Ley de Seguridad Municipal: Nuevas facultades de contratación y coordinación con policías
Tras la aprobación en el Congreso de la Ley de Seguridad Municipal, Francisco Muñoz, gerente de Campo Seguro, analizó los alcances de la normativa en entrevista con País Lobo Prensa. Aunque valora la profesionalización de los guardias y la coordinación con Fiscalía, advierte sobre la falta de recursos directos y los desafíos específicos del mundo rural, donde la violencia intrafamiliar lidera las cifras delictuales.
La Cámara de Diputados aprobó recientemente la nueva legislación que regula la seguridad municipal, un ámbito que, según Francisco Muñoz, operaba de facto hace más de dos décadas en las grandes comunas. Se espera que la ley sea promulgada por el Presidente de la República y publicada en el Diario Oficial durante diciembre o enero, quedando pendiente la elaboración de un reglamento por parte de los Ministerios de Seguridad e Interior para su implementación operativa.
Entre las principales innovaciones, la normativa permite a los municipios contratar guardias bajo el Código del Trabajo, superando las limitaciones de cupos del estatuto administrativo. Asimismo, se busca mejorar el enlace entre municipios, Carabineros y Fiscalía, especialmente en la gestión de pruebas audiovisuales (cámaras) para la persecución penal.
Muñoz enfatizó una preocupación central respecto a la implementación: la disparidad de recursos entre grandes urbes y zonas rurales. "Las capacidades que tiene la comuna de Osorno son muy superiores al resto de las seis comunas de la provincia", señaló, advirtiendo el riesgo de que se aumente la "brecha de seguridad" en localidades que dependen de fondos externos.
El experto aclaró que esta ley general no incluye recursos directos, los cuales dependen de la Ley de Presupuestos anual o de la voluntad política local para usar fondos como los del Royalty Minero.
Un estudio reciente citado por Muñoz revela que la realidad delictual en zonas rurales difiere de la urbana. El orden de prelación de delitos en estas áreas lo encabeza la violencia intrafamiliar, seguida por tráfico de drogas y consumo de alcohol, situando a los delitos agropecuarios (abigeato) en un cuarto lugar.
Respecto a la seguridad de los funcionarios, aunque la ley exige elementos de protección como cascos y chalecos antibalísticos, Muñoz criticó la falta de medios disuasivos más efectivos: "Lamentablemente no se consideraron algunas armas no letales como las pistolas Taser (...) hay mucha diferencia de fuerza entre el delincuente que porta armas versus un guardia".
Finalmente, se destacaron los resultados locales: Osorno registró una reducción del 29% en la comisión de delitos en el último trimestre, gracias al trabajo de la Fiscalía FOCO y la condena de tres bandas dedicadas al abigeato. Muñoz cerró haciendo un llamado a la denuncia oportuna para facilitar la persecución penal.
Fuente información: Rocío Gambra
La Cámara de Diputados aprobó recientemente la nueva legislación que regula la seguridad municipal, un ámbito que, según Francisco Muñoz, operaba de facto hace más de dos décadas en las grandes comunas. Se espera que la ley sea promulgada por el Presidente de la República y publicada en el Diario Oficial durante diciembre o enero, quedando pendiente la elaboración de un reglamento por parte de los Ministerios de Seguridad e Interior para su implementación operativa.
Entre las principales innovaciones, la normativa permite a los municipios contratar guardias bajo el Código del Trabajo, superando las limitaciones de cupos del estatuto administrativo. Asimismo, se busca mejorar el enlace entre municipios, Carabineros y Fiscalía, especialmente en la gestión de pruebas audiovisuales (cámaras) para la persecución penal.
Muñoz enfatizó una preocupación central respecto a la implementación: la disparidad de recursos entre grandes urbes y zonas rurales. "Las capacidades que tiene la comuna de Osorno son muy superiores al resto de las seis comunas de la provincia", señaló, advirtiendo el riesgo de que se aumente la "brecha de seguridad" en localidades que dependen de fondos externos.
El experto aclaró que esta ley general no incluye recursos directos, los cuales dependen de la Ley de Presupuestos anual o de la voluntad política local para usar fondos como los del Royalty Minero.
Un estudio reciente citado por Muñoz revela que la realidad delictual en zonas rurales difiere de la urbana. El orden de prelación de delitos en estas áreas lo encabeza la violencia intrafamiliar, seguida por tráfico de drogas y consumo de alcohol, situando a los delitos agropecuarios (abigeato) en un cuarto lugar.
Respecto a la seguridad de los funcionarios, aunque la ley exige elementos de protección como cascos y chalecos antibalísticos, Muñoz criticó la falta de medios disuasivos más efectivos: "Lamentablemente no se consideraron algunas armas no letales como las pistolas Taser (...) hay mucha diferencia de fuerza entre el delincuente que porta armas versus un guardia".
Finalmente, se destacaron los resultados locales: Osorno registró una reducción del 29% en la comisión de delitos en el último trimestre, gracias al trabajo de la Fiscalía FOCO y la condena de tres bandas dedicadas al abigeato. Muñoz cerró haciendo un llamado a la denuncia oportuna para facilitar la persecución penal.
Fuente información: Rocío Gambra
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