Contraloría detecta contrataciones de inhabilitados en Puerto Montt y Puyehue
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que las municipalidades de Puerto Montt y Puyehue forman parte de un listado de 33 instituciones nacionales con personal inhabilitado para trabajar con menores, activando sumarios y medidas disciplinarias inmediatas en la zona.
La Contraloría General de la República dio a conocer el decimonoveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), un documento que ha encendido las alarmas en la Región de Los Lagos. Según el informe, las municipalidades de Puerto Montt y Puyehue se encuentran entre las entidades que, durante el año 2025, habrían mantenido contratadas a personas inhabilitadas para ejercer funciones que impliquen contacto directo con niños, niñas o adolescentes.
El reporte detalló un total de 35 casos similares a nivel país, afectando a municipios, servicios de salud y corporaciones educativas. A nivel histórico, el órgano contralor especificó que entre el año 2020 y agosto de 2025, se han contabilizado 164 casos de personas inhabilitadas en 72 instituciones del Estado. Esta situación vulnera los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, que prohíben estrictamente el ejercicio de cargos públicos a condenados por delitos sexuales contra menores.
En el caso específico de la capital regional, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, confirmó a El Llanquihue la veracidad de la información, aclarando que se trata de un docente de un liceo local. "Era un funcionario que venía de la gestión anterior. Una vez que fuimos notificados por el tribunal el año pasado, iniciamos un sumario, lo suspendimos de sus funciones y se decidió sacarlo de la Municipalidad", explicó la autoridad, añadiendo que se espera la firma del finiquito del exfuncionario.
Por su parte, el director jurídico del municipio, Osvaldo Emhart, según señala El Llanquihue, ofició a la Contraloría para determinar si existen más casos ocultos en la planilla municipal. En paralelo, la concejala Bárbara Cáceres solicitó esclarecer por qué las jefaturas correspondientes no revisaron los antecedentes preventivamente, enfatizando la gravedad de que instituciones financiadas con recursos públicos no garanticen la protección de los menores.
La Contraloría ha otorgado un plazo máximo de cinco días hábiles para que todas las entidades involucradas reporten las acciones correctivas tomadas y den cumplimiento inmediato a la normativa de protección de derechos fundamentales de la infancia.
Fuente información: Diario El Llanquihue / Periodista Carlos Ilabaca
La Contraloría General de la República dio a conocer el decimonoveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), un documento que ha encendido las alarmas en la Región de Los Lagos. Según el informe, las municipalidades de Puerto Montt y Puyehue se encuentran entre las entidades que, durante el año 2025, habrían mantenido contratadas a personas inhabilitadas para ejercer funciones que impliquen contacto directo con niños, niñas o adolescentes.
El reporte detalló un total de 35 casos similares a nivel país, afectando a municipios, servicios de salud y corporaciones educativas. A nivel histórico, el órgano contralor especificó que entre el año 2020 y agosto de 2025, se han contabilizado 164 casos de personas inhabilitadas en 72 instituciones del Estado. Esta situación vulnera los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, que prohíben estrictamente el ejercicio de cargos públicos a condenados por delitos sexuales contra menores.
En el caso específico de la capital regional, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, confirmó a El Llanquihue la veracidad de la información, aclarando que se trata de un docente de un liceo local. "Era un funcionario que venía de la gestión anterior. Una vez que fuimos notificados por el tribunal el año pasado, iniciamos un sumario, lo suspendimos de sus funciones y se decidió sacarlo de la Municipalidad", explicó la autoridad, añadiendo que se espera la firma del finiquito del exfuncionario.
Por su parte, el director jurídico del municipio, Osvaldo Emhart, según señala El Llanquihue, ofició a la Contraloría para determinar si existen más casos ocultos en la planilla municipal. En paralelo, la concejala Bárbara Cáceres solicitó esclarecer por qué las jefaturas correspondientes no revisaron los antecedentes preventivamente, enfatizando la gravedad de que instituciones financiadas con recursos públicos no garanticen la protección de los menores.
La Contraloría ha otorgado un plazo máximo de cinco días hábiles para que todas las entidades involucradas reporten las acciones correctivas tomadas y den cumplimiento inmediato a la normativa de protección de derechos fundamentales de la infancia.
Fuente información: Diario El Llanquihue / Periodista Carlos Ilabaca
