Caso Democracia Viva: Fiscalía avanza en la imputación de Catalina Pérez por millonarias irregularidades
Catalina Pérez enfrenta audiencia de desafuero mientras el caso Fundaciones sigue generando repercusiones.
El proceso judicial contra la diputada Catalina Pérez, vinculada al caso Democracia Viva, sigue acaparando atención tras la reciente publicación de chats que revelan posibles irregularidades en la asignación de fondos públicos. La Fiscalía busca imputarla por fraude al fisco, mientras los nuevos antecedentes reavivan el debate sobre transparencia en el uso de recursos estatales.
El caso Democracia Viva, que destapó una serie de irregularidades en la entrega de fondos públicos a fundaciones, ha tenido en la diputada Catalina Pérez una de sus principales figuras de controversia. Según la Fiscalía, Pérez habría actuado como intermediaria entre su entonces pareja, Daniel Andrade, representante legal de la fundación, y organismos estatales para facilitar la asignación de 426 millones de pesos provenientes de la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
El proceso judicial contra la diputada Catalina Pérez, vinculada al caso Democracia Viva, sigue acaparando atención tras la reciente publicación de chats que revelan posibles irregularidades en la asignación de fondos públicos. La Fiscalía busca imputarla por fraude al fisco, mientras los nuevos antecedentes reavivan el debate sobre transparencia en el uso de recursos estatales.
El caso Democracia Viva, que destapó una serie de irregularidades en la entrega de fondos públicos a fundaciones, ha tenido en la diputada Catalina Pérez una de sus principales figuras de controversia. Según la Fiscalía, Pérez habría actuado como intermediaria entre su entonces pareja, Daniel Andrade, representante legal de la fundación, y organismos estatales para facilitar la asignación de 426 millones de pesos provenientes de la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Chats filtrados, obtenidos del teléfono de Andrade, sugieren que la diputada tenía conocimiento del esquema y que incluso habría ayudado a justificar actividades inexistentes, contradiciendo su versión inicial, en la que aseguraba no estar involucrada.
La Fiscalía solicitó el desafuero de Pérez para formalizarla por tres cargos de fraude al fisco. La audiencia, originalmente programada para el 20 de enero, fue postergada al 10 de febrero, en un proceso que podría marcar un hito dentro del caso. Actualmente, Pérez no es parte del Frente Amplio, tras haber renunciado al partido, pero sigue representándolo en comisiones legislativas del Congreso, lo que plantea desafíos políticos para la coalición.
La publicación de los chats también desató debates sobre la privacidad y los límites éticos en la divulgación de información. Algunas conversaciones personales de la diputada incluyeron temas ajenos a la investigación judicial, como rumores de un supuesto aborto, lo que generó críticas sobre el manejo mediático de estos casos.
La antropóloga Nancy Carola Márquez, invitada al podcast Política Pública, destacó que la filtración de aspectos íntimos podría dañar la opinión pública más allá del caso judicial: "La discusión debería centrarse en el uso indebido de recursos públicos y no en detalles privados que cruzan límites éticos, especialmente cuando no hay evidencia de delitos relacionados".
El caso Democracia Viva no solo afecta a los acusados, sino también a fundaciones que trabajan de manera transparente. Según Rocío Gambra, conductora del podcast, esta controversia ha empañado la labor de muchas organizaciones: "Fundaciones que realizan un trabajo legítimo y transparente se han visto deslegitimadas, lo que afecta su capacidad para contribuir al bienestar social".
Mientras el caso avanza, queda pendiente determinar el impacto de estas acusaciones en el Frente Amplio y en la percepción pública sobre la gestión de recursos estatales. La audiencia de desafuero será clave para establecer si Pérez deberá enfrentar formalmente la justicia y qué consecuencias podría tener este caso en el futuro del panorama político chileno.
Fuente información: Rocío Gambra
La Fiscalía solicitó el desafuero de Pérez para formalizarla por tres cargos de fraude al fisco. La audiencia, originalmente programada para el 20 de enero, fue postergada al 10 de febrero, en un proceso que podría marcar un hito dentro del caso. Actualmente, Pérez no es parte del Frente Amplio, tras haber renunciado al partido, pero sigue representándolo en comisiones legislativas del Congreso, lo que plantea desafíos políticos para la coalición.
La publicación de los chats también desató debates sobre la privacidad y los límites éticos en la divulgación de información. Algunas conversaciones personales de la diputada incluyeron temas ajenos a la investigación judicial, como rumores de un supuesto aborto, lo que generó críticas sobre el manejo mediático de estos casos.
La antropóloga Nancy Carola Márquez, invitada al podcast Política Pública, destacó que la filtración de aspectos íntimos podría dañar la opinión pública más allá del caso judicial: "La discusión debería centrarse en el uso indebido de recursos públicos y no en detalles privados que cruzan límites éticos, especialmente cuando no hay evidencia de delitos relacionados".
El caso Democracia Viva no solo afecta a los acusados, sino también a fundaciones que trabajan de manera transparente. Según Rocío Gambra, conductora del podcast, esta controversia ha empañado la labor de muchas organizaciones: "Fundaciones que realizan un trabajo legítimo y transparente se han visto deslegitimadas, lo que afecta su capacidad para contribuir al bienestar social".
Mientras el caso avanza, queda pendiente determinar el impacto de estas acusaciones en el Frente Amplio y en la percepción pública sobre la gestión de recursos estatales. La audiencia de desafuero será clave para establecer si Pérez deberá enfrentar formalmente la justicia y qué consecuencias podría tener este caso en el futuro del panorama político chileno.
Fuente información: Rocío Gambra