Tres cabos del Ejército formalizados por tráfico de más de 11 kilos de marihuana
Una operación de "entrega vigilada", liderada por la Brigada Antinarcóticos de la PDI y la Fiscalía Metropolitana Occidente, culminó con la detención de tres cabos activos del Regimiento Nº 8 Chiloé y un civil en Puerto Aysén. Los imputados fueron sorprendidos al retirar una encomienda que contenía 11.492,5 gramos de marihuana, siendo posteriormente formalizados y quedando dos de ellos en prisión preventiva.
Un importante operativo antinarcóticos dejó al descubierto la participación de funcionarios militares en una red de tráfico de drogas en la Región de Aysén. Tres cabos pertenecientes al Regimiento Nº 8 Chiloé, junto a un cuarto sujeto de civil, fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) tras ser sorprendidos in fraganti retirando un paquete que ocultaba un significativo cargamento de marihuana en una sucursal de la empresa Chilexpress en Puerto Aysén.
La diligencia fue el resultado de un minucioso trabajo de inteligencia coordinado entre la Brigada Antinarcóticos de la PDI y la Fiscalía Metropolitana Occidente. Mediante la figura de una "entrega vigilada" —una técnica investigativa que permite seguir el curso de un envío ilícito bajo supervisión policial y judicial— se logró rastrear la encomienda desde su origen en la ciudad de Chillán hasta su destino final. El paquete contenía un total de 11.492,5 gramos de marihuana, los cuales fueron incautados en el procedimiento.
Tras la detención, los cuatro implicados fueron trasladados al Juzgado de Garantía de Coyhaique para la correspondiente audiencia de formalización de la investigación. En dicha instancia, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para uno de los cabos y para el civil involucrado, por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Para los otros dos funcionarios del Ejército, el juzgado dispuso las medidas de arresto domiciliario total y arraigo nacional mientras dure la investigación.
No obstante, el Ministerio Público, no conforme con la resolución, presentó una apelación verbal en la misma audiencia con el objetivo de que la Corte de Apelaciones revoque la decisión y decrete la prisión preventiva para la totalidad de los imputados. El tribunal fijó un plazo de entre 75 y 90 días para el cierre de la investigación.
Desde el Ejército de Chile, se informó el inicio de un sumario administrativo interno para establecer las responsabilidades correspondientes. A través de un comunicado, la institución reafirmó su total rechazo a cualquier tipo de actividad ilícita y su compromiso de colaborar activamente con las autoridades pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos, subrayando que este tipo de conductas se alejan de los valores y principios del Ejército. Este caso se suma a otros hechos recientes que han puesto en evidencia la preocupante infiltración del narcotráfico en las filas de la institución.
Fuente información: Agencia MI
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Un importante operativo antinarcóticos dejó al descubierto la participación de funcionarios militares en una red de tráfico de drogas en la Región de Aysén. Tres cabos pertenecientes al Regimiento Nº 8 Chiloé, junto a un cuarto sujeto de civil, fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) tras ser sorprendidos in fraganti retirando un paquete que ocultaba un significativo cargamento de marihuana en una sucursal de la empresa Chilexpress en Puerto Aysén.
La diligencia fue el resultado de un minucioso trabajo de inteligencia coordinado entre la Brigada Antinarcóticos de la PDI y la Fiscalía Metropolitana Occidente. Mediante la figura de una "entrega vigilada" —una técnica investigativa que permite seguir el curso de un envío ilícito bajo supervisión policial y judicial— se logró rastrear la encomienda desde su origen en la ciudad de Chillán hasta su destino final. El paquete contenía un total de 11.492,5 gramos de marihuana, los cuales fueron incautados en el procedimiento.
Tras la detención, los cuatro implicados fueron trasladados al Juzgado de Garantía de Coyhaique para la correspondiente audiencia de formalización de la investigación. En dicha instancia, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para uno de los cabos y para el civil involucrado, por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Para los otros dos funcionarios del Ejército, el juzgado dispuso las medidas de arresto domiciliario total y arraigo nacional mientras dure la investigación.
No obstante, el Ministerio Público, no conforme con la resolución, presentó una apelación verbal en la misma audiencia con el objetivo de que la Corte de Apelaciones revoque la decisión y decrete la prisión preventiva para la totalidad de los imputados. El tribunal fijó un plazo de entre 75 y 90 días para el cierre de la investigación.
Desde el Ejército de Chile, se informó el inicio de un sumario administrativo interno para establecer las responsabilidades correspondientes. A través de un comunicado, la institución reafirmó su total rechazo a cualquier tipo de actividad ilícita y su compromiso de colaborar activamente con las autoridades pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos, subrayando que este tipo de conductas se alejan de los valores y principios del Ejército. Este caso se suma a otros hechos recientes que han puesto en evidencia la preocupante infiltración del narcotráfico en las filas de la institución.
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