CFA y Contraloría alertan dudas por financiamiento de reajuste y estabilidad de contratas
Diputados de la Comisión de Hacienda manifestaron preocupación tras las exposiciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y la Contraloría General de la República. El CFA advirtió que US$822 millones del costo total del reajuste no están explicados explícitamente, mientras que la Contraloría cuestionó normas sobre la renovación de contratas y las restricciones a sus atribuciones de fiscalización en el proyecto de ley.
Con preocupación recibieron las y los diputados de la Comisión de Hacienda las exposiciones de la Contraloría General de la República y del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto del proyecto que otorga un reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, así como otros beneficios y compromisos del Estado chileno.
La presidenta del CFA, Paula Benavides, revisó las diversas vías de financiamiento informadas por el Ejecutivo. En dicho contexto, advirtió que, de los US$1.668 millones que costaría el conjunto de la iniciativa, existirían US$822 millones no explicados explícitamente. Según el organismo, esto representaría un esfuerzo mayor que debería provenir de:
Respecto a las normas de empleo, la contralora Dorothy Pérez alertó sobre la disposición que fija criterios para la no renovación de las contratas, señalando que: "desde siempre las contratas han sido consideradas como transitorias y terminan por el solo ministerio de la ley el 31 de diciembre de cada año". A juicio de la autoridad, la medida afecta la carrera funcionaria y restringe atribuciones de la Contraloría, por lo que llamó a votar el punto con quórum especial.
En el debate parlamentario, el diputado Felipe Donoso remarcó que "existe la obligación de entregar proyectos financiados", mientras que Ricardo Cifuentes enfatizó que "es abrumadora la cantidad de argumentos que generan dudas sobre el financiamiento". No obstante, tanto Cifuentes como Carlos Bianchi coincidieron en que se debe aclarar el origen de los fondos sin perjudicar el reajuste de los trabajadores. "Tengo la convicción de no hacer que paguen los funcionarios públicos", sentenció Bianchi.
Finalmente, las diputadas Camila Rojas y Gael Yeomans calificaron como complejo legislar sobre estabilidad laboral en una ley miscelánea, mientras que el diputado Agustín Romero sostuvo que la falta de claridad financiera quedó refrendada por el CFA. Por su parte, Alexis Sepúlveda instó a sincerar qué cargos son realmente de confianza para evitar conflictos en cada cambio de administración.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
Con preocupación recibieron las y los diputados de la Comisión de Hacienda las exposiciones de la Contraloría General de la República y del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto del proyecto que otorga un reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, así como otros beneficios y compromisos del Estado chileno.
La presidenta del CFA, Paula Benavides, revisó las diversas vías de financiamiento informadas por el Ejecutivo. En dicho contexto, advirtió que, de los US$1.668 millones que costaría el conjunto de la iniciativa, existirían US$822 millones no explicados explícitamente. Según el organismo, esto representaría un esfuerzo mayor que debería provenir de:
- Reasignaciones presupuestarias.
- Un mayor uso de las provisiones del Tesoro Público.
Respecto a las normas de empleo, la contralora Dorothy Pérez alertó sobre la disposición que fija criterios para la no renovación de las contratas, señalando que: "desde siempre las contratas han sido consideradas como transitorias y terminan por el solo ministerio de la ley el 31 de diciembre de cada año". A juicio de la autoridad, la medida afecta la carrera funcionaria y restringe atribuciones de la Contraloría, por lo que llamó a votar el punto con quórum especial.
En el debate parlamentario, el diputado Felipe Donoso remarcó que "existe la obligación de entregar proyectos financiados", mientras que Ricardo Cifuentes enfatizó que "es abrumadora la cantidad de argumentos que generan dudas sobre el financiamiento". No obstante, tanto Cifuentes como Carlos Bianchi coincidieron en que se debe aclarar el origen de los fondos sin perjudicar el reajuste de los trabajadores. "Tengo la convicción de no hacer que paguen los funcionarios públicos", sentenció Bianchi.
Finalmente, las diputadas Camila Rojas y Gael Yeomans calificaron como complejo legislar sobre estabilidad laboral en una ley miscelánea, mientras que el diputado Agustín Romero sostuvo que la falta de claridad financiera quedó refrendada por el CFA. Por su parte, Alexis Sepúlveda instó a sincerar qué cargos son realmente de confianza para evitar conflictos en cada cambio de administración.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
