Informe del CFA cuestiona sostenibilidad fiscal de la reforma de pensiones

Informe del CFA cuestiona sostenibilidad fiscal de la reforma de pensiones
Riesgos fiscales y ajustes necesarios en la reforma de pensiones: análisis del CFA y expertos.

El Consejo Fiscal Autónomo identificó 11 riesgos clave en la reforma de pensiones, destacando el alto costo fiscal y dudas sobre la recaudación tributaria. El economista Gabriel Ugarte propone alternativas para enfrentar estos desafíos.

El futuro de la reforma de pensiones en Chile enfrenta importantes interrogantes luego de que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expusiera un informe ante la Comisión de Hacienda del Senado, advirtiendo sobre los riesgos fiscales asociados al proyecto. Entre las preocupaciones, destacó el elevado costo de la reforma, equivalente al 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB), y la incertidumbre sobre la capacidad de financiarla mediante la ley de cumplimiento tributario, cuyo rendimiento ha sido cuestionado por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El problema es que los ingresos esperados podrían ser mucho menores a lo proyectado. Según el FMI, la recaudación real podría alcanzar apenas un tercio de lo estimado”, explicó el economista Gabriel Ugarte durante una entrevista con Paislobo Prensa.

Principales desafíos: costos y sostenibilidad fiscal


El costo total de la reforma, que incluye un aumento en la cotización del 10% al 17%, está dividido entre el financiamiento de beneficios para los pensionados y el impacto en las finanzas públicas. Según Ugarte, el incremento de la cotización afectará al Estado, que deberá asumir mayores gastos por su personal y enfrentará una reducción en la recaudación del impuesto a las empresas debido a los mayores costos laborales.

Para mitigar estos riesgos, el CFA propuso la implementación de “gatillos fiscales”, que condicionarían la expansión de los beneficios al cumplimiento de metas de recaudación. Esto permitiría avanzar gradualmente y evitaría comprometer recursos que no están asegurados.

“No podemos simplemente asumir un nuevo gasto sin garantías de financiamiento. Ya llevamos una década con un déficit fiscal promedio del 2% del PIB, y la deuda bruta asciende al 42% del PIB. Es urgente equilibrar las finanzas públicas antes de avanzar”, advirtió Ugarte.

Propuestas de ajuste y distribución del fondo común


El diseño actual del proyecto también ha generado debate. Un aspecto controversial es el Fondo de Ahorro Previsional Común, que recibiría el 1,5% de la cotización adicional y estaría destinado a garantizar beneficios colectivos. Aunque el gobierno asegura que este fondo sería sostenible, acumulando hasta un 10% del PIB en 20 años, expertos como Ugarte sugieren ajustar su tamaño para evitar la tentación política de utilizar estos recursos en fines distintos a los previstos.

Además, el economista criticó que solo el 10% de las nuevas cotizaciones se destine al ahorro individual, mientras el 90% se dirige a financiar beneficios. “Debería haber un mayor equilibrio desde el inicio, destinando al menos el 50% al ahorro personal para fomentar la sostenibilidad a largo plazo”, planteó.

Reformas pendientes y tiempos ajustados


A pesar de los desafíos, el gobierno espera aprobar la reforma en enero, antes de que el escenario político se complique con las elecciones de marzo. Sin embargo, la demora en la votación en la Comisión de Hacienda y la falta de consenso sobre los ajustes propuestos podrían dificultar este objetivo.

Entre las alternativas discutidas, Ugarte sugirió un enfoque más flexible en los plazos de transición y la incorporación de gatillos en el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que pasará de $220.000 a $250.000. “La clave está en avanzar con cautela, asegurando que los recursos sean suficientes antes de ampliar los beneficios”, concluyó.




Fuente información: Rocío Gambra
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