Evópoli Los Lagos se desmarca de concejal, tras lapidario informe de Contraloría
La directiva regional de Evópoli en Los Lagos emitió una enérgica declaración pública este martes, distanciándose del concejal Juan Patricio Godoy, quien integró su lista como independiente. La acción responde a un informe de la Contraloría Regional que detectó eventuales infracciones graves al principio de probidad, como la justificación de inasistencias con licencias médicas para cobrar dietas y la intervención en votaciones con posible interés personal. Aunque el partido no puede exigir legalmente su renuncia, le solicitaron éticamente "dar un paso al costado" y respaldaron la activación de los mecanismos legales para su destitución ante el Tribunal Electoral Regional.
Un verdadero terremoto político ha generado en la Región de Los Lagos el informe emitido por la Contraloría Regional que apunta a serias irregularidades en el actuar del concejal Juan Patricio Godoy. La situación escaló este martes 17 de junio, luego de que Evolución Política (Evópoli), partido que lo llevó como candidato independiente en su pacto electoral, emitiera una dura declaración pública desmarcándose por completo de su gestión y pidiendo su salida del cargo por razones éticas.
El comunicado de Evópoli Los Lagos surge como reacción directa a los antecedentes levantados por el ente fiscalizador. Según detalla el partido, el informe de Contraloría advierte sobre "eventuales infracciones al principio de probidad administrativa". Específicamente, se mencionan dos conductas graves: la presunta utilización de certificados médicos para justificar inasistencias a las sesiones del concejo y, de esta forma, obtener el pago de sus dietas parlamentarias, y su posible intervención en votaciones donde habría tenido intereses personales involucrados.
En su declaración, Evópoli fue categórico al señalar que, aunque Godoy fue parte de su lista, "su desempeño en el cargo ha sido autónomo y no representa ni refleja los principios de nuestra colectividad". El partido enfatizó su rechazo a "cualquier conducta que vulnere la probidad", calificando estas prácticas como un factor que "afecta la confianza pública y daña la legitimidad del servicio político".
Más allá de la condena pública, la colectividad de centroderecha respaldó explícitamente la labor de la Contraloría y delineó el camino legal que podría llevar a la salida forzosa del concejal. En este sentido, hicieron un llamado a que, de comprobarse la infracción, se activen los mecanismos contemplados en los artículos 76 y 77 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Dicha normativa faculta al propio Concejo Municipal, por el voto de un tercio de sus miembros, para requerir formalmente al Tribunal Electoral Regional (TER) la cesación en el cargo del concejal que haya incurrido en una contravención grave a las normas sobre probidad administrativa. Este sería el camino institucional que, según Evópoli, debiera seguirse.
"Evópoli no tiene atribuciones legales para exigir una renuncia, pero sí tiene el deber de marcar una posición ética clara: cuando una autoridad pierde la legitimidad moral para ejercer su cargo, lo correcto es que dé un paso al costado", sentencia el comunicado, añadiendo que "la política no se trata solo de legalidad, también de ejemplaridad".
Con el informe de la Contraloría sobre la mesa y la explícita presión política de Evópoli, la atención se centra ahora en el Concejo Municipal correspondiente. Sus integrantes deberán analizar los antecedentes y decidir si ejercerán su facultad legal para llevar el caso ante el Tribunal Electoral Regional, única instancia con la potestad para decretar la remoción de un concejal en ejercicio por faltas a la probidad.
Mientras tanto, el futuro político del concejal Juan Patricio Godoy queda en una posición extremadamente compleja. La presión pública y el desmarque del partido que le sirvió de plataforma electoral abren un escenario de incertidumbre sobre su continuidad en el cargo, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la ética y la transparencia en la gestión de las autoridades electas por la ciudadanía. Desde Evópoli Los Lagos concluyeron reafirmando su "compromiso con una política moderna, ética y profundamente conectada con las personas", subrayando que "la probidad no es optativa: es la base mínima para ejercer un cargo público".
Fuente información: Rocío Gambra
Un verdadero terremoto político ha generado en la Región de Los Lagos el informe emitido por la Contraloría Regional que apunta a serias irregularidades en el actuar del concejal Juan Patricio Godoy. La situación escaló este martes 17 de junio, luego de que Evolución Política (Evópoli), partido que lo llevó como candidato independiente en su pacto electoral, emitiera una dura declaración pública desmarcándose por completo de su gestión y pidiendo su salida del cargo por razones éticas.
El comunicado de Evópoli Los Lagos surge como reacción directa a los antecedentes levantados por el ente fiscalizador. Según detalla el partido, el informe de Contraloría advierte sobre "eventuales infracciones al principio de probidad administrativa". Específicamente, se mencionan dos conductas graves: la presunta utilización de certificados médicos para justificar inasistencias a las sesiones del concejo y, de esta forma, obtener el pago de sus dietas parlamentarias, y su posible intervención en votaciones donde habría tenido intereses personales involucrados.
En su declaración, Evópoli fue categórico al señalar que, aunque Godoy fue parte de su lista, "su desempeño en el cargo ha sido autónomo y no representa ni refleja los principios de nuestra colectividad". El partido enfatizó su rechazo a "cualquier conducta que vulnere la probidad", calificando estas prácticas como un factor que "afecta la confianza pública y daña la legitimidad del servicio político".
El camino para una eventual destitución
Más allá de la condena pública, la colectividad de centroderecha respaldó explícitamente la labor de la Contraloría y delineó el camino legal que podría llevar a la salida forzosa del concejal. En este sentido, hicieron un llamado a que, de comprobarse la infracción, se activen los mecanismos contemplados en los artículos 76 y 77 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Dicha normativa faculta al propio Concejo Municipal, por el voto de un tercio de sus miembros, para requerir formalmente al Tribunal Electoral Regional (TER) la cesación en el cargo del concejal que haya incurrido en una contravención grave a las normas sobre probidad administrativa. Este sería el camino institucional que, según Evópoli, debiera seguirse.
"Evópoli no tiene atribuciones legales para exigir una renuncia, pero sí tiene el deber de marcar una posición ética clara: cuando una autoridad pierde la legitimidad moral para ejercer su cargo, lo correcto es que dé un paso al costado", sentencia el comunicado, añadiendo que "la política no se trata solo de legalidad, también de ejemplaridad".
Proyección del caso
Con el informe de la Contraloría sobre la mesa y la explícita presión política de Evópoli, la atención se centra ahora en el Concejo Municipal correspondiente. Sus integrantes deberán analizar los antecedentes y decidir si ejercerán su facultad legal para llevar el caso ante el Tribunal Electoral Regional, única instancia con la potestad para decretar la remoción de un concejal en ejercicio por faltas a la probidad.
Mientras tanto, el futuro político del concejal Juan Patricio Godoy queda en una posición extremadamente compleja. La presión pública y el desmarque del partido que le sirvió de plataforma electoral abren un escenario de incertidumbre sobre su continuidad en el cargo, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la ética y la transparencia en la gestión de las autoridades electas por la ciudadanía. Desde Evópoli Los Lagos concluyeron reafirmando su "compromiso con una política moderna, ética y profundamente conectada con las personas", subrayando que "la probidad no es optativa: es la base mínima para ejercer un cargo público".
Fuente información: Rocío Gambra
