Formalizan primer caso de daño ambiental por áridos bajo la nueva normativa penal

La Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente de la Fiscalía Regional de Los Ríos formalizó hoy una investigación contra un empresario de Río Bueno por daño ambiental. El Ministerio Público le imputa la extracción ilegal de áridos sin someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), marcando un hito regional en la aplicación de la nueva legislación penal que endurece las sanciones para este tipo de ilícitos.

RÍO BUENO.– En una audiencia que marca un punto de inflexión para la persecución penal en la Región de Los Ríos, la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la Fiscalía comunicó el inicio de una investigación formal contra un empresario local por su presunta responsabilidad en el delito de daño ambiental.

Según los antecedentes expuestos ante el Juzgado de Garantía de Río Bueno, los hechos ocurrieron entre agosto de 2023 y julio de 2024. En dicho periodo, el imputado habría ejecutado faenas de extracción de áridos en una magnitud tal que la normativa exigía obligatoriamente un Estudio de Impacto Ambiental, requisito que fue omitido por completo.

Contexto Legal: El peso de la Ley 21.595

La relevancia de este caso radica en la aplicación de la Ley 21.595 sobre Delitos Económicos y Ambientales, normativa que sistematizó y endureció las penas para los atentados contra el entorno.

Bajo este marco legal, conductas que antes podían resolverse meramente con sanciones administrativas (multas), hoy constituyen delitos penales. Específicamente, el caso se encuadraría en el Artículo 305 del Código Penal, que sanciona a quien eluda el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y extraiga componentes del suelo o subsuelo.

Al tratarse de una operación que requería un Estudio (y no solo una Declaración), la legislación actual contempla penas que podrían oscilar entre presidio menor en su grado medio a máximo (desde 541 días a 5 años de cárcel), además de multas sustanciales y el posible comiso de las ganancias obtenidas ilícitamente.

Diligencias y medidas cautelares

Para sustentar la imputación técnica, la Fiscalía de Los Ríos instruyó diligencias especializadas a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI). Asimismo, el proceso cuenta con la participación activa de organismos fiscalizadores, como la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Tras escuchar los argumentos del ente persecutor, el Tribunal decretó la medida cautelar de firma mensual para el imputado y fijó un plazo de investigación de 120 días, tiempo durante el cual se realizarán los peritajes necesarios para determinar la extensión exacta del daño al ecosistema fluvial de la zona.

Fuente información: Comunicaciones Fiscalía