Concejales solicitan al TER la remoción del alcalde de Coyhaique

Los concejales Ana María Navarrete y Sebastián Vera interpusieron un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Aysén solicitando la remoción del alcalde Carlos Gatica Villegas. La acción legal se fundamenta en acusaciones de notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa, respaldadas por informes de Contraloría que evidenciarían la elusión reiterada de licitaciones públicas y millonarios pagos improcedentes.

Los concejales de Coyhaique, Ana María Navarrete y Sebastián Vera, formalizaron ante el Tribunal Electoral Regional un requerimiento de cese de funciones contra el actual alcalde, Carlos Gatica Villegas. El libelo, patrocinado por el abogado Braulio Sanhueza —jurista con experiencia en procesos de remoción de autoridades comunales—, expone una serie de posibles irregularidades administrativas y financieras que se habrían ejecutado de manera sistemática entre los años 2022 y 2025.

Elusión del sistema de compras públicas

El nudo central de la acusación apunta a un mecanismo reiterado para evitar los procesos de licitación pública que exige la ley. Según los antecedentes presentados, el municipio habría omitido propuestas públicas por un monto nominal cercano a los $6.000 millones de pesos. En su lugar, se habría optado por tratos directos y decretos de pago bajo las figuras de "reconoce" o "regulariza", contraviniendo la normativa de bases sobre contratos administrativos.

Un informe de la Dirección de Control del propio municipio habría detectado que solo entre enero de 2022 y mayo de 2025 se dictaron 471 decretos de este tipo por un total superior a los $4.400 millones, afectando servicios críticos como la recolección de residuos, la operación de plantas de tratamiento de aguas servidas y la mantención de áreas verdes.

El caso "Los Vásquez" y duplicidad de pagos

Uno de los capítulos más detallados en el documento es el relativo a la contratación del grupo musical Los Vásquez. Según la acusación, el municipio pagó $31 millones adicionales mediante trato directo por una presentación que ya estaba incluida y financiada en la licitación del "Festival de la Patagonia", adjudicada previamente por más de $264 millones.

La Contraloría Regional habría advirtido que se pagaron ítems duplicados, como pasajes aéreos, alojamiento y streaming, e incluso servicios que no correspondían a la naturaleza del evento realizado en el Centro Cultural. El órgano contralor señaló que estos hechos podrían incluso revestir caracteres de delito y constituyen un perjuicio patrimonial para las arcas municipales.

Residuos y parquímetros

El requerimiento también detalla eventuales irregularidades en la gestión de residuos domiciliarios, donde la Contraloría estableció que el servicio se ha prestado por particulares sin contratos legalmente celebrados, operando bajo una figura de reconocimiento de deuda que sería irregular.

Asimismo, se cuestiona el término anticipado del contrato de parquímetros, adoptado sin contar con la autorización previa del Concejo Municipal. Esta actuación habría generado un daño patrimonial superior a los $83 millones por ingresos que el municipio dejó de percibir durante un periodo de seis meses.

Declaraciones

Los concejales requirentes enfatizaron que la acción busca resguardar la probidad y el correcto uso de los recursos públicos. "Esta no es una decisión fácil, pero tengo la certeza de que estamos en lo correcto", señaló la concejala Ana María Navarrete. Por su parte, el concejal Sebastián Vera agregó que "existen pruebas suficientes para presentar este requerimiento" y que la comunidad siente un desgaste ante las constantes irregularidades.

Según los denunciantes la Contraloría General de la República ya determinó previamente la responsabilidad administrativa del alcalde Gatica en un proceso sumarial, resolución que fue impugnada por la autoridad pero finalmente ratificada por la Corte Suprema.

Fuente información: Christian Peschke