Prisión preventiva para imputado por explotación sexual de niñas en residencias
Fiscalía de Puerto Varas logra medida cautelar para presunto agresor de al menos tres víctimas, menores de edad, vinculadas a centros de la provincia de Llanquihue.
En un significativo avance en la persecución de delitos de alta connotación pública, la Fiscalía Local de Puerto Varas obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva para un imputado formalizado por los delitos de explotación sexual infantil y producción de material pornográfico infantil. La decisión fue adoptada tras una exhaustiva investigación llevada a cabo en conjunto con la Brigada de Delitos Sexuales (BRISEX) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Puerto Montt.
El Fiscal Luis Barría, a cargo del caso en la Fiscalía de Puerto Varas, detalló que la detención se concretó en la noche del pasado 13 de julio, tras una serie de diligencias investigativas. El imputado fue puesto a disposición de la justicia el 14 de julio, donde se llevó a cabo el control de detención y la posterior formalización. Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, los hechos imputados corresponden a la explotación sexual de al menos tres víctimas, todas ellas menores de edad y residentes de centros de acogida ubicados en la provincia de Llanquihue.
La solicitud de prisión preventiva, que fue acogida por el tribunal, se fundamentó en la robustez de los antecedentes reunidos durante la fase inicial de la investigación. Entre las pruebas presentadas se incluyen declaraciones de testigos clave, el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad y la revisión de información obtenida de redes sociales. Estos elementos permitieron a la Fiscalía argumentar de manera convincente que la libertad del imputado representa un peligro inminente tanto para la seguridad de la sociedad en general como, de manera particular, para la integridad y seguridad de las víctimas involucradas en este grave ilícito. La naturaleza de los delitos, que afectan directamente a la infancia, y la vulnerabilidad de las víctimas, residentes de instituciones de cuidado, refuerzan la necesidad de esta medida cautelar para evitar la continuidad de los actos o la afectación de la investigación.
Durante la audiencia, que se llevó a cabo bajo estricta reserva —dada la naturaleza de los delitos y la necesidad imperiosa de proteger la identidad e integridad de las víctimas—, se estableció un plazo de investigación de 90 días. Este período es crucial para el Ministerio Público, ya que permitirá profundizar en las indagatorias, recopilar nuevas pruebas y, potencialmente, establecer la vinculación del imputado con otros hechos similares o con la participación de otros involucrados en la red de explotación. El Fiscal Barría enfatizó que la investigación continuará de manera activa con el fin de esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de todos quienes pudieren haber participado en estos crímenes.
Además de las acciones penales, la Fiscalía ha coordinado con las instituciones pertinentes para asegurar que se tomen todas las medidas de protección necesarias para salvaguardar a las víctimas. La prioridad es resguardar su integridad física y psicológica, proporcionándoles el apoyo y la contención que requieren en estas circunstancias. La complejidad de estos casos, que a menudo involucran el uso de tecnología y redes para contactar y explotar a menores, requiere de una coordinación interinstitucional constante y de una especialización en la investigación.
Fuente información: Comunicaciones PDI
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En un significativo avance en la persecución de delitos de alta connotación pública, la Fiscalía Local de Puerto Varas obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva para un imputado formalizado por los delitos de explotación sexual infantil y producción de material pornográfico infantil. La decisión fue adoptada tras una exhaustiva investigación llevada a cabo en conjunto con la Brigada de Delitos Sexuales (BRISEX) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Puerto Montt.
El Fiscal Luis Barría, a cargo del caso en la Fiscalía de Puerto Varas, detalló que la detención se concretó en la noche del pasado 13 de julio, tras una serie de diligencias investigativas. El imputado fue puesto a disposición de la justicia el 14 de julio, donde se llevó a cabo el control de detención y la posterior formalización. Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, los hechos imputados corresponden a la explotación sexual de al menos tres víctimas, todas ellas menores de edad y residentes de centros de acogida ubicados en la provincia de Llanquihue.
La solicitud de prisión preventiva, que fue acogida por el tribunal, se fundamentó en la robustez de los antecedentes reunidos durante la fase inicial de la investigación. Entre las pruebas presentadas se incluyen declaraciones de testigos clave, el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad y la revisión de información obtenida de redes sociales. Estos elementos permitieron a la Fiscalía argumentar de manera convincente que la libertad del imputado representa un peligro inminente tanto para la seguridad de la sociedad en general como, de manera particular, para la integridad y seguridad de las víctimas involucradas en este grave ilícito. La naturaleza de los delitos, que afectan directamente a la infancia, y la vulnerabilidad de las víctimas, residentes de instituciones de cuidado, refuerzan la necesidad de esta medida cautelar para evitar la continuidad de los actos o la afectación de la investigación.
Durante la audiencia, que se llevó a cabo bajo estricta reserva —dada la naturaleza de los delitos y la necesidad imperiosa de proteger la identidad e integridad de las víctimas—, se estableció un plazo de investigación de 90 días. Este período es crucial para el Ministerio Público, ya que permitirá profundizar en las indagatorias, recopilar nuevas pruebas y, potencialmente, establecer la vinculación del imputado con otros hechos similares o con la participación de otros involucrados en la red de explotación. El Fiscal Barría enfatizó que la investigación continuará de manera activa con el fin de esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de todos quienes pudieren haber participado en estos crímenes.
Además de las acciones penales, la Fiscalía ha coordinado con las instituciones pertinentes para asegurar que se tomen todas las medidas de protección necesarias para salvaguardar a las víctimas. La prioridad es resguardar su integridad física y psicológica, proporcionándoles el apoyo y la contención que requieren en estas circunstancias. La complejidad de estos casos, que a menudo involucran el uso de tecnología y redes para contactar y explotar a menores, requiere de una coordinación interinstitucional constante y de una especialización en la investigación.
Fuente información: Comunicaciones PDI
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