Osorno vs ANFP: TDLC oficializa proceso por libre competencia en Diario Oficial
El conflicto que enfrenta a la Segunda División Profesional contra la rectoría del fútbol chileno ha escalado al máximo nivel jurídico-administrativo. Este 29 de enero, la disputa por las barreras económicas en el mercado de fichajes quedó solemnizada públicamente con la aparición en el Diario Oficial de un extracto emanado directamente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
En una maniobra que ratifica la seriedad de la ofensiva legal liderada por Deportes Provincial Osorno y su presidente Jorge Vidal Fuentes, el Diario Oficial ha publicado el extracto de la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Este hito administrativo marca un punto de inflexión en la denuncia que el club sureño sostiene contra la ANFP, acusando que el sistema de cobros por derechos de formación actúa como un "cartel" que impide la libre competencia y vulnera el derecho constitucional al trabajo. La acción, informada preliminarmente por este medio el pasado 2 de enero, adquiere ahora un estatus procesal público y notorio.
Bajo esta premisa, el litigio se centra en cuestionar la legalidad del artículo 44 del Reglamento de Fútbol Joven. Los "Toros" argumentan ante el organismo antimonopolio que la imposición de una tarifa plana de USD 30.000 por año de formación para jugadores sub-23 —sin distinguir la categoría o capacidad del club pagador— constituye una barrera de entrada artificial. A juicio del denunciante, esta cifra distorsiona el mercado al ser hasta 12 veces superior a los USD 2.500 que la propia FIFA sugiere como estándar internacional para clubes de menor inversión (Categoría IV).
En este sentido, la publicación del extracto del TDLC pone de relieve los efectos nocivos descritos por Osorno: un mercado donde los clubes grandes acaparan talento que luego no utilizan, mientras que los equipos de Segunda División Profesional se ven imposibilitados de rescatar a esos jugadores por los costos de indemnización. A lo anterior se suma la denuncia de una "precarización laboral estructural", que fuerza a futbolistas aptos para el profesionalismo a migrar a la Tercera División (ANFA), perdiendo su protección previsional y contractual.
Finalmente, la intervención del TDLC y su publicación oficial abren la puerta para revisar si mecanismos como la pérdida de puntos por deudas (artículo 42.4 de los Estatutos de la ANFP) están siendo utilizados como herramientas de presión anticompetitiva. Con antecedentes comparativos de Argentina, Perú y Ecuador ya en el expediente, la justicia de libre competencia deberá determinar si la normativa chilena se alinea con los estándares de CONMEBOL o si, como sostiene Osorno, perpetúa un modelo excluyente.
Fuente: Diario Oficial / Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)
En una maniobra que ratifica la seriedad de la ofensiva legal liderada por Deportes Provincial Osorno y su presidente Jorge Vidal Fuentes, el Diario Oficial ha publicado el extracto de la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Este hito administrativo marca un punto de inflexión en la denuncia que el club sureño sostiene contra la ANFP, acusando que el sistema de cobros por derechos de formación actúa como un "cartel" que impide la libre competencia y vulnera el derecho constitucional al trabajo. La acción, informada preliminarmente por este medio el pasado 2 de enero, adquiere ahora un estatus procesal público y notorio.
Bajo esta premisa, el litigio se centra en cuestionar la legalidad del artículo 44 del Reglamento de Fútbol Joven. Los "Toros" argumentan ante el organismo antimonopolio que la imposición de una tarifa plana de USD 30.000 por año de formación para jugadores sub-23 —sin distinguir la categoría o capacidad del club pagador— constituye una barrera de entrada artificial. A juicio del denunciante, esta cifra distorsiona el mercado al ser hasta 12 veces superior a los USD 2.500 que la propia FIFA sugiere como estándar internacional para clubes de menor inversión (Categoría IV).
En este sentido, la publicación del extracto del TDLC pone de relieve los efectos nocivos descritos por Osorno: un mercado donde los clubes grandes acaparan talento que luego no utilizan, mientras que los equipos de Segunda División Profesional se ven imposibilitados de rescatar a esos jugadores por los costos de indemnización. A lo anterior se suma la denuncia de una "precarización laboral estructural", que fuerza a futbolistas aptos para el profesionalismo a migrar a la Tercera División (ANFA), perdiendo su protección previsional y contractual.
Finalmente, la intervención del TDLC y su publicación oficial abren la puerta para revisar si mecanismos como la pérdida de puntos por deudas (artículo 42.4 de los Estatutos de la ANFP) están siendo utilizados como herramientas de presión anticompetitiva. Con antecedentes comparativos de Argentina, Perú y Ecuador ya en el expediente, la justicia de libre competencia deberá determinar si la normativa chilena se alinea con los estándares de CONMEBOL o si, como sostiene Osorno, perpetúa un modelo excluyente.
Fuente: Diario Oficial / Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)
