Consejo de Defensa del Estado se querella contra diputado Miguel Calisto por Fraude al Fisco
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique en contra del diputado por la Región de Aysén, Miguel Calisto Águila, y tres de sus colaboradores, por el delito de Fraude al Fisco. La acción judicial, que busca perseguir responsabilidades penales, denuncia una serie de maniobras fraudulentas para desviar más de 100 millones de pesos provenientes de asignaciones parlamentarias, fondos que habrían sido utilizados para financiar campañas políticas y solventar gastos particulares, en lugar de destinarse al ejercicio de la función legislativa.
Una grave acusación remece al Congreso Nacional. Este miércoles, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) confirmó la presentación de una querella criminal en contra del diputado Miguel Calisto Águila, representante del Distrito 27 (Región de Aysén), imputándole el delito reiterado de Fraude al Fisco. La acción legal, ingresada en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, también se dirige en calidad de imputados en contra de Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein, quienes habrían participado en una trama para defraudar al erario público.
Según informó el CDE a través de un comunicado oficial, la investigación detalla un mecanismo de defraudación centrado en la simulación de asesorías. El organismo sostiene que "la imputada Carla Graf, coludida con el diputado Calisto, habría celebrado una serie de contratos de prestaciones de servicio para apoyar la función del parlamentario a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios". Sin embargo, la querella afirma que dichos servicios no fueron efectivamente prestados, situación que, de acuerdo con el CDE, "era conocida y aceptada por el diputado Calisto".
El perjuicio fiscal, avaluado preliminarmente en más de 100 millones de pesos, corresponde a fondos públicos que debían ser utilizados exclusivamente para solventar los gastos asociados a la labor parlamentaria. La investigación que sustenta la acción del CDE habría detectado, además, una serie de transferencias de dinero entre los cuatro imputados. Estos movimientos financieros, según los antecedentes, coincidieron con periodos de campañas políticas en la región, lo que refuerza la tesis de que los fondos desviados "habrían sido destinados a financiamiento de campañas y gastos particulares".
La acción del Consejo de Defensa del Estado abre un complejo flanco judicial y político para el parlamentario. Miguel Calisto, quien llegó al Congreso en 2018 como militante de la Democracia Cristiana y que hoy forma parte del partido Demócratas, enfrenta un delito que el Código Penal sanciona con severas penas de presidio, multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El caso se enmarca en la fiscalización permanente que realizan los órganos de control sobre el correcto uso de las asignaciones parlamentarias. Estos recursos, entregados por el Estado a senadores y diputados, están estrictamente regulados y su propósito es financiar personal de apoyo, arriendo de oficinas distritales, material de difusión y otros gastos operacionales inherentes a la representación ciudadana, y no para fines personales o de proselitismo político.
Con la querella interpuesta, el Juzgado de Garantía de Coyhaique deberá resolver su admisibilidad en los próximos días. De ser acogida a trámite, el CDE podrá actuar como parte activa en la investigación que lidera el Ministerio Público, aportando antecedentes y solicitando diligencias para acreditar los hechos denunciados.
Se espera que la Fiscalía formalice la investigación en contra del diputado Calisto y los otros tres imputados, dando inicio a un proceso penal que podría extenderse por varios meses. En esta etapa, la defensa de los acusados tendrá la oportunidad de presentar sus descargos y pruebas. Por tratarse de un diputado en ejercicio, el caso adquiere una alta connotación pública y será seguido de cerca tanto por las instituciones como por la ciudadanía, que exige altos estándares de probidad a sus autoridades. Hasta el cierre de esta edición, el parlamentario aludido no ha emitido una declaración pública sobre la querella en su contra.
Fuente información: Agencia MI
Una grave acusación remece al Congreso Nacional. Este miércoles, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) confirmó la presentación de una querella criminal en contra del diputado Miguel Calisto Águila, representante del Distrito 27 (Región de Aysén), imputándole el delito reiterado de Fraude al Fisco. La acción legal, ingresada en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, también se dirige en calidad de imputados en contra de Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein, quienes habrían participado en una trama para defraudar al erario público.
Según informó el CDE a través de un comunicado oficial, la investigación detalla un mecanismo de defraudación centrado en la simulación de asesorías. El organismo sostiene que "la imputada Carla Graf, coludida con el diputado Calisto, habría celebrado una serie de contratos de prestaciones de servicio para apoyar la función del parlamentario a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios". Sin embargo, la querella afirma que dichos servicios no fueron efectivamente prestados, situación que, de acuerdo con el CDE, "era conocida y aceptada por el diputado Calisto".
El perjuicio fiscal, avaluado preliminarmente en más de 100 millones de pesos, corresponde a fondos públicos que debían ser utilizados exclusivamente para solventar los gastos asociados a la labor parlamentaria. La investigación que sustenta la acción del CDE habría detectado, además, una serie de transferencias de dinero entre los cuatro imputados. Estos movimientos financieros, según los antecedentes, coincidieron con periodos de campañas políticas en la región, lo que refuerza la tesis de que los fondos desviados "habrían sido destinados a financiamiento de campañas y gastos particulares".
La acción del Consejo de Defensa del Estado abre un complejo flanco judicial y político para el parlamentario. Miguel Calisto, quien llegó al Congreso en 2018 como militante de la Democracia Cristiana y que hoy forma parte del partido Demócratas, enfrenta un delito que el Código Penal sanciona con severas penas de presidio, multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El caso se enmarca en la fiscalización permanente que realizan los órganos de control sobre el correcto uso de las asignaciones parlamentarias. Estos recursos, entregados por el Estado a senadores y diputados, están estrictamente regulados y su propósito es financiar personal de apoyo, arriendo de oficinas distritales, material de difusión y otros gastos operacionales inherentes a la representación ciudadana, y no para fines personales o de proselitismo político.
Con la querella interpuesta, el Juzgado de Garantía de Coyhaique deberá resolver su admisibilidad en los próximos días. De ser acogida a trámite, el CDE podrá actuar como parte activa en la investigación que lidera el Ministerio Público, aportando antecedentes y solicitando diligencias para acreditar los hechos denunciados.
Se espera que la Fiscalía formalice la investigación en contra del diputado Calisto y los otros tres imputados, dando inicio a un proceso penal que podría extenderse por varios meses. En esta etapa, la defensa de los acusados tendrá la oportunidad de presentar sus descargos y pruebas. Por tratarse de un diputado en ejercicio, el caso adquiere una alta connotación pública y será seguido de cerca tanto por las instituciones como por la ciudadanía, que exige altos estándares de probidad a sus autoridades. Hasta el cierre de esta edición, el parlamentario aludido no ha emitido una declaración pública sobre la querella en su contra.
Fuente información: Agencia MI
