Polémica por "Norma de Amarre": Oposición acusa blindaje de funcionarios
En las últimas 36 horas, la tramitación de la Ley de Reajuste del Sector Público para 2026 ha derivado en un intenso conflicto entre La Moneda y la oposición. Pese al acuerdo económico del 3,4%, la inclusión de una norma que exige un "acto administrativo fundado" para la no renovación de contratas ha sido calificada como una maniobra para atar de manos a la próxima administración, detonando amenazas de recurrir al Tribunal Constitucional.
Lo que debía ser un trámite expedito tras el acuerdo sellado entre el Ministerio de Hacienda y la Mesa del Sector Público (MSP), se ha transformado en el último gran gallito político del año. Si bien el guarismo de reajuste salarial nominal fue fijado en un 3,4% para 2026, el foco de la discusión se trasladó rápidamente a la letra chica del proyecto: las nuevas exigencias para la desvinculación de funcionarios públicos.
La controversia radica en la denominada "Norma de Amarre". Según el texto ingresado por el Ejecutivo el pasado 18 de diciembre, la no renovación de funcionarios a contrata en ministerios y servicios ya no podrá efectuarse mediante una mera notificación de término. La nueva disposición obliga a la autoridad a emitir un acto administrativo fundado, que detalle hechos y argumentos jurídicos específicos, elevando el estándar probatorio y dificultando, en la práctica, los despidos.
Esta cláusula ha generado la reacción inmediata del bloque de senadores de oposición, quienes han intensificado su ofensiva para bloquear el artículo. Argumentan que la medida busca "blindar" a operadores políticos instalados en el aparato estatal, impidiendo al gobierno que asume en marzo de 2026 instalar sus propios equipos de confianza o reducir la dotación fiscal. Los legisladores han calificado la iniciativa de "inaceptable" e "irresponsable" en un contexto de transición política.
Ante la escalada del conflicto, el Gobierno salió esta mañana a contener las críticas. La Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, descartó tajantemente las acusaciones de intervencionismo de última hora.
En una declaración emitida este viernes, la vocera enfatizó que la medida "en ningún caso es un amarre". Según Vallejo, el objetivo de la norma es proteger la función pública de la arbitrariedad política, alineando la legislación con los recientes dictámenes de Contraloría y la jurisprudencia de los tribunales.
El escenario para las próximas horas es complejo. Se prevé que la Sala del Senado enfrente una votación crítica, donde es altamente probable que la oposición solicite la votación separada del artículo de "estabilidad laboral".
De aprobarse la norma con mayoría simple gracias a los votos oficialistas, la oposición ya ha notificado que hará reserva de constitucionalidad. Esto podría llevar la "Norma de Amarre" ante el Tribunal Constitucional en enero de 2026, judicializando el proceso de traspaso de mando administrativo previsto para marzo.
Fuente información: Agencia MI
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Lo que debía ser un trámite expedito tras el acuerdo sellado entre el Ministerio de Hacienda y la Mesa del Sector Público (MSP), se ha transformado en el último gran gallito político del año. Si bien el guarismo de reajuste salarial nominal fue fijado en un 3,4% para 2026, el foco de la discusión se trasladó rápidamente a la letra chica del proyecto: las nuevas exigencias para la desvinculación de funcionarios públicos.
La controversia radica en la denominada "Norma de Amarre". Según el texto ingresado por el Ejecutivo el pasado 18 de diciembre, la no renovación de funcionarios a contrata en ministerios y servicios ya no podrá efectuarse mediante una mera notificación de término. La nueva disposición obliga a la autoridad a emitir un acto administrativo fundado, que detalle hechos y argumentos jurídicos específicos, elevando el estándar probatorio y dificultando, en la práctica, los despidos.
Esta cláusula ha generado la reacción inmediata del bloque de senadores de oposición, quienes han intensificado su ofensiva para bloquear el artículo. Argumentan que la medida busca "blindar" a operadores políticos instalados en el aparato estatal, impidiendo al gobierno que asume en marzo de 2026 instalar sus propios equipos de confianza o reducir la dotación fiscal. Los legisladores han calificado la iniciativa de "inaceptable" e "irresponsable" en un contexto de transición política.
Ante la escalada del conflicto, el Gobierno salió esta mañana a contener las críticas. La Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, descartó tajantemente las acusaciones de intervencionismo de última hora.
En una declaración emitida este viernes, la vocera enfatizó que la medida "en ningún caso es un amarre". Según Vallejo, el objetivo de la norma es proteger la función pública de la arbitrariedad política, alineando la legislación con los recientes dictámenes de Contraloría y la jurisprudencia de los tribunales.
El escenario para las próximas horas es complejo. Se prevé que la Sala del Senado enfrente una votación crítica, donde es altamente probable que la oposición solicite la votación separada del artículo de "estabilidad laboral".
De aprobarse la norma con mayoría simple gracias a los votos oficialistas, la oposición ya ha notificado que hará reserva de constitucionalidad. Esto podría llevar la "Norma de Amarre" ante el Tribunal Constitucional en enero de 2026, judicializando el proceso de traspaso de mando administrativo previsto para marzo.
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