Advierten que nueva Ley de Seguridad podría profundizar brecha urbano-rural
La ONG Campo Seguro valoró la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Municipal, destacando avances como la formalización de la articulación interinstitucional y la protección a funcionarios. No obstante, la organización, a través de su gerente Francisco Muñoz, alertó que la nueva normativa podría agravar la desigualdad en la cobertura de seguridad si no se inyectan recursos públicos adicionales a las comunas de menor tamaño, especialmente en zonas rurales del país.
La organización no gubernamental Campo Seguro emitió una declaración valorando la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Municipal, al considerarla un potencial avance para el fortalecimiento de la prevención del delito en el país. Pese a este reconocimiento, la ONG manifestó su preocupación ante el riesgo de que la normativa profundice las diferencias operativas entre los grandes municipios urbanos y las comunas más pequeñas o de carácter rural, si es que no se acompaña de una inversión pública focalizada.
Si bien la nueva legislación no otorga mayores facultades policiales a los funcionarios municipales de seguridad, sí incorpora elementos que la organización califica como relevantes. Entre ellos se cuentan la formalización de la articulación interinstitucional, el establecimiento de protocolos para el tratamiento de información obtenida mediante sistemas de televigilancia, la posibilidad de contratar a estos equipos bajo el Código del Trabajo y la implementación de nuevas medidas de protección para los equipos de seguridad.
El gerente de Campo Seguro, Francisco Muñoz, reconoció la importancia de la ley, pero con una perspectiva crítica sobre su impacto homogéneo. “Es un avance relevante el reconocimiento y la ecualización de la labor municipal en seguridad que se venía realizando por municipios de mayor envergadura hace más de 20 años”, señaló el ejecutivo. Y agregó la principal advertencia: “Sin embargo, es muy probable que se mantengan las brechas de seguridad entre los municipios de mayores ingresos y los municipios más pequeños, especialmente de comunas rurales”.
Para sustentar su análisis, Muñoz recordó que un estudio sobre seguridad municipal rural, encomendado por la Subsecretaría de Prevención del Delito a la Universidad de O’Higgins, identificó una serie de delitos de alto impacto en estos territorios. La investigación mencionó la violencia intrafamiliar, el tráfico de drogas, los robos en bodegas y predios, el abigeato (robo de ganado) y el robo de producción como los ilícitos más recurrentes. El informe además concluyó que las capacidades de televigilancia y fiscalización en estas zonas son nulas o muy limitadas, contrastando con referentes regionales como México, Colombia, Argentina y Perú.
En este contexto de vulnerabilidad operativa, el gerente de Campo Seguro enfatizó que la nueva legislación debe ir de la mano con una inyección de capital público. Muñoz advirtió que de no ser así, la diferencia de cobertura de seguridad municipal en el país se profundizaría.
“Si no se destinan recursos adicionales a los municipios de menor tamaño y rurales, se profundizará la diferencia de cobertura de seguridad municipal en el país. Esto es especialmente preocupante considerando el arribo de nuevos delitos, como el robo de piezas y partes electrónicas —particularmente cobre— que se suman al ya recurrente abigeato y al robo de insumos y equipamiento”, afirmó Muñoz. La ONG reiteró que la clave para reducir las brechas territoriales y avanzar en la prevención del delito pasa por fortalecer las capacidades locales y asegurar una implementación equilibrada de la ley.
Fuente información: Gonzalo Canales
La organización no gubernamental Campo Seguro emitió una declaración valorando la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Municipal, al considerarla un potencial avance para el fortalecimiento de la prevención del delito en el país. Pese a este reconocimiento, la ONG manifestó su preocupación ante el riesgo de que la normativa profundice las diferencias operativas entre los grandes municipios urbanos y las comunas más pequeñas o de carácter rural, si es que no se acompaña de una inversión pública focalizada.
Si bien la nueva legislación no otorga mayores facultades policiales a los funcionarios municipales de seguridad, sí incorpora elementos que la organización califica como relevantes. Entre ellos se cuentan la formalización de la articulación interinstitucional, el establecimiento de protocolos para el tratamiento de información obtenida mediante sistemas de televigilancia, la posibilidad de contratar a estos equipos bajo el Código del Trabajo y la implementación de nuevas medidas de protección para los equipos de seguridad.
El gerente de Campo Seguro, Francisco Muñoz, reconoció la importancia de la ley, pero con una perspectiva crítica sobre su impacto homogéneo. “Es un avance relevante el reconocimiento y la ecualización de la labor municipal en seguridad que se venía realizando por municipios de mayor envergadura hace más de 20 años”, señaló el ejecutivo. Y agregó la principal advertencia: “Sin embargo, es muy probable que se mantengan las brechas de seguridad entre los municipios de mayores ingresos y los municipios más pequeños, especialmente de comunas rurales”.
Efecto en Zonas Rurales y Nuevas Amenazas
Para sustentar su análisis, Muñoz recordó que un estudio sobre seguridad municipal rural, encomendado por la Subsecretaría de Prevención del Delito a la Universidad de O’Higgins, identificó una serie de delitos de alto impacto en estos territorios. La investigación mencionó la violencia intrafamiliar, el tráfico de drogas, los robos en bodegas y predios, el abigeato (robo de ganado) y el robo de producción como los ilícitos más recurrentes. El informe además concluyó que las capacidades de televigilancia y fiscalización en estas zonas son nulas o muy limitadas, contrastando con referentes regionales como México, Colombia, Argentina y Perú.
En este contexto de vulnerabilidad operativa, el gerente de Campo Seguro enfatizó que la nueva legislación debe ir de la mano con una inyección de capital público. Muñoz advirtió que de no ser así, la diferencia de cobertura de seguridad municipal en el país se profundizaría.
“Si no se destinan recursos adicionales a los municipios de menor tamaño y rurales, se profundizará la diferencia de cobertura de seguridad municipal en el país. Esto es especialmente preocupante considerando el arribo de nuevos delitos, como el robo de piezas y partes electrónicas —particularmente cobre— que se suman al ya recurrente abigeato y al robo de insumos y equipamiento”, afirmó Muñoz. La ONG reiteró que la clave para reducir las brechas territoriales y avanzar en la prevención del delito pasa por fortalecer las capacidades locales y asegurar una implementación equilibrada de la ley.
Fuente información: Gonzalo Canales
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