"Grave atentado a la libertad de prensa": Colegio de Periodistas condena solicitud de Fiscalía
El Colegio de Periodistas de Chile expresó su "más enérgico repudio" ante una solicitud del Ministerio Público, encabezada por la fiscal Paulina Díaz, que buscaba interceptar los registros telefónicos de once periodistas de diversos medios. La petición, realizada en el marco del "Caso Hermosilla" con el fin de identificar sus fuentes, fue calificada por el gremio como un "grave atentado a la libertad de prensa". La solicitud fue rechazada categóricamente tanto por el 4° Juzgado de Garantía como por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El Consejo Nacional del Colegio de Periodistas de Chile emitió una dura declaración pública condenando la solicitud de la jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, fiscal Paulina Díaz, para acceder a los registros telefónicos de un grupo de once profesionales de la comunicación. El gremio calificó esta acción como un "grave atentado a la libertad de prensa" y un "acto inaceptable de vulneración del secreto de las fuentes periodísticas", considerado un principio esencial del periodismo y del Estado de derecho.
Según el comunicado, la solicitud de la fiscal Díaz buscaba interceptar los registros de llamadas, datos de georreferenciación y tráfico de datos móviles de los comunicadores. El objetivo explícito de esta medida era "identificar sus fuentes en el marco del denominado 'Caso Hermosilla'". La orden profesional señaló que esta medida "constituye una grave amenaza a los derechos fundamentales y a la libertad de prensa, vulnerando compromisos y garantías internacionales suscritas por el Estado de Chile".
Los profesionales afectados por la solicitud de la Fiscalía son: Francisca Skoknic (La Bot), Gabriela Pizarro (ex The Clinic, actual Ciper), Nicolás Cerpa (ex The Clinic), Leslie Ayala (La Tercera), Catalina Olate (Ciper), Benjamín Miranda (Ciper), Francisca Soto (Ciper), Daniel Meza (Ciper), Paulina Toro (Ciper), Macarena Segovia (Ciper) y Nicolás Sepúlveda (ex Ciper y actualmente en Reportea).
El Colegio de Periodistas destacó y valoró la respuesta del Poder Judicial ante esta solicitud. Tanto el 4° Juzgado de Garantía como la Corte de Apelaciones de Santiago "rechazaron categóricamente esta solicitud". Las instancias judiciales argumentaron que las y los periodistas "revisten calidad de terceros o testigos" y que no existía una "mínima convicción" de delito que pudiera justificar una medida tan intrusiva. Esta resolución, según el gremio, "reafirma el carácter constitucional del secreto de las fuentes y protege un pilar fundamental para el ejercicio de la libertad de prensa en Chile".
La entidad gremial recordó que el secreto profesional está consagrado en la legislación chilena, específicamente en la Ley N.° 19.733. Dicha normativa "establece con claridad que las y los periodistas no pueden ser obligados a revelar sus fuentes, ni siquiera por mandato judicial".
Para el Colegio, la acción de la Fiscalía "desconoce el marco legal y ético que protege la labor informativa y atenta contra el derecho de la ciudadanía a estar informada". Advirtieron que promover acciones de este tipo equivale a "amedrentar a la prensa", debilita la función social del periodismo e "instala un precedente peligroso que busca silenciar investigaciones sobre hechos de corrupción e interés público".
Finalmente, la orden expresó su "plena solidaridad con las y los profesionales afectados" y reiteró su compromiso con la defensa del secreto profesional y la libertad de expresión. Concluyeron que "No toleraremos ningún intento de vulnerar estos principios, pilares esenciales de la democracia y del derecho ciudadano a recibir información veraz, plural y oportuna".
El Consejo Nacional del Colegio de Periodistas de Chile emitió una dura declaración pública condenando la solicitud de la jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, fiscal Paulina Díaz, para acceder a los registros telefónicos de un grupo de once profesionales de la comunicación. El gremio calificó esta acción como un "grave atentado a la libertad de prensa" y un "acto inaceptable de vulneración del secreto de las fuentes periodísticas", considerado un principio esencial del periodismo y del Estado de derecho.
Según el comunicado, la solicitud de la fiscal Díaz buscaba interceptar los registros de llamadas, datos de georreferenciación y tráfico de datos móviles de los comunicadores. El objetivo explícito de esta medida era "identificar sus fuentes en el marco del denominado 'Caso Hermosilla'". La orden profesional señaló que esta medida "constituye una grave amenaza a los derechos fundamentales y a la libertad de prensa, vulnerando compromisos y garantías internacionales suscritas por el Estado de Chile".
Los profesionales afectados por la solicitud de la Fiscalía son: Francisca Skoknic (La Bot), Gabriela Pizarro (ex The Clinic, actual Ciper), Nicolás Cerpa (ex The Clinic), Leslie Ayala (La Tercera), Catalina Olate (Ciper), Benjamín Miranda (Ciper), Francisca Soto (Ciper), Daniel Meza (Ciper), Paulina Toro (Ciper), Macarena Segovia (Ciper) y Nicolás Sepúlveda (ex Ciper y actualmente en Reportea).
El Colegio de Periodistas destacó y valoró la respuesta del Poder Judicial ante esta solicitud. Tanto el 4° Juzgado de Garantía como la Corte de Apelaciones de Santiago "rechazaron categóricamente esta solicitud". Las instancias judiciales argumentaron que las y los periodistas "revisten calidad de terceros o testigos" y que no existía una "mínima convicción" de delito que pudiera justificar una medida tan intrusiva. Esta resolución, según el gremio, "reafirma el carácter constitucional del secreto de las fuentes y protege un pilar fundamental para el ejercicio de la libertad de prensa en Chile".
La entidad gremial recordó que el secreto profesional está consagrado en la legislación chilena, específicamente en la Ley N.° 19.733. Dicha normativa "establece con claridad que las y los periodistas no pueden ser obligados a revelar sus fuentes, ni siquiera por mandato judicial".
Para el Colegio, la acción de la Fiscalía "desconoce el marco legal y ético que protege la labor informativa y atenta contra el derecho de la ciudadanía a estar informada". Advirtieron que promover acciones de este tipo equivale a "amedrentar a la prensa", debilita la función social del periodismo e "instala un precedente peligroso que busca silenciar investigaciones sobre hechos de corrupción e interés público".
Finalmente, la orden expresó su "plena solidaridad con las y los profesionales afectados" y reiteró su compromiso con la defensa del secreto profesional y la libertad de expresión. Concluyeron que "No toleraremos ningún intento de vulnerar estos principios, pilares esenciales de la democracia y del derecho ciudadano a recibir información veraz, plural y oportuna".
Fuente información: periodistas.decimasur@gmail.com
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