CPLT: Millonarios gastos de protocolo sin respaldo en Presidencia y organismos públicos
Una reciente fiscalización extraordinaria del Consejo para la Transparencia ha expuesto serias brechas en la rendición de cuentas del sector público, detectando que casi un cuarto de los gastos de representación y protocolo ejecutados en 2024 carecen de la información necesaria para identificar su destino real.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó los resultados de una auditoría exhaustiva realizada en 2025, la cual abarcó a 419 instituciones públicas de la Administración Central y gobiernos regionales. El objetivo fue analizar el nivel de acceso a la información sobre los gastos de protocolo y ceremonial ejecutados durante el año anterior. Si bien 158 organismos informaron haber realizado este tipo de desembolsos, que en conjunto sumaron $3.428 millones, el proceso detectó que existen falencias estructurales que impiden un escrutinio ciudadano completo. En este sentido, el informe reveló que 95 organismos, equivalentes al 23% del total, incumplieron su obligación de informar correctamente, ya sea por no habilitar la sección obligatoria de transparencia activa o por omitir el mensaje que clarifique la no ejecución de recursos en este ítem.
Uno de los hallazgos más preocupantes radica en la calidad de la información entregada. El Consejo constató que existen $781 millones —casi una cuarta parte del gasto total reportado— cuyo uso no es posible identificar con claridad. Esta opacidad se debe a descripciones genéricas o antecedentes incompletos que imposibilitan conocer qué actividad específica fue financiada con el erario público. A lo anterior se suma que se hallaron registros por $221 millones donde no se logra determinar qué bien o servicio fue contratado, dado que ni la glosa del gasto ni los documentos adjuntos entregan los datos suficientes para su comprensión.
Al profundizar en los organismos con mayores montos sin actividad identificada, destacan entidades del más alto nivel de la Administración Central. En primer lugar, la Presidencia de la República presenta registros informados bajo conceptos como "servicios audiovisuales", "arriendo de sillas" o "arriendo de microfonía", sin detallar la actividad que justificó dichos gastos y con enlaces a procesos de compra que no aclaran el contexto. En segundo lugar, se señala a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, donde figuran descripciones como "arreglos florales" o "abarrotes para gabinete" sin la precisión requerida. Asimismo, en la Armada de Chile se detectaron gastos bajo etiquetas amplias como "evento protocolar para atenciones" o "reunión de trabajo", respaldados por documentación insuficiente para transparentar el servicio adquirido.
Frente a esta situación, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, fue enfática al declarar: "La ejecución presupuestaria de los distintos organismos públicos constituye un deber de transparencia activa, cuyo cumplimiento no es opcional. Cuando la información relativa al destino, objetivo y uso de los recursos públicos es vaga o incompleta, no se puede realizar un control adecuado respecto del buen uso de los recursos de todos los chilenos". González añadió que, aunque estos gastos están autorizados por el marco legal, deben ser excepcionales y estar plenamente justificados ante la ciudadanía.
Bajo esta premisa, el análisis del destino de los recursos durante 2024 evidenció que los mayores montos se concentraron en la producción de eventos (36%), seguidos por servicios de banquetería y coffee break (16%) y el arriendo de equipos audiovisuales (10%). En cuanto al propósito de estos fondos, la destinación a ceremonias, inauguraciones y conmemoraciones representó un 43% del gasto total. Ante estos resultados, el CPLT anunció que oficiará a los organismos incumplidores y remitirá los antecedentes a las Comisiones de Hacienda del Congreso, a la Dirección de Presupuestos y a la Contraloría General de la República, entre otras instituciones, para exigir mejoras en la claridad y calidad de la información pública.
Fuente: comunicaciones@mailing.consejotransparencia.cl
El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó los resultados de una auditoría exhaustiva realizada en 2025, la cual abarcó a 419 instituciones públicas de la Administración Central y gobiernos regionales. El objetivo fue analizar el nivel de acceso a la información sobre los gastos de protocolo y ceremonial ejecutados durante el año anterior. Si bien 158 organismos informaron haber realizado este tipo de desembolsos, que en conjunto sumaron $3.428 millones, el proceso detectó que existen falencias estructurales que impiden un escrutinio ciudadano completo. En este sentido, el informe reveló que 95 organismos, equivalentes al 23% del total, incumplieron su obligación de informar correctamente, ya sea por no habilitar la sección obligatoria de transparencia activa o por omitir el mensaje que clarifique la no ejecución de recursos en este ítem.
Uno de los hallazgos más preocupantes radica en la calidad de la información entregada. El Consejo constató que existen $781 millones —casi una cuarta parte del gasto total reportado— cuyo uso no es posible identificar con claridad. Esta opacidad se debe a descripciones genéricas o antecedentes incompletos que imposibilitan conocer qué actividad específica fue financiada con el erario público. A lo anterior se suma que se hallaron registros por $221 millones donde no se logra determinar qué bien o servicio fue contratado, dado que ni la glosa del gasto ni los documentos adjuntos entregan los datos suficientes para su comprensión.
Al profundizar en los organismos con mayores montos sin actividad identificada, destacan entidades del más alto nivel de la Administración Central. En primer lugar, la Presidencia de la República presenta registros informados bajo conceptos como "servicios audiovisuales", "arriendo de sillas" o "arriendo de microfonía", sin detallar la actividad que justificó dichos gastos y con enlaces a procesos de compra que no aclaran el contexto. En segundo lugar, se señala a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, donde figuran descripciones como "arreglos florales" o "abarrotes para gabinete" sin la precisión requerida. Asimismo, en la Armada de Chile se detectaron gastos bajo etiquetas amplias como "evento protocolar para atenciones" o "reunión de trabajo", respaldados por documentación insuficiente para transparentar el servicio adquirido.
Frente a esta situación, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, fue enfática al declarar: "La ejecución presupuestaria de los distintos organismos públicos constituye un deber de transparencia activa, cuyo cumplimiento no es opcional. Cuando la información relativa al destino, objetivo y uso de los recursos públicos es vaga o incompleta, no se puede realizar un control adecuado respecto del buen uso de los recursos de todos los chilenos". González añadió que, aunque estos gastos están autorizados por el marco legal, deben ser excepcionales y estar plenamente justificados ante la ciudadanía.
Bajo esta premisa, el análisis del destino de los recursos durante 2024 evidenció que los mayores montos se concentraron en la producción de eventos (36%), seguidos por servicios de banquetería y coffee break (16%) y el arriendo de equipos audiovisuales (10%). En cuanto al propósito de estos fondos, la destinación a ceremonias, inauguraciones y conmemoraciones representó un 43% del gasto total. Ante estos resultados, el CPLT anunció que oficiará a los organismos incumplidores y remitirá los antecedentes a las Comisiones de Hacienda del Congreso, a la Dirección de Presupuestos y a la Contraloría General de la República, entre otras instituciones, para exigir mejoras en la claridad y calidad de la información pública.
Fuente: comunicaciones@mailing.consejotransparencia.cl
