Fiscalía pide 8 años de presidio para empresario por daño ambiental

Fiscalía pide 8 años de presidio para empresario por daño ambiental
La Fiscalía Regional de Los Ríos presentó una acusación formal contra un empresario por daño ambiental calificado en el sector Yeco, comuna de Mariquina. El Ministerio Público solicita una pena de 8 años de presidio y una multa de $1.700 millones, tras la intervención de un humedal prioritario para la biodiversidad entre 2023 y 2024.

La Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la Fiscalía Regional de Los Ríos dio un paso decisivo en la persecución de delitos ecológicos al presentar la acusación en contra de un empresario local. El tribunal de garantía de Mariquina realizó ayer la audiencia de preparación de juicio oral, marcando un hito judicial para la zona.

Según los antecedentes presentados por el ente persecutor, los hechos ocurrieron entre fines de 2023 y febrero de 2024. El acusado habría intervenido un cerro en el sector Yeco, procediendo a la remoción total de la capa vegetal y la extracción de material. Dichos áridos fueron utilizados posteriormente para rellenar un humedal a orillas del río Lingue, área resguardada por la Seremi de Medio Ambiente de Los Ríos como sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.

Fiscalía pide 8 años de presidio para empresario por daño ambiental

Debido a que las acciones generaron consecuencias que la fiscalía califica como "irreversibles en el ecosistema afectado", se ha solicitado una pena de 8 años de presidio efectivo y el pago de una multa ascendente a 24 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), cifra que se traduce en aproximadamente $1.700 millones de pesos.

Este proceso destaca por ser el primer juicio oral en la Región de Los Ríos bajo la nueva normativa de delitos ambientales, vigente en el ordenamiento jurídico nacional desde agosto de 2023. La complejidad de la investigación requirió el trabajo conjunto de organismos técnicos como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Sernageomin, Conaf, y las direcciones de Obras y Medio Ambiente de la Municipalidad de Mariquina.

Asimismo, el caso contó con peritajes especializados de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales (Bidema) de la PDI, cuyos informes fueron fundamentales para sustentar la acusación de daño ambiental calificado que ahora pasará a ser conocida por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal respectivo.

Fuente información: Comunicaciones Fiscalía
Siguiente Anterior
*****