aparente discriminación en la aprobación de proyectos, ya que han documentado más de 40 casos en los que proyectos presentados después de los suyos fueron aprobados rápidamente.
“La falta de respuestas por parte del SAG ha llevado a situaciones de corrupción”, afirmó Fest, señalando que algunos funcionarios han pedido sobornos para acelerar los procesos de certificación. A pesar de haber denunciado estos casos, la situación no ha mejorado, y la empresa está al borde de la quiebra, con avisos de remate por parte de Tesorería debido a deudas tributarias.
Fest resaltó que esta situación afecta no solo a su empresa, sino a muchas otras pymes inmobiliarias de Osorno y la región. Muchas de estas empresas, como la suya, han invertido grandes sumas en proyectos que ahora están paralizados. Algunas incluso pidieron préstamos bancarios para financiar la compra de terrenos, y ahora enfrentan la amenaza de remates.
El gerente inmobiliario concluyó haciendo un llamado a las autoridades a revisar la situación y buscar soluciones que permitan destrabar los proyectos. "Nosotros somos una empresa pequeña y familiar, no somos grandes corporaciones. Solo pedimos que nos den respuestas y nos dejen trabajar", afirmó Fest.
Fuente información: Rocío Gambra
Gerardo Fest explicó que su empresa, que comenzó en 1995 y llegó a tener 51 empleados, ha visto reducida su fuerza laboral a solo ocho o nueve personas. La causa principal ha sido la paralización de siete proyectos inmobiliarios, que desde marzo de 2022 no han logrado obtener la aprobación del SAG, lo que ha afectado directamente la entrega de parcelas a más de 500 clientes.
El modelo de negocio de estas inmobiliarias se basa en la compra de terrenos que posteriormente se subdividen en parcelas para su venta. Sin embargo, las nuevas normativas del SAG han retrasado considerablemente este proceso, generando un limbo administrativo. Fest indicó que, mientras antes las aprobaciones tardaban unos 20 días hábiles, ahora los proyectos pueden quedar estancados indefinidamente, debido a las consultas a otros organismos como el Ministerio de Vivienda, CONAF y Medio Ambiente.
Fest señaló que los problemas comenzaron con la implementación de la circular 475 en abril de 2022, bajo el actual gobierno, que modificó las condiciones de aprobación de los proyectos inmobiliarios. Aunque Fest está de acuerdo en que es necesario regular mejor el mercado, critica que estas nuevas normativas se apliquen de manera retroactiva, afectando proyectos que ya estaban en marcha bajo las antiguas reglas. “Nos cambiaron las condiciones en el camino y, como resultado, hemos tenido que despedir gente y devolver dinero a nuestros clientes”, explicó.
La paralización de los proyectos ha generado pérdidas millonarias para la empresa de Fest. Además de no poder entregar las parcelas prometidas, la empresa ha tenido que devolver los pagos a los clientes que decidieron rescindir sus contratos, lo que ha implicado la devolución de grandes sumas de dinero más intereses. Fest también mencionó que la empresa enfrenta un juicio contra el SAG debido a la falta de respuestas y la aparente discriminación en la aprobación de proyectos, ya que han documentado más de 40 casos en los que proyectos presentados después de los suyos fueron aprobados rápidamente.
“La falta de respuestas por parte del SAG ha llevado a situaciones de corrupción”, afirmó Fest, señalando que algunos funcionarios han pedido sobornos para acelerar los procesos de certificación. A pesar de haber denunciado estos casos, la situación no ha mejorado, y la empresa está al borde de la quiebra, con avisos de remate por parte de Tesorería debido a deudas tributarias.
Fest resaltó que esta situación afecta no solo a su empresa, sino a muchas otras pymes inmobiliarias de Osorno y la región. Muchas de estas empresas, como la suya, han invertido grandes sumas en proyectos que ahora están paralizados. Algunas incluso pidieron préstamos bancarios para financiar la compra de terrenos, y ahora enfrentan la amenaza de remates.
El gerente inmobiliario concluyó haciendo un llamado a las autoridades a revisar la situación y buscar soluciones que permitan destrabar los proyectos. "Nosotros somos una empresa pequeña y familiar, no somos grandes corporaciones. Solo pedimos que nos den respuestas y nos dejen trabajar", afirmó Fest.
Fuente información: Rocío Gambra
