10.805 nuevos casos de funcionarios públicos que viajaron al extranjero con licencia médica
Un nuevo reporte de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que 10.805 funcionarios públicos de servicios con presencia regional salieron del país durante sus licencias médicas. Estos casos se suman a los 25.078 ya informados en mayo, elevando la cifra total de licencias potencialmente irregulares a más de 40.000. El informe detalla que los viajes se concentraron en el último trimestre de 2023 y 2024, y que los servicios de salud y los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) son los más afectados.
La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer este viernes un nuevo informe que revela la presunta irregularidad en el uso de licencias médicas por parte de 10.805 funcionarios públicos. Según el reporte, estos empleados habrían realizado viajes al extranjero mientras se encontraban en reposo laboral.
La nueva información, contenida en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, podría implicar el uso irregular de un total de 15.257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024. Del total de estas licencias, el 76% corresponde a afiliados de FONASA, mientras que el 24% restante pertenece a ISAPRES.
Este nuevo hallazgo se suma a los 25.078 funcionarios ya detectados y notificados por la CGR el pasado 20 de mayo en el marco del CIC N° 9. En total, entre ambos informes, la cifra de funcionarios públicos investigados por esta irregularidad supera los 35 mil.
El reporte, comprometido por la Contralora General, Dorothy Pérez, en junio de este año ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, detalla que los titulares de las 15.257 licencias habrían ingresado o salido del país en 26.606 oportunidades. Llama la atención que 67 funcionarios registran entre 16 y 30 entradas y/o salidas, mientras que 30 de ellos tienen más de 30 viajes al extranjero en el período analizado. Los viajes se concentraron principalmente en el último trimestre, es decir, entre octubre y diciembre, tanto en 2023 como en 2024.
Los funcionarios involucrados pertenecen a 442 entidades públicas de regiones, siendo los servicios de salud y hospitales los más afectados, con un 67% de los casos. Les siguen los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) con un 15%, las municipalidades y sus corporaciones con un 11%, los establecimientos educacionales con un 4%, y otros servicios con un 3%.
Entre las entidades con mayor número de casos se destacan el Servicio de Salud Magallanes (1.258 licencias), el SLEP Chinchorro (1.065 licencias), el Servicio de Salud del Reloncaví (780 licencias), el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (692 licencias), la Dirección Servicio de Salud Aysén (553 licencias), y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (517 licencias).
Tras la presentación del informe, la Contraloría notificará a las instituciones para que inicien los procedimientos disciplinarios de rigor y remitan las resoluciones al Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) en un plazo de cinco días hábiles. La información también será entregada a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que se tomen las acciones legales correspondientes.
Fuente información: https://www.contraloria.cl/portalweb/web/cgr/-/cic-n-16
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La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer este viernes un nuevo informe que revela la presunta irregularidad en el uso de licencias médicas por parte de 10.805 funcionarios públicos. Según el reporte, estos empleados habrían realizado viajes al extranjero mientras se encontraban en reposo laboral.
La nueva información, contenida en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, podría implicar el uso irregular de un total de 15.257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024. Del total de estas licencias, el 76% corresponde a afiliados de FONASA, mientras que el 24% restante pertenece a ISAPRES.
Este nuevo hallazgo se suma a los 25.078 funcionarios ya detectados y notificados por la CGR el pasado 20 de mayo en el marco del CIC N° 9. En total, entre ambos informes, la cifra de funcionarios públicos investigados por esta irregularidad supera los 35 mil.
El reporte, comprometido por la Contralora General, Dorothy Pérez, en junio de este año ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, detalla que los titulares de las 15.257 licencias habrían ingresado o salido del país en 26.606 oportunidades. Llama la atención que 67 funcionarios registran entre 16 y 30 entradas y/o salidas, mientras que 30 de ellos tienen más de 30 viajes al extranjero en el período analizado. Los viajes se concentraron principalmente en el último trimestre, es decir, entre octubre y diciembre, tanto en 2023 como en 2024.
Los funcionarios involucrados pertenecen a 442 entidades públicas de regiones, siendo los servicios de salud y hospitales los más afectados, con un 67% de los casos. Les siguen los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) con un 15%, las municipalidades y sus corporaciones con un 11%, los establecimientos educacionales con un 4%, y otros servicios con un 3%.
Entre las entidades con mayor número de casos se destacan el Servicio de Salud Magallanes (1.258 licencias), el SLEP Chinchorro (1.065 licencias), el Servicio de Salud del Reloncaví (780 licencias), el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (692 licencias), la Dirección Servicio de Salud Aysén (553 licencias), y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (517 licencias).
Tras la presentación del informe, la Contraloría notificará a las instituciones para que inicien los procedimientos disciplinarios de rigor y remitan las resoluciones al Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) en un plazo de cinco días hábiles. La información también será entregada a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que se tomen las acciones legales correspondientes.
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