La emergencia de la vivienda
Por Matías Domeyko
Sociólogo y excandidato a diputado.
El acceso a la vivienda es uno de los principales desafíos que enfrentará el próximo gobierno, que ahora se suma a reconstruir los sectores afectados y abandonados tras los incendios. El asunto de la vivienda está directamente ligado a la posibilidad de que las personas puedan proyectar una vida familiar y salir adelante, especialmente los más jóvenes, en un contexto marcado además por una profunda crisis de natalidad. No poder acceder a una vivienda propia o perderla por incapacidad financiera genera desesperanza y desvelo en los chilenos.
El déficit habitacional en Chile se estima cercano al millón de viviendas, según cifras de Techo, Déficit Cero y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Según el Balance de la CChC en 2023, más del 20% de este se concentra en la macrozona sur. En la Región de Los Lagos existen actualmente más de 34 mil requerimientos habitacionales, a lo que se suman más de 1.600 familias en asentamientos irregulares, cerca de 700 personas en situación de calle y más de 49 mil familias que demandarán una vivienda al año 2035. En total, se requerirán alrededor de 90 mil viviendas en la próxima década, unas 9 mil por año aproximadamente en la región. En la Provincia de Osorno, la Casen 2022 identificó cerca de 13 mil requerimientos habitacionales. Aunque entre 2017 y 2022 en Osorno disminuyeron los requerimientos por hacinamiento y viviendas irrecuperables, aumentaron de forma significativa los de allegados por incapacidad financiera. Esto demuestra que hay una generación que perdió el acceso al “sueño de la casa propia”, fenómeno que hoy es transversal a casi todos los sectores sociales. Para agregar más pelos a la sopa, un estudio de 2024 de la Universidad San Sebastián y la inmobiliaria Tinsa reveló que en ciudades como Osorno, Puerto Montt y Puerto Varas el acceso a la vivienda es incluso más difícil que en Santiago. Las causas son múltiples: encarecimiento de la construcción, aumento en las tasas de los créditos, desempleo y, por sobre todo, escasez de suelo, lo que encarece la oferta.
Enfrentar esta crisis requiere gestión y decisión política. Si bien la permisología sobreideologizada también juega un rol en ralentizar y encarecer la construcción, hay mucho que sí se encuentra al alcance del Poder Ejecutivo, más allá del apoyo del Congreso. Parte importante de las normativas ambientales en Chile son razonables; el problema está la falta de certeza que supone su aplicación y en los plazos. El Ministerio del Medio Ambiente tendrá un rol clave en acelerar procesos sin retroceder en estándares, mientras que el Ministerio de Vivienda en liderar una estrategia que aumente la oferta de suelo y viviendas disponibles.
La vivienda es una de las principales prioridades de este Gobierno de Emergencia. La sostenibilidad y cuidado del patrimonio natural representan valores que hoy sí son importantes, pero dicha “sostenibilidad solo se sostiene” si el ser humano está en el centro del debate. Un modelo de desarrollo que permita una convivencia sostenible debe permitir que nuestros compatriotas recuperen el “sueño de la casa propia” (¡y también en nuestra región!). La tarea urgente es alivianar la incertidumbre a la construcción y generar oferta de suelo para que la mayor cantidad de personas puedan alcanzar la vivienda a través de sus propios medios. Solo así el Estado podrá recuperar su capacidad de priorizar para dirigir los recursos a quienes más lo necesitan, volviendo a poner el foco en superar los campamentos y en entregar una solución a las familias que esperan incansablemente en los comités, porque verdaderamente no pueden resolver el problema de otro modo.
Fuente: m.domeykop@gmail.com
El acceso a la vivienda es uno de los principales desafíos que enfrentará el próximo gobierno, que ahora se suma a reconstruir los sectores afectados y abandonados tras los incendios. El asunto de la vivienda está directamente ligado a la posibilidad de que las personas puedan proyectar una vida familiar y salir adelante, especialmente los más jóvenes, en un contexto marcado además por una profunda crisis de natalidad. No poder acceder a una vivienda propia o perderla por incapacidad financiera genera desesperanza y desvelo en los chilenos.
El déficit habitacional en Chile se estima cercano al millón de viviendas, según cifras de Techo, Déficit Cero y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Según el Balance de la CChC en 2023, más del 20% de este se concentra en la macrozona sur. En la Región de Los Lagos existen actualmente más de 34 mil requerimientos habitacionales, a lo que se suman más de 1.600 familias en asentamientos irregulares, cerca de 700 personas en situación de calle y más de 49 mil familias que demandarán una vivienda al año 2035. En total, se requerirán alrededor de 90 mil viviendas en la próxima década, unas 9 mil por año aproximadamente en la región. En la Provincia de Osorno, la Casen 2022 identificó cerca de 13 mil requerimientos habitacionales. Aunque entre 2017 y 2022 en Osorno disminuyeron los requerimientos por hacinamiento y viviendas irrecuperables, aumentaron de forma significativa los de allegados por incapacidad financiera. Esto demuestra que hay una generación que perdió el acceso al “sueño de la casa propia”, fenómeno que hoy es transversal a casi todos los sectores sociales. Para agregar más pelos a la sopa, un estudio de 2024 de la Universidad San Sebastián y la inmobiliaria Tinsa reveló que en ciudades como Osorno, Puerto Montt y Puerto Varas el acceso a la vivienda es incluso más difícil que en Santiago. Las causas son múltiples: encarecimiento de la construcción, aumento en las tasas de los créditos, desempleo y, por sobre todo, escasez de suelo, lo que encarece la oferta.
Enfrentar esta crisis requiere gestión y decisión política. Si bien la permisología sobreideologizada también juega un rol en ralentizar y encarecer la construcción, hay mucho que sí se encuentra al alcance del Poder Ejecutivo, más allá del apoyo del Congreso. Parte importante de las normativas ambientales en Chile son razonables; el problema está la falta de certeza que supone su aplicación y en los plazos. El Ministerio del Medio Ambiente tendrá un rol clave en acelerar procesos sin retroceder en estándares, mientras que el Ministerio de Vivienda en liderar una estrategia que aumente la oferta de suelo y viviendas disponibles.
La vivienda es una de las principales prioridades de este Gobierno de Emergencia. La sostenibilidad y cuidado del patrimonio natural representan valores que hoy sí son importantes, pero dicha “sostenibilidad solo se sostiene” si el ser humano está en el centro del debate. Un modelo de desarrollo que permita una convivencia sostenible debe permitir que nuestros compatriotas recuperen el “sueño de la casa propia” (¡y también en nuestra región!). La tarea urgente es alivianar la incertidumbre a la construcción y generar oferta de suelo para que la mayor cantidad de personas puedan alcanzar la vivienda a través de sus propios medios. Solo así el Estado podrá recuperar su capacidad de priorizar para dirigir los recursos a quienes más lo necesitan, volviendo a poner el foco en superar los campamentos y en entregar una solución a las familias que esperan incansablemente en los comités, porque verdaderamente no pueden resolver el problema de otro modo.
Fuente: m.domeykop@gmail.com
