42 exgendarmes tras las rejas por liderar masiva red de sobornos y tráfico
En una resolución sin precedentes, el 12º Juzgado de Garantía de Santiago dictó la medida cautelar de prisión preventiva para la gran mayoría de los involucrados en la "Operación Apocalipsis". La red, que integraba a decenas de funcionarios públicos, habría movido más de $6.300 millones de pesos mediante el comercio ilícito al interior de las cárceles.
Tras 11 extenuantes jornadas de formalización este 30 de diciembre, el tribunal decretó la prisión preventiva para 62 de los 70 imputados, acogiendo la tesis de la Fiscalía Metropolitana Occidente sobre la peligrosidad de la organización para la seguridad nacional.
La investigación, liderada por el fiscal Marcos Pastén, reveló una compleja "empresa criminal" compuesta por 42 exfuncionarios de Gendarmería, además de civiles y reclusos conocidos como "manilleros". Esta red operaba facilitando el ingreso de drogas, armas y teléfonos celulares a los penales de la Región Metropolitana, cobrando millonarias sumas que, en los últimos tres años, ascendieron a más de $6.300 millones de pesos.
Durante la lectura del fallo, el magistrado desestimó las solicitudes de arresto domiciliario de las defensas, subrayando la gravedad de corromper la función pública desde el interior de las instituciones. "La libertad de los imputados constituye un peligro para el éxito de la investigación y para la sociedad", consignó el dictamen, fijando un plazo de 300 días para el cierre de las diligencias.
La jornada ha estado marcada por el complejo despliegue logístico para trasladar a los 42 exuniformados a recintos especiales. Esta medida busca garantizar su integridad física y evitar contactos con la población penal común que ellos mismos custodiaban hasta hace pocas semanas. Paralelamente, Gendarmería de Chile confirmó la baja inmediata de todos los involucrados que aún mantenían vínculos administrativos.
El escenario proyectado para el inicio de 2026 es de alta tensión. El corte abrupto de los suministros ilícitos que controlaba esta red en penales como Santiago 1 mantiene a las autoridades en alerta máxima ante posibles motines o represalias internas. Se espera que el Ministerio de Justicia anuncie una reingeniería profunda en los controles de contrainteligencia penitenciaria tras este histórico escándalo.
Fuente información: Poder Judicial, La Tercera, BiobioChile, 24 horas.
Tras 11 extenuantes jornadas de formalización este 30 de diciembre, el tribunal decretó la prisión preventiva para 62 de los 70 imputados, acogiendo la tesis de la Fiscalía Metropolitana Occidente sobre la peligrosidad de la organización para la seguridad nacional.
La investigación, liderada por el fiscal Marcos Pastén, reveló una compleja "empresa criminal" compuesta por 42 exfuncionarios de Gendarmería, además de civiles y reclusos conocidos como "manilleros". Esta red operaba facilitando el ingreso de drogas, armas y teléfonos celulares a los penales de la Región Metropolitana, cobrando millonarias sumas que, en los últimos tres años, ascendieron a más de $6.300 millones de pesos.
Durante la lectura del fallo, el magistrado desestimó las solicitudes de arresto domiciliario de las defensas, subrayando la gravedad de corromper la función pública desde el interior de las instituciones. "La libertad de los imputados constituye un peligro para el éxito de la investigación y para la sociedad", consignó el dictamen, fijando un plazo de 300 días para el cierre de las diligencias.
La jornada ha estado marcada por el complejo despliegue logístico para trasladar a los 42 exuniformados a recintos especiales. Esta medida busca garantizar su integridad física y evitar contactos con la población penal común que ellos mismos custodiaban hasta hace pocas semanas. Paralelamente, Gendarmería de Chile confirmó la baja inmediata de todos los involucrados que aún mantenían vínculos administrativos.
El escenario proyectado para el inicio de 2026 es de alta tensión. El corte abrupto de los suministros ilícitos que controlaba esta red en penales como Santiago 1 mantiene a las autoridades en alerta máxima ante posibles motines o represalias internas. Se espera que el Ministerio de Justicia anuncie una reingeniería profunda en los controles de contrainteligencia penitenciaria tras este histórico escándalo.
Fuente información: Poder Judicial, La Tercera, BiobioChile, 24 horas.
